Presentación La solución política como parte de nuestra historia

Tesis 1: Una historia de guerra y búsquedas de solución política

Tesis 2: El convencimiento mutuo de la necesidad de la solución política

II. La Agenda de la Mesa de Conversaciones de La Habana

Tesis 3: Agenda de condiciones mínimas para un acuerdo

Tesis 4: Superación de causas principales de origen y persistencia del conflicto

Tesis 5: Condiciones específicas para la terminación de la confrontación armada.

III. Los alcances del Acuerdo Final de La Habana

Tesis 6: El Acuerdo Final como momento de inflexión histórica

Tesis 7: El Acuerdo Final como acuerdo de solución política

Tesis 8: El Acuerdo Final y la validez del alzamiento armado

Tesis 9: Sobre el capítulo de apertura democrática para la paz

Tesis 10: Sobre el capítulo de reforma rural integral

Tesis 11: Sobre el capítulo de solución al problema de las drogas ilícitas

Tesis 12: Sobre el capítulo de víctimas del conflicto

Tesis 13: Sobre el componente de la Jurisdicción Especial para la Paz

Tesis 14: Sobre el capítulo del “Fin del conflicto”

Tesis 15: Sobre el componente de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil

Tesis 16: Sobre el componente de dejación de armas

Tesis 17: Sobre el capítulo de implementación

 Tesis 18: Sobre el capítulo de verificación

Tesis 19: Sobre el enfoque diferencial y de género y la consideración de los pueblos étnicos

Tesis 20: Acuerdo Final, solución jurídica y proceso constituyente

Tesis 21: Sobre la refrendación del Acuerdo final

Tesis 22: Hacia una gran transformación cultural

IV. La perspectiva política inmediata

Tesis 23: La importancia del plebiscito

Tesis 24: Los primeros seis meses de la implementación

V. El tránsito de las FARC-EP hacia organización política legal

 Tesis 25: La continuidad de la lucha a través de la acción política legal

Tesis 26: La batalla por la implementación del Acuerdo Final

Tesis 27: La batalla por el quiebre de la hegemonía política y cultural

Tesis 28: La batalla por la unidad del campo popular

Tesis 29: La vigencia de un proceso constituyente abierto

Tesis 30: Sobre el mandato de la X Conferencia

Introducción

Llegamos a esta X Conferencia de las FARC-EP con un parte de victoria para el pueblo colombiano y para nuestra guerrilla. Se ha suscrito el pasado 24 de agosto el “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Hoy le podemos decir a Manuel, a Jacobo, a Alfonso, al Mono, a Raúl, a Iván, a miles de nuestros mártires, hombres y mujeres y a nuestra guerrillerada, que hemos cumplido.

Hemos puesto en manos de las gentes del común, de los humildes y desposeídos, hombres y mujeres, un acuerdo que visto de conjunto sienta las bases para avanzar hacia las transformaciones que siempre hemos deseado a fin de garantizar el bienestar y el buen vivir. Con base en el reconocimiento por  parte del régimen que hemos combatido, de nuestro alzamiento armado, de nuestra condición de organización político-militar y del derecho a la rebelión que le asiste a los pueblos, se ha alcanzado un cierre digno de nuestra experiencia de rebelión armada, que inaugura una nueva etapa histórica para la sociedad colombiana y para nosotros, a fin de dar continuidad a nuestra lucha y a nuestras aspiraciones por la vía exclusivamente política, en el contexto del inicio del difícil proceso de construcción conflictiva de una paz estable y duradera.

Construir el Acuerdo Final no ha sido una tarea fácil. Ello ha sido posible gracias a la fuerza que nos han dado las armas, a nuestra cohesión, unidad e identidad, al incansable y paciente trabajo de nuestra Delegación en La Habana, a la acertada conducción de nuestro Estado Mayor Central y de nuestro Secretariado. Todo ello permitió sortear condiciones y momentos difíciles, antes del inicio de las negociaciones y durante ellas. Ha sido posible gracias a nuestro pueblo, a las más diversas organizaciones sociales y populares, políticas, sociales y culturales, obreras, campesinas, indígenas y afro descendientes, estudiantiles y de mujeres, de intelectuales y sectores de las capas medias, de la población LGTBI, de artistas y trabajadores del arte y la cultura, de mujeres y hombres, todas ellas y ellos, que supieron comprender el momento histórico y el significado de un acuerdo de paz en las circunstancias actuales.

Ello ha sido posible gracias al muy importante acompañamiento internacional de los países garantes, Cuba y Noruega, y acompañantes, Venezuela y Chile, y de un sinnúmero de gobiernos e instituciones y pueblos del mundo entero, que vieron con simpatía y creyeron con firmeza en la posibilidad de un acuerdo de paz en Colombia.

 

Ello ha sido posible también, debemos reconocerlo, por la voluntad y decisión política del Gobierno de Juan Manuel Santos de buscar una salida política, en medio de nuestras profundas e insuperables diferencias, y así los propósitos que nos guíen sean opuestos. Asimismo, por la disposición de sectores del empresariado y de los poderes económicos y políticos que han gobernado el país a lo largo de su vida republicana. Y desde luego, por el rol de los Estados Unidos, partícipe directo a lo largo de la historia del conflicto.

Esta X Conferencia se reúne con dos objetivos fundamentales:

1.- Analizar y refrendar el Acuerdo Final que hemos suscrito, a fin de que éste adquiera carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento para nuestra guerrilla;

2.- Producir las disposiciones políticas y organizativas para iniciar el tránsito hacia un partido o movimiento político, dentro de las cuales se encuentra la convocatoria del Congreso constitutivo que deberá definir el Programa, el Estatuto y la Dirección Política.

I. La solución política como parte de nuestra historia

Tesis 1: Una historia de guerra y búsquedas de solución política. El Acuerdo Final que hemos suscrito con el Gobierno Nacional se inscribe dentro de nuestros propósitos históricos de lograr una paz dialogada que siente las bases para emprender los cambios que reclaman las grandes mayorías. Contra nosotros se emprendieron seis guerras que no lograron destruirnos: una a partir de 1948; otra a partir de 1954; otra a partir de 1962; otra a partir del 18 de mayo de 1964 cuando los Altos Mandos declaran oficialmente que ese día empezaba la “Operación Marquetalia”; otra que enfrentamos a partir del 9 de diciembre de 1990 cuando se inició la operación de exterminio contra el Secretariado en Casa Verde y se emprendió la “guerra integral” bajo el gobierno de Gaviria; y la más reciente, iniciada en 2002, con la implementación a fondo del “Plan Colombia” durante los gobiernos de Pastrana y Uribe. La guerra no fue para nosotros un fin en sí mismo. Al tiempo que fue una guerra de resistencia social y popular, también asumió los rasgos de una guerra ofensiva basada en planes político-militares para la toma del poder a fin de propiciar las condiciones para las transformaciones que a nuestro juicio demanda la sociedad colombiana. Siempre estuvimos empeñados en diferentes momentos de nuestra historia en la búsqueda de una solución política. Por eso iniciamos procesos de diálogos en La Uribe en 1984; luego en Tlaxcala en 1992; posteriormente en El Caguán a partir de enero de 1999; y, más recientemente, en La Habana desde noviembre de 2012, tras la firma del “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” el 26 de agosto de ese mismo año. Con la suscripción del Acuerdo Final el pasado 24 de agosto se cierra para nosotros de manera exitosa un largo ciclo de guerra que no deseamos.

Tesis 2: El convencimiento mutuo de la necesidad de la solución política. Si la guerra se prolongó hasta convertirse en la más larga del hemisferio occidental no fue por decisión unilateral nuestra. En las clases dominantes siempre estuvo presente la pretensión de obtener una victoria militar para lograr nuestro sometimiento y rendición. También de nuestra parte, valoramos la posibilidad de lograr nuestros objetivos por la vía del alzamiento armado. No obstante, el desenvolvimiento de la confrontación armada, la configuración específica del balance político-militar de la guerra, así como la consideración del contexto político y económico nacional e internacional, llevaron al gobierno actual y a nosotros mismos al convencimiento de que darle continuidad a la confrontación llevaría a una prolongación indefinida del conflicto, extendiendo de manera innecesaria el dolor y la victimización que es propia del accionar bélico, sin que se avizorara una definición definitiva a favor de alguna de las partes. Sobre la aceptación de esa realidad, pero también con fundamento en la voluntad y la decisión política, se abrió paso la posibilidad de avanzar hacia la búsqueda de una solución que -basada en el reconocimiento mutuo de las partes- propiciara las condiciones de una salida política dialogada. De esa manera, se entró en el campo de la transacción, el cual tiene como supuesto, si se pretende llegar a un acuerdo, la disposición mutua de conceder. Una primera expresión de ello, fue la definición de la Agenda La Habana. Y, más recientemente, el Acuerdo Final, objeto de análisis y refrendación por parte de esta Conferencia.

II. La Agenda de la Mesa de Conversaciones de La Habana

Tesis 3: Agenda de condiciones mínimas para un acuerdo. Luego de intensos intercambios, no exentos de dificultades, y como resultado del encuentro exploratorio que tuvo como sede La Habana, Cuba, entre el 23 de febrero y el 26 de agosto de 2012, convinimos con el Gobierno de Juan Manuel Santos el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, en el que se definió la Agenda de diálogos y discusiones, y se estableció que, tras la instalación pública en Oslo, Noruega, la Mesa de conversaciones directas e ininterrumpidas se adelantaría en La Habana. Para nosotros, la Agenda convenida respondía a las condiciones mínimas, bajo las cuales estaríamos dispuestos a dar por terminado nuestro alzamiento armado contra el Estado y el orden social capitalista vigente, sin renunciar a nuestros propósitos estratégicos por las transformaciones estructurales que requiere la sociedad colombiana para superar la dominación impuesta por las clases más pudientes, la ausencia de democracia real y verdadera, la miseria y la explotación derivada del modelo económico, y la dependencia frente al imperialismo y las transnacionales y sus diversas formas de intervención en la vida nacional.

 

Tesis 4: Superación de causas principales de origen y persistencia del conflicto. La Agenda de conversaciones contenía cuatro puntos que a nuestro juicio estaban orientados a generar condiciones para la superación de causas principales de origen y persistencia del conflicto social y armado y sus impactos sobre la sociedad en su conjunto. De su lectura, se infiere una línea de continuidad respecto de lo señalado en el “Programa agrario de los guerrilleros”, proclamado el 20 de julio de 1964, luego corregido y ampliado por la Octava Conferencia de abril de 1992, y desarrollado a través de múltiples documentos de nuestras conferencias guerrilleras. En efecto, teniendo en cuenta los cambios ocurridos durante las últimas décadas en la formación económico social capitalista que impera en el país, en la Agenda de conversaciones quedó consignada la necesidad de acordar un conjunto de reformas orientadas a:

a) La solución integral de la problemática agraria (en cuyo eje se encuentra la irresuelta cuestión de la tierra y el territorio) en favor del campesinado y las comunidades campesinas y considerando los intereses de los pueblos indígenas y de los afrodescendientes.

b) La superación del régimen antidemocrático y excluyente que ha impedido el libre ejercicio de la acción política por parte de los débiles y desposeídos;

c) El tratamiento integral y diferenciado al problema de las drogas ilícitas, con énfasis en los cultivos de uso ilícito y un enfoque de salud pública del consumo.

d) Al reconocimiento y la materialización integral de los derechos de las víctimas del conflicto, fundamentalmente de pobladores humildes a lo largo y ancho del territorio nacional.

Tesis 5: Condiciones específicas para la terminación de la confrontación armada. Junto con lo anterior, la Agenda de conversaciones comprendió las condiciones específicas para una terminación de la confrontación armada basada en el reconocimiento y el compromiso mutuo y la dignidad para las partes involucradas de manera directa en la contienda militar. En ese sentido, se contempló convenir:

a) El cese bilateral definitivo de fuegos y de hostilidades; b) Las propiedades del proceso de dejación de armas, y de la normalización guerrillera en lo político, lo económico y lo social, de acuerdo con nuestros intereses, c)El desmonte de estructuras y modalidades de contrainsurgencia, especialmente paramilitar, incluida la lucha contra la corrupción; d) Las garantías de seguridad integral para nuestro tránsito hacia organización política legal.

La Agenda de Conversaciones consideró, además, convenir los mecanismos, medidas y acciones necesarias para la implementación, la verificación y la refrendación de los acuerdos, en el entendido de que con la firma de un Acuerdo final se daría inicio a lo más complejo de toda negociación: el cumplimiento de lo pactado, es decir, la garantía efectiva, real y material, para el desistimiento del alzamiento armado.

III. Los alcances del Acuerdo Final de La Habana

Tesis 6: El Acuerdo Final como momento de inflexión histórica. El análisis de conjunto del “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” permite afirmar que se está frente al hecho político más importante de la historia de las últimas décadas de nuestro país, básicamente por las siguientes razones: Primera, porque representa la derrota de los sectores de las clases dominantes y de intereses foráneos interesados en la solución militar y prolongación indefinida de la guerra, en cuanto hicieron de ella un instrumento esencial para preservar su dominación política y sociocultural y obtener jugosos y lucrativos dividendos; Segunda, porque crea las condiciones para dar por terminados el sufrimiento y la victimización que ocasiona la guerra, lo cual ha afectado de manera principal a las gentes del común, a millones de colombianos y colombianas humildes, especialmente en el campo; Tercera, porque establece un conjunto de posibilidades reales para emprender un ciclo de reformas tendientes a la democratización política, económica, social y cultural del país, en la medida en que se logre desatar la potencia transformadora contenida en los acuerdos. En ese sentido, es el más significativo aporte para transformar la vida de la generación presente y sobre todo de las generaciones futuras de nuestro país; Cuarta, porque contribuye a los propósitos declarados de los pueblos de Nuestra América de hacer de nuestra Región una zona de paz, en la cual desaparezca por siempre toda amenaza de intervención militar imperialista.

Tras semejante hecho político se encuentra algo aún más hondo: la posibilidad real de una inflexión política para inaugurar una nueva etapa histórica: la construcción conflictiva de una paz estable y duradera. Y con ello, la producción colectiva de una gran transformación cultural en la sociedad colombiana, sobre presupuestos de democracia real y avanzada.

Tesis 7: El Acuerdo Final como acuerdo de solución política. El Acuerdo Final es una expresión de la correlación social de fuerzas y del propio balance político-militar e histórico concreto de la guerra; es un acuerdo de solución política que implica el reconocimiento de las partes comprometidas directamente en la contienda militar de que las armas y el poder de fuego de ninguna de ellas logró vencer a su adversario o enemigo declarado. En ese sentido, es el reconocimiento de la continuidad de lucha a través de medios exclusivamente políticos. No representa la materialización de nuestras aspiraciones estratégicas como fuerza revolucionaria; tampoco es la claudicación de nuestra fuerza político-militar guerrillera. No es ni la revolución por decreto, ni tampoco la rendición. Con el Acuerdo Final no asistimos al fin del conflicto que es inherente al orden social capitalista, sino a la continuidad de la lucha social y de clases, y a la terminación de la expresión armada del conflicto en el caso de las FARC-EP, que con el tránsito a organización política legal proseguirán su brega por las transformaciones estructurales hacia un nuevo orden social de democracia verdadera y justicia social.

Tesis 8: El Acuerdo Final y la validez del alzamiento armado. El Acuerdo Final es una demostración de la validez de nuestro alzamiento armado por 52 años. Gracias a él ha sido posible dejar sentadas las bases para abrir un campo de reformas que en otras condiciones difícilmente se hubiera podido alcanzar, dadas las características de la organización del poder y la dominación en nuestro país. En ese sentido, el Acuerdo Final es nuestro aporte a las múltiples luchas sociales y populares en campos y ciudades, que en medio de las más difíciles condiciones han enfrentado y continúan enfrentando las políticas estatales concebidas e implementadas para favorecer a los poderosos.

Somos conscientes de que de la misma forma como el Acuerdo Final contiene una indiscutible potencia transformada para adelantar cambios políticos y sociales a favor de las grandes mayorías, también representa una opción de remozamiento del régimen de dominación de clase y una posibilidad de absorción sistémica de la rebelión, si los cambios no se logran sacar adelante.

Así es que el Acuerdo Final y sobre todo su implementación representan un campo abierto de lucha que contiene la opción del cambio y la transformación, pero también la posibilidad de la preservación renovada del Establecimiento. La tarea histórica que se nos viene encima es hacer germinar la semilla del Acuerdo Final para continuar avanzando hacia el logro de nuestras mayores aspiraciones estratégicas.

Tesis 9: Sobre el capítulo de apertura democrática para la paz. En el componente del Acuerdo Final que corresponde a la “Participación política: apertura democrática paz la paz” se convino un conjunto de políticas, medidas y acciones orientadas a romper las configuraciones excluyentes, corruptas y antidemocráticas del régimen político y, en particular, del sistema político y de representación. Algunas de ellas previstas en la Constitución de 1991, pero no desarrolladas ni implementadas por la persistencia de estructuras de dominación política y cultural que han logrado imponer y reproducir un régimen de “democracia gobernable” con fachada electoral, pero sin garantías reales para el ejercicio de la oposición política y social, la movilización y la protesta social, y la participación social y ciudadana. El Acuerdo Final sienta las bases para emprender un proceso de democratización política sobre dos presupuestos básicos: a) un entendimiento amplio de la política y de la contienda política y b) la fijación de nuevas reglas y procedimientos para la participación política, considerando de manera particular el proceso electoral.

En efecto, se convino un amplio régimen de garantías para el ejercicio de la oposición política que comprende el estatuto de la oposición política y garantías integrales de seguridad para el ejercicio de la política. Asimismo, la ampliación del concepto de la participación ciudadana abarcando garantías para los movimientos y las organizaciones sociales, la movilización y la protesta social, la reconciliación y la convivencia, el acceso a medios de comunicación, el control y la veeduría ciudadana, el fortalecimiento de la planeación democrática y participativa, entre otros. Por otra parte, las reformas acordadas en materia de participación política, además de promover el pluralismo político y la representatividad del sistema de partidos, apuntan a estimular la participación y la transparencia electoral y tienen como supuesto la transformación estructural del régimen y la organización electoral, así como la promoción de una cultura política democrática y participativa. Y de manera particular, la promoción de la representación política y ciudadana de la mujer, y de los territorios afectados por el conflicto y el abandono estatal, como se expresa en las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz acordadas.

Con el acuerdo sobre participación política se reconoce que la contienda política se extiende a otros campos de la vida social, distintos a aquellos que la limitan a la competencia electoral; se fortalecen las bases de una contienda política efectivamente democrática, con garantías para quienes intervienen en ella; y se dejan mojones para trascender la organización democrático liberal.

Con este componente del Acuerdo Final queda trazado un marco jurídico-político de compromiso para transitar hacia la democracia verdadera y avanzada en nuestro país. Con ello, las FARC-EP aportamos a los esfuerzos de partidos y fuerzas políticas, así como de movimientos políticos y sociales progresistas, democráticos y de izquierda, movidos por ese propósito.

Tesis 10: Sobre el capítulo de reforma rural integral. Lo acordado sobre Reforma Rural Integral está concebido esencialmente para mejorar las condiciones de vida y de trabajo del campesinado en general, y sobre todo del campesinado pobre y desposeído, así como de las comunidades campesinas, atendiendo los intereses de los pueblos indígenas y las comunidades afro descendientes. Sin haber logrado los propósitos de una reforma revolucionaria agraria integral, que supere la escandalosa concentración de la propiedad sobre la tierra y el modelo imperante de los grandes agro negocios, se convino la realización de un catastro rural durante los próximos siete años, que será una herramienta de suma importancia no sólo para aclarar las relaciones de propiedad ensombrecidas por la guerra y el despojo violento, sino para una más precisa definición de los usos de la tierra, para el castigo al uso improductivo con impuestos, especialmente al latifundio ganadero, y para el cierre de la frontera agrícola. Asimismo, se dio un paso importante para el fortalecimiento de la propiedad campesina a través de dos vías, que comprometen en un inicio 10 millones de hectáreas con la creación de un fondo de tierras de 3 millones de hectáreas para los campesinos sin tierra o con insuficiente tierra y la formalización de la propiedad de 7 millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad y de Zonas de Reserva Campesina. Sobre esa nueva relación de propiedad, se edifican propósitos mayores en dirección a un nuevo ordenamiento territorial, hacia el fortalecimiento de la producción de alimentos y la superación de la pobreza y la desigualdad, aspectos de nuestro máximo interés político. En efecto, el Acuerdo Final contempla la elaboración e implementación de planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) con una amplia participación de las comunidades en zonas priorizadas del territorio nacional, así como de planes nacionales para la reforma rural integral. De esa manera, se logró trascender un enfoque exclusivo de propiedad sobre la tierra, para agregar a éste una visión integral que además de incorporar una concepción del territorio a construir y fortalecer “desde abajo”, contempla medidas y acciones sobre financiación y crédito, subsidios, vías, riego, infraestructura eléctrica y de conectividad, mercadeo, así como componentes sociales referidos a educación, salud, educación rural, vivienda y agua potable, formalización laboral y protección social y al derecho a la alimentación. Con el acuerdo agrario, quedan en manos de los campesinos y de las comunidades campesinas, de los pueblos indígenas y de nuestros afrodescendientes, que siempre hicieron parte de nuestras preocupaciones durante las conversaciones, invaluables herramientas para su bienestar y buen vivir. La vida en el campo será otra. No sólo por la terminación de la confrontación armada, sino por el marco y los referentes de reformas de obligada implementación, que se agregan a las aspiraciones y plataformas del movimiento campesino, indígena y afrodescendiente. Queda siembra para la verdadera reforma rural y agraria integral a la que hemos aspirado históricamente y para un ordenamiento democrático, participativo y sostenible socio- ambientalmente del territorio. A ello se opondrá, desde luego la dimensión estructural vigente de la relación de propiedad basada en la concentración y el modelo económico de extracción minero-energética y de agro negocios. No habrá fin del conflicto agrario. A los conflictos socio-territoriales ya existentes, se le agregarán las luchas por la implementación de lo acordado en esta materia.

Tesis 11: Sobre el capítulo de solución al problema de las drogas ilícitas. Un logro significativo del Acuerdo Final consiste en haber superado la visión punitiva y penalista que ha imperado en las políticas estatales frente al problema de las drogas ilícitas en el contexto de la mal llamada guerra contra las drogas, y que se ha concentrado en los eslabones más débiles de ese negocio corporativo transnacional: los cultivadores de coca, amapola y marihuana y los consumidores urbanos. En su lugar, se logró imponer un entendimiento del problema desde su naturaleza esencialmente social y de pobreza, en cuanto a los cultivadores se refiere; y de salud pública, cuando de los consumidores se trata. En el Acuerdo Final se convino la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito mediante la elaboración e implementación de planes integrales de desarrollo concertados con las comunidades y con garantía de participación directa por parte de ellas, articulados en bajo un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que es concebido como parte de la Reforma Rural Integral. Los planes integrales de desarrollo apuntan a enfrentar la problemática económica y social de las comunidades de cultivadores, a propiciar garantías para su bienestar y buen vivir, incluida la sostenibilidad y la recuperación ambiental, así como a reformular el tratamiento penal y de criminalización, deshaciendo de facto la política antidrogas vigente y superando en forma significativa uno de los argumentos para el intervencionismo imperialista. El Acuerdo Final introdujo, por otra parte, un concepto de prevención del consumo y de salud pública en la atención a los consumidores de drogas, distanciándose de los enfoques de mera penalización.

Con base en el reconocimiento de que la producción y comercialización de narcóticos es un fenómeno transnacional, se convinieron múltiples compromisos para combatirlas, que evidencian que los eslabones de las ganancias espectaculares en esa cadena de valor no son precisamente los de los cultivadores, sino que se encuentran en los proveedores industriales de insumos, los grandes comercializadores y distribuidores, el lavado de activos y, en consecuencia, en los circuitos legales de la economía, principalmente en el negocio financiero. El Acuerdo Final puso de presente la falacia acerca de las FARC-EP como un cartel del narcotráfico y evidenció que las intervenciones regulatorias puntuales de nuestra parte en esa cadena de valor, especialmente a través de la tributación, lo han sido para la financiación de la rebelión y no para desarrollar una industria criminal con fines de enriquecimiento de sus integrantes.

Tesis 12: Sobre el capítulo de víctimas del conflicto. El capítulo del Acuerdo Final sobre “Víctimas del conflicto” se sustenta en el diseño y formulación del “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”, con el cual –de manera novedosa respecto de otras experiencias nacionales e internacionales- se ponen en el centro de las preocupaciones la víctimas del conflicto y los procesos de victimización ocurridos a lo largo de décadas de confrontación armada, sobre la base del reconocimiento de múltiples responsabilidades, contemplando las inherentes al orden social vigente y las imputables al Estado y sus agentes, a las estructuras de contrainsurgencia, especialmente paramilitar, promovidas por éstos y por organizaciones civiles y por poderes económicos y gobiernos extranjeros, así como las que le corresponden a nuestro ejército guerrillero en ejercicio del derecho a la rebelión. Todo ello, con estricta atención a las normas y los estándares vigentes del Derecho Internacional de los derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Particular atención merece en ese contexto, el aporte del Acuerdo Final al esclarecimiento de la verdad histórica con el “Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas” y con el mandato de la “Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición”.

De esa forma, la historia del conflicto tendrá la garantía de no ser una historia oficial, sino de ofrecer una visión integral y plural, a la que se suman las numerosas investigaciones académicas y de organizaciones y movimientos políticos y sociales. Sobre el entendido que la principal exigencia de las víctimas del conflicto es la de la verdad (incluida la situación de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto), el Sistema integral acordado descansa, primero, sobre un concepto de integralidad de la reparación, en el que junto con las reparaciones individuales se hace énfasis en las reparaciones colectivas, superando disposiciones legales vigentes; segundo, en el diseño y puesta en marcha de un sistema de justicia para enfrentar la impunidad, denominado Jurisdicción especial para la paz; y tercero, en un conjunto de políticas, medidas y acciones para la no repetición, dentro de las cuales se encuentra la propia implementación y el cumplimiento de todo lo acordado. Uniéndose a todo ello, el compromiso de promoción, respeto y garantía de los derechos humanos, definidos en su integralidad e inescindibilidad. El Acuerdo Final demuestra el indeclinable compromiso de las FARC-EP con las víctimas del conflicto y constituye una herramienta del mayor significado para el movimiento de víctimas en el largo trasegar por el reconocimiento de sus derechos. El Acuerdo es demostrativo además de nuestra determinación de asumir las responsabilidades que nos corresponden.

Tesis 13: Sobre el componente de la Jurisdicción Especial para la Paz. El componente del Acuerdo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz representa el diseño y la puesta en marcha de un sistema de justicia que atendiendo de manera estricta estándares internacionales está concebido para “satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer la verdad a la sociedad colombiana, proteger los derechos de las víctimas, contribuir al logro de una paz estable y duradera, y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto, respecto a hechos cometidos en el marco del mismo y durante éste que supongan graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario y graves violaciones de los Derechos Humanos” (AF, p. 130). En ese sentido, la JEP no es un acuerdo de impunidad; tampoco un acuerdo para el juzgamiento de la rebelión de las FARC-EP o de nuestra comandancia. No es un sistema de sometimiento a la justicia estatal vigente en la que ha primado el enfoque del derecho penal del enemigo, sino una solución creativa que garantiza la imparcialidad debida y requerida en un acuerdo de paz. Sobre la base del acuerdo del indulto y la más amplia amnistía posible como está previsto en la normatividad internacional, nos hemos comprometido a acudir a la JEP a ofrecer nuestra verdad sobre los hechos del conflicto de los que ella se ocupa, a asumir las responsabilidades en lo que nos corresponda, y a aceptar las sanciones que ella imponga, si a ello hubiere lugar. De la misma manera, esperamos que acudan y se pongan a disposición de la JEP todos quienes, de manera directa o indirecta, sean civiles o militares, han intervenido en el conflicto.

Sólo así será posible superar la impunidad, hacer efectivo el derecho de las víctimas a la verdad y garantizar un genuino ejercicio de justicia. Con la JEP convenida en el Acuerdo Final queda en manos de las víctimas del conflicto y de la sociedad colombiana en general un instrumento fundamental para la construcción de una paz estable y duradera.

Tesis 14: Sobre el capítulo del “Fin del conflicto”. El capítulo sobre el “Fin del Conflicto” fue concebido bajo la premisa de que se trata de un proceso integral y simultáneo, contentivo de condiciones de aprestamiento y de contexto, así como de condiciones específicas para garantizar el tránsito a la vida civil.

En cuanto a las primeras, nuestra decisión unilateral de cese indefinido de fuegos fue fundamental para mostrar la inutilidad del enfoque impuesto por el Gobierno de negociar en medio del conflicto, presionar el des escalamiento de la confrontación militar y, junto con otras medidas y acciones bilaterales, preparar el terreno para el acuerdo de cese bilateral definitivo de fuegos y hostilidades, suscrito el 23 de junio de este año. Y sobre esa base, pero en conexión con otros aspectos de lo acordado, convenir la dejación de armas como un proceso con componentes políticos y técnico-militares, diseñados de manera en extremo cuidadosa. En igual sentido, debe considerarse el acuerdo sobre el combate y desmonte a estructuras de contrainsurgencia, especialmente de carácter paramilitar. No hay posibilidad de paz estable y duradera si persiste y continúa reproduciendo el paramilitarismo, así éste se encubra con nuevas denominaciones.

Por ello, debe destacarse que el Acuerdo final en esta materia se sustenta en la promoción de un pacto político nacional para la superación de la utilización de las armas en la política y para que no se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo. En particular existe el compromiso del Gobierno de incorporar en la Constitución “la prohibición de la promoción, organización financiación o empleo oficial y/o privado de estructuras o prácticas paramilitares, y a desarrollar las normas necesarias para su aplicación, que incluirán una política de persecución penal, sanciones administrativas y disciplinarias.

 

Además, se contemplarán medidas de sometimiento a la justicia” (AF, p. 72). En este aspecto, el Acuerdo Final abunda en múltiples previsiones, políticas, acciones y medidas y diseños institucionales, que nos permiten afirmar que quedan sentadas las bases para hacer posible superación definitiva de la doctrina y las prácticas de contrainsurgencia, especialmente de carácter paramilitar, así el Gobierno se haya rehusado a una modificación explícita de la política de “seguridad nacional” y se haya resistido al reconocimiento de la persistencia del paramilitarismo. Con la terminación del conflicto armado con las FARC-EP no queda justificación ética y política alguna para darle continuidad a una política que sólo ha producido sangre y victimización de los humildes del país. De hecho, ya se viene anunciando la puesta en marcha de un cambio en la doctrina militar, lo cual debe ser interpretado como una consecuencia directa de las conversaciones. A lo anterior, se agregan los compromisos de garantías de seguridad para nuestro partido o movimiento político, sus integrantes y sus familias, mediante un sistema de protección integral, una vez se haya producido nuestro tránsito a la vida civil. En dicho programa, por cierto, participará un contingente importante de nuestros integrantes. Por otra parte, las condiciones específicas para el “Fin del conflicto” se refieren al acuerdo sobre el proceso de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil.

Tesis 15: Sobre el componente de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil. Hemos hecho valer la letra de la Agenda cuando estableció que la reincorporación a la vida civil en lo político, lo económico y lo social, es de acuerdo con nuestros intereses. El Acuerdo Final en esta materia se distingue de los procesos de reinserción guerrillera del pasado y de la estrategia contrainsurgente de la desmovilización, desarme y reinserción, conocida como DDR, que responde a una concepción de sometimiento. Por esa misma razón, la institucionalidad de la reincorporación no nos vincula con ninguna agencia estatal; será bipartita y por cuenta del Consejo Nacional de la Reincorporación.

El proceso de reincorporación tiene como fundamento, nuestra voluntad y decisión política de darle continuidad a la lucha por nuestras aspiraciones históricas bajo las condiciones generadas por el cumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno, particularmente en lo referido a las reformas para la apertura democrática, al desmonte del paramilitarismo y a las garantías de seguridad, más también las convenidas de manera específica para nuestra organización y sus integrantes. Hemos convenido en ese aspecto, que nuestra reincorporación es la de una comunidad de alzados en armas, hombres y mujeres, y a la vez de individuos, con sus propias aspiraciones. Por tal razón, el proceso de reincorporación contempla, por una parte, nuestro tránsito a partido o movimiento político legal, bajo normas y reglas excepcionales, y la conformación de una organización de economía social que hemos denominado de Economías sociales del común – ECOMÚN. Y por la otra, un sistema de prestaciones económicas y sociales individuales, concebidas como mínimos para la vida digna de nuestros combatientes tras su tránsito a la vida civil.

Tenemos la aspiración de preservar nuestra comunidad bajo las nuevas circunstancias, pues ella constituye el núcleo básico que habrá de expandirse hacia todo el campo popular para avanzar en nuestros propósitos de construcción de un nuevo poder social “desde abajo” y de toma de posiciones de poder político y de gobierno para los cambios que reclaman las mayorías. Consideramos que hemos convenido condiciones aceptables de excepcionalidad para nuestro partido o movimiento político legal referidas a personería jurídica, financiación, acceso a medios, participación y representación política y vocerías en corporaciones públicas. De la misma forma valoramos la posibilidad de construir una economía propia a través de ECOMÚN y en asociación con las comunidades con las que nos hemos relacionado históricamente. Apreciamos igualmente que hemos respondido con entereza, en el contexto de lo acordado, a las preocupaciones que tienen actualmente nuestros combatientes, hombres y mujeres, respecto de su inmediato futuro.

Tesis 16: Sobre el componente de dejación de armas. La dejación colectiva e individual de las armas representa probablemente el momento más difícil para quienes hemos ejercido el derecho a la rebelión. Las armas nos han dado el poder de la resistencia, del honor y de la dignidad; han sido nuestra compañía inseparable por décadas de lucha y gracias a ellas ha sido posible el Acuerdo Final de solución política.

Tenemos la satisfacción de que en medio de las condiciones de mayúscula asimetría tecnológica y de recursos militares, del apoyo de potencias extranjeras, especialmente del gobierno de los Estados Unidos, de dispositivos culturales y de comunicaciones, así como de un gigantesco esfuerzo fiscal del Estado, nuestras armas no pudieron ser vencidas. Pudieron más la convicción y el heroísmo de nuestros miles de hombres y mujeres para resistir y persistir en los propósitos nobles de nuestra rebelión armada. Por ello es que el Acuerdo Final no es un acuerdo de desmovilización y de entrega de armas a quien ha sido nuestro adversario y enemigo declarado. En su lugar, hemos convenido un proceso de dejación “mediante el cual la ONU recibe la totalidad del armamento de las FARC-EP para destinarlo a la construcción de tres monumentos” (AF, p. 59), uno en la sede de las Naciones Unidas, otro en Cuba y otro en el lugar del territorio nacional que nosotros definamos. Con esta decisión le hemos concedido espacio y significación a nuestro propósito ético y político mayor: simbolizar ante el mundo nuestra determinación de construir una paz estable y duradera para nuestro pueblo, manifestar nuestro agradecimiento perenne al pueblo de Cuba por su irrestricto compromiso con la paz de Colombia y sembrar en tierra colombiana la memoria de nuestro alzamiento y la gloria a nuestras víctimas.

Tesis 17: Sobre el capítulo de implementación. Con lo acordado acerca de la implementación, se buscó propiciar las condiciones para que lo contenido en el Acuerdo Final logre materializarse. Las experiencias internacionales demuestran que existe una marcada tendencia hacia un bajo nivel de cumplimiento de lo pactado en acuerdos paz. Considerando ello, se convino un sistema robusto de implementación que conjuga institucionalidad, planes, desarrollos normativos, prioridades y una amplia participación social y ciudadana. Se acordó la conformación de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz (CSVR), de carácter bipartito, con un primer período de funcionamiento hasta enero de 2019, prorrogable hasta diez años, que corresponden al lapso definido para el proceso de implementación. Asimismo, se definió un Plan Marco de Implementación (PMI) de diez años, que se desagregará en Planes Cuatrienales de Implementación (PCI), con los que lo acordado tendrá que incorporarse al Plan Nacional de Desarrollo (PND) de los respectivos gobiernos, garantizando de esa manera las inversiones necesarias, así como la asignación correspondiente de recursos del presupuesto nacional y de recursos provenientes de los entes territoriales. Para proveer el marco normativo y los soportes institucionales que le den a la implementación un carácter vinculante específico, se convino la expedición de un CONPES del PMI en los términos que apruebe la CSVR, así como el trámite de las reformas constitucionales y legales de incorporación del PCI al PND. Por otra parte, se definió una agenda legislativa a través del procedimiento previsto en el Acto Legislativo 01 de 2016, cuya materia corresponde a los aspectos fundamentales de los desarrollos normativos constitucionales y legales que demanda la implementación del Acuerdo final, y se estableció que los contenidos de tales desarrollos tendrán que ser constatados por la CSVR, previa presentación o expedición por el Presidente de la República. Junto con lo anterior, se definieron mecanismos de participación de la sociedad, un sistema integrado de información y medidas de transparencia para la implementación, así como medidas y acciones de implementación prioritaria. De esa forma consideramos que quedaron sentadas las bases para un proceso de exitoso de implementación, cuya premisa es a nuestro juicio la apropiación social del Acuerdo Final y el más amplio respaldo y compromiso social y popular.

Tesis 18: Sobre el capítulo de verificación. El Acuerdo Final convino un mecanismo de verificación internacional concebido como parte del mecanismo de implementación de los acuerdos que “tendrá como propósito comprobar el estado de avances de la implementación de los mismos, identificar retrasos o deficiencias, brindar oportunidades de mejoramiento continuo, así como contribuir a fortalecer su implementación” (AF, p. 184).

Dos notables, uno elegido por nosotros y otro por el Gobierno Nacional, y el componente internacional conformado por un representante de Cuba, Noruega, Venezuela y Chile, respectivamente, constituyen en primera instancia la verificación internacional, que además contará con el apoyo técnico del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, en los términos que le señale la CSVR. El mecanismo internacional de verificación presentará informes periódicos sobre la implementación, a los que muy seguramente se unirán aquellos que produzcan las organizaciones sociales y populares y nuestro Centro de pensamiento y formación política. A lo anterior se suma la solicitud de las Partes a través de la Asamblea General de Naciones Unidas de “una Misión Política con el mandato de verificar la reincorporación de las FARC-EP y la implementación de las medidas de protección y seguridad colectiva” (AF, p.186), asegurando un funcionamiento por un período de tres (3) años, renovables. Por otra parte, se convino la renovación del actual mandato del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU Derechos Humanos) por un periodo de tres (3) años renovables, en cuyo informe anual se solicitará sea incluido un capítulo de implementación de los derechos humanos. Habrá además un acompañamiento internacional a la implementación del Acuerdo final en cada uno de sus puntos con instituciones internacionales especializadas, que deberán elaborar informes periódicos a la CSVR. Como se aprecia, el Acuerdo final cuenta igualmente con un sistema de verificación que ofrece garantías en múltiples sentidos para el proceso de implementación.

Tesis 19: Sobre el enfoque diferencial y de género y la consideración de los pueblos étnicos. Todo el Acuerdo final posee un enfoque diferencial y de género, con énfasis en los derechos de las mujeres. Ello obedece a nuestra firme convicción acerca de la necesidad de reconocer las particularidades de grupos sociales diferenciados, comúnmente excluidos y sometidos a la continua discriminación. Y en el caso de las mujeres, se trata además de las circunstancias propias de la dominación patriarcal que apuntala aún más la propia dominación capitalista, acentuando su condición de víctimas principales del conflicto. La lectura transversal del Acuerdo Final permite afirmar que se está en presencia de una posibilidad para el mayor reconocimiento de sus derechos y de su papel activo como sujetos políticos de la construcción de una paz estable y duradera. El Acuerdo Final, por otra parte, se fundamenta en una consideración y respeto de los derechos de los pueblos étnicos y está concebido en todos sus componentes para contribuir a expandirlos, tal y como se demuestra en el capítulo étnico. No habrá paz verdadera, estable y duradera, sin la materialización de los derechos de las mujeres y de los pueblos étnicos.

Tesis 20: Acuerdo Final, solución jurídica y proceso constituyente. El Acuerdo Final además de ser un acuerdo de transacción política para la terminación de la expresión armada del conflicto en el caso de nuestra guerrilla, impuso la necesidad de una solución jurídica con base en el presupuesto del origen político del derecho. En las condiciones actuales, acuerdos políticos sin definiciones jurídicas resultan insuficientes, si se considera que lo convenido debe tener fuerza vinculante para las Partes, dotándolas así de la necesaria seguridad jurídica. Se sobreentiende además que la solución jurídica en sí misma no es una garantía de que lo acordado efectivamente sea objeto de cumplimiento, pero sí prefigura un marco normativo de compromiso de las Partes, que establece pautas y parámetros para la acción política en demanda del cumplimiento y la implementación. Se convino que el Acuerdo Final es un Acuerdo Especial de los previstos en el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra. Igualmente, que por medio del procedimiento expedito del Acto Legislativo 01 de 2016 habrá una ley aprobatoria del Acuerdo Final como Acuerdo Especial y un Acto Legislativo de incorporación del Acuerdo Final a la Constitución Política, es decir, habrá un proceso de constitucionalización del Acuerdo Final, que se acompañará de los desarrollos legales requeridos para su implementación. En ese sentido, bien puede afirmarse que la Mesa de La Habana ha desempeñado una función constituyente y ha transformado para bien del pueblo colombiano el orden constitucional vigente, poniendo de paso en evidencia los límites de dicho orden para perfeccionar el acuerdo de solución política. Dicha situación constitucional nueva, no niega nuestros propósitos de persistir en impulsar un proceso constituyente abierto, una de cuyas estaciones necesarias tendrá que ser una Asamblea Nacional Constituyente, no sólo para abordar las salvedades a los acuerdos logrados, sino para acompasar el marco jurídico institucional a la construcción de una paz estable y duradera y generar las debidas respuestas constitucionales a otros problemas estructurales sensibles de la formación económica y social.

Sin que se haya convenido explícitamente en el Acuerdo Final la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, sí ha quedado el compromiso de promover un gran acuerdo político nacional que por su contenido debe interpretarse como un paso en esa dirección.

Para que se consolide la perspectiva de un proceso constituyente, será necesario que desate un amplio movimiento político y social que se trace ese propósito. Las múltiples dinámicas constituyentes del campo popular experimentadas durante los últimos años, así como el proceso de La Habana representan un importante acumulado para el logro de ese objetivo.

Tesis 21: Sobre refrendación del Acuerdo Final. Los actos de refrendación del Acuerdo Final constituyen una condición necesaria para su entrada en vigor y para que se pueda surtir el trámite y la aprobación de la Ley de Amnistía e Indulto y de Tratamientos Penales Especiales, a fin de que se dé inicio al proceso de localización de nuestra fuerza guerrillera en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y con ello al proceso de dejación de armas y de nuestra reincorporación a la vida civil. En igual sentido, a la implementación de todo lo acordado. Durante las conversaciones nos allanamos a la refrendación popular a través del plebiscito, primero porque discutir, acordar y formalizar jurídicamente otro mecanismo hubiera prologado de manera innecesaria las conversaciones por al menos un año, situando el proceso de La Habana en medio de la campaña presidencial hacia el 2018, en un contexto político complejo de creciente oposición llena de falacias de la ultraderecha y el militarismo. Y segundo, por cuanto consideramos que la forma plebiscitaria produciría una clara delimitación entre la construcción de la paz y la continuidad de la guerra, generando la posibilidad de infligir una derrota a la segunda, bajo el supuesto en todo caso de que la opción de la paz demanda procesos de diferenciación entre los entendimientos y aspiraciones del campo popular de paz con democracia verdadera y justicia social y aquellos de sectores de las clases dominantes de paz como silencio de los fusiles y de oportunidad para nuevos negocios. Tenemos el convencimiento de un potente acto de legitimación política del Acuerdo Final por parte del pueblo colombiano. De esa manera, lo acordado en La Habana tendrá un mayor blindaje para su implementación. Por otra parte, la refrendación guerrillera del Acuerdo Final en esta nuestra X Conferencia, además de representar un voto de respaldo y confianza frente a lo actuado por nuestra Delegación en La Habana y por las decisiones que en distintos momentos tomaron el Estado Mayor Central y el Secretariado, es un claro mensaje al pueblo colombiano de nuestra indeclinable decisión de reafirmar el fin de nuestro alzamiento armado y de nuestro compromiso irrestricto con la implementación de todo lo acordado.

Tesis 22: Hacia una gran transformación cultural. De la misma forma como el Acuerdo Final se sustenta en acuerdos ciertos que han de implementarse, también debe afirmarse que él posee unos intangibles cuyos alcances sólo podrán ser definidos por la historia. Pero desde ahora puede anticiparse que probablemente uno de esos intangibles consiste en la inauguración de una gran transformación cultural: la que habrá de conducir a la superación definitiva de estructuras de pensamiento en las que se ha entronizado incluso en la vida cotidiana el uso de la violencia, la pretensión de exterminio del enemigo y una especie de fascismo social como formas de ejercicio del poder y la dominación y de solución de los conflictos, para darle una nueva oportunidad a la política y a la coexistencia pacífica en medio de la conflictividad que le es inherente al orden social vigente hasta su necesaria superación a través de una nueva calidad social.

IV. La perspectiva política inmediata

Tesis 23: La importancia del plebiscito. A la firma del Acuerdo Final le sigue en lo inmediato el acto de refrendación popular a través del plebiscito. Más allá de representar un acto de legitimación política de lo convenido en La Habana, con indiscutibles consecuencias para la implementación del Acuerdo Final, consideramos que se está frente a una decisión no solo con efectos presentes, sino sobre todo futuros de cara a las próximas generaciones. Aunque por esa vía se aprobará o improbará popularmente el Acuerdo Final, en sentido estricto la que se está definiendo es algo de más profundo calado: la continuidad o no de la guerra; la perspectiva de construcción o no de una paz estaba y duradera. Frente a una determinación con semejantes implicaciones, tenemos la confianza en una respuesta masiva y contundente del pueblo colombiano a favor del sí. El SÍ mayúsculo debe contribuir a despejar el campo político, conflictivo por naturaleza, pero oscurecido por la presencia de instigadores de la guerra que, haciendo uso de la confusión y la mendacidad, no sólo añoran con su prolongación por los rendimientos que ella le produce, sino que desde ahora -previendo su derrota- anuncian que se constituirán en obstáculo de los esfuerzos de paz, recurriendo con a todos los medios que en el pasado les han sido útiles. Debemos decirlo con claridad:

¡Es el momento de superar de manera definitiva la página de la violencia y la guerra!

Necesitamos tener la estatura histórica colectiva para ello. No contemplamos en absoluto la renegociación de un acuerdo cerrado y construido con tanto cuidado. No hay otro posible; como no lo fue en el pasado.

Tesis 24: Los primeros seis meses de la implementación. Con la firma del Acuerdo Final, las prioridades se trasladan a una fase mucho más compleja y difícil: el inicio de la implementación de lo acordado. Nuestra agenda inmediata está claramente definida: Con la aprobación de la Ley de Amnistía e Indulto y tratamientos penales especiales, nos localizaremos en las ZVTN, iniciaremos la dejación de armas que durará 180 días, se producirán los alistamientos para nuestra reincorporación a la vida civil y se surtirá el proceso de conversión de nuestra guerrilla en partido o movimiento político legal. En el transcurso del mes de abril de 2017, deberemos estar listos para el inicio formal de nuestra actividad política legal. En correspondencia, en ese mismo período el Gobierno deberá haber cumplido con lo establecido en el Plan Marco de Implementación y particularmente con los compromisos de los desarrollos normativos allí establecidos, empezando por la Ley de Amnistía, Indulto y tratamientos penales especiales, la Ley aprobatoria del Acuerdo Final como Acuerdo Especial y el Acto Legislativo para la incorporación del Acuerdo Final al ordenamiento constitucional, entre otros. En ese sentido, parte significativa del énfasis de nuestro trabajo se trasladará a la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR) y al Consejo Nacional de la Reincorporación (CNR). Durante estos primeros seis meses no debe descartarse una contraofensiva de la ultraderecha y el militarismo a través de múltiples acciones y provocaciones, orientadas a hacer fracasar la implementación de lo acordado. Por tal razón, la verificación internacional del Acuerdo Final, así como el acompañamiento del movimiento social y popular en protección y demanda de cumplimiento de lo acordado jugarán un papel central, que deberá permanecer a lo largo de todo este proceso.

V. El tránsito de las FARC-EP hacia organización una política legal

Tesis 25: La continuidad de la lucha a través de la acción política legal. El Acuerdo Final conlleva la continuidad de nuestra lucha a través de la acción política legal, con fundamento en las condiciones de contexto y las reglas de juego que emanan del conjunto de lo acordado. El ejercicio de la política no es para nosotros una novedad. Las motivaciones de nuestro alzamiento armado siempre fueron políticas. El accionar político-militar de nuestra guerrilla y de nuestras milicias, el trabajo clandestino de nuestro Partido y de nuestro Movimiento Boliviano siempre estuvieron guiados por propósitos políticos, a fin de organizar a nuestro pueblo para alcanzar los cambios y las transformaciones estructurales que reclaman las grandes mayorías. Con el acuerdo de solución política consideramos que se dan las condiciones mínimas requeridas para producir nuestro tránsito a la vida política legal y proseguir la brega por nuestras aspiraciones estratégicas de superación del orden social capitalista vigente en el país. El Acuerdo Final representa una ruptura en nuestra historia, pero traza al mismo tiempo una línea de continuidad. El desistimiento del alzamiento armado no conduce a nuestra desmovilización; se trata de más bien de un acontecimiento que nos encauza hacia un nuevo tipo de movilización y accionar político, entendidos como expresión de nuestra indeclinable decisión y voluntad política colectiva de persistir en la lucha a través de la organización de un nuevo partido o movimiento político. Nos seguiremos orientando por un ideario inspirado en el marxismo, el leninismo, el pensamiento emancipatorio bolivariano y, en general, en las fuentes del pensamiento crítico y revolucionario de los pueblos.

Tesis 26: La batalla por la implementación del Acuerdo Final. Además de las tareas propias de la organización del nuevo partido o movimiento, que deberán ser mandatadas por esta X Conferencia, y que nos habrán de llevar a su Congreso Constitutivo, somos conscientes de que se avecinan nuevas batallas. La primera de ellas, la que corresponde a la implementación de los acuerdos que son para beneficio de la sociedad colombiana y del pueblo en su conjunto. Si la potencia transformadora contenida en ellos se logra desatar y sale adelante en forma victoriosa, estaremos frente a la más importante posibilidad reciente de democratización política, económica, social y cultural de la Nación. Se avecina un ciclo reformista que, en las condiciones del régimen de dominación de clase existente en el país, debe ser catalogado como revolucionario. Pero la posibilidad de materialización de ese ciclo, demanda la existencia de un poder y una fuerza social con capacidad de hacerlo efectivo, que estamos obligados a contribuir a construir.

Tesis 27: La batalla por el quiebre de la hegemonía política y cultural. La segunda batalla se refiere al necesario quiebre de la hegemonía política y cultural para llegar a lo profundo de los corazones del pueblo colombiano y lograr su más amplio respaldo, principalmente en los centros urbanos. Tras décadas de estigmatización y continuo falseamiento de nuestra historia y de nuestro accionar, tendremos la posibilidad de establecer otro tipo de relacionamiento y de interlocución con las grandes mayorías, distinto al de la guerra, y así ofrecer y compartir nuestra visión y propuesta de país. Se acerca lo que bien podríamos llamar una “batalla de ideas” y tenemos la esperanza de que ella se pueda adelantar libremente y sin ejercicio de violencia alguna. Ha llegado el tiempo de la verdad histórica. Ha llegado el tiempo de desnudar el régimen de dominación de clase existente, sin los ropajes y disculpas de la confrontación armada y de la guerrilla como causante de los males y problemas que campean a lo largo y ancho del país.

Tesis 28: La batalla por la unidad del campo popular. La tercera batalla es la concerniente a la unidad del campo popular, de los sectores democráticos, progresistas y revolucionarios. Sin un amplio proceso de unidad no hay posibilidad de avanzar hacia el cambio político y las transformaciones estructurales que requiere la sociedad colombiana.

Estamos dispuestos y abiertos a abordar las discusiones para construir los consensos necesarios, siempre privilegiando las definiciones y los acuerdos programáticos, sobre las decisiones pragmáticas. Si pretendemos resignificar y reivindicar la política e introducir nuevas formas de acción política, tenemos la obligación de regresar a la discusión programática, a los debates sobre la táctica y la estrategia, a la construcción colectiva del programa o la plataforma política y del instrumento político, trascendiendo el concepto de oposición o de frente electoral para demostrar vocación de poder y deseo de ser gobierno. Si se contempla que el Acuerdo Final puede abrir el camino de una transición política debe considerarse la posibilidad de unir esfuerzos hacia un “Gobierno de construcción de paz y reconciliación nacional”. No hay perspectiva política como opción de poder si los esfuerzos de unidad se limitan a las valiosas expresiones organizativas y procesos existentes, incluidas nuestras fuerzas. El campo de acción e influencia ha demostrado ser limitado, pues no hemos logrado llegar a las grandes mayorías no organizadas, particularmente en los principales centros urbanos. Debemos reconocer nuestras carencias colectivas para identificar las aspiraciones de las nuevas generaciones de clase trabajadora producidas por las transformaciones capitalistas durante las últimas décadas, y traducirlas a nueva gramática de la política.

Tesis 29: La vigencia de un proceso constituyente abierto. Nuestra experiencia de décadas de lucha nos ha enseñado que al tiempo que se lucha por el poder, es necesaria una construcción social del poder “desde abajo”. Eso es lo que hemos hecho cuando hemos promovido e impulsado procesos organizativos territoriales basados en la democracia directa, autogestionaria y comunitaria. Eso mismo reconocemos en importantes procesos campesinos, indígenas y afrodescendientes, en diferentes movimientos urbanos estudiantiles, de mujeres, de víctimas del conflicto y de trabajadores en general en defensa de bienes comunes de la sociedad, enfrentando en diferentes momentos y con intensidad diferenciada las tendencias de mercantilización capitalista extrema de la sociedad. En todos esos casos reconocemos la existencia de dinámicas constituyentes, dentro de las cuales inscribimos los alcances del Acuerdo Final, que bien pueden confluir hacia un proceso constituyente abierto, en el cual se vayan edificando las bases de un nuevo poder social. En la conjunción de la construcción de nuevo poder social y la conquista de posiciones en el poder establecido, incluida la perspectiva de ser gobierno, es que concebimos nuestro tránsito hacia la vida política legal en condición de nuevo partido o movimiento político.

Tesis 30: Sobre el mandato de la X Conferencia. Frente a todas estas preocupaciones, aunque tenemos visiones preliminares, no poseemos aún elaboraciones definitivas. Por ello consideramos que esta X Conferencia, además de avanzar en la identificación de lineamientos para nuestra acción política inmediata, debe producir el mandato para abrir la más amplia discusión interna que conduzca a las definiciones programáticas que demanda el nuevo momento político inaugurado por el Acuerdo Final. Deberá ser sometido al Congreso constitutivo de nuestro partido o movimiento político legal el programa político de orden estratégico, la propuesta de plataforma política para la confluencia en un bloque popular alternativo o en un movimiento de movimientos y la propuesta de programa para un “Gobierno de construcción de paz y reconciliación nacional”, de amplia convergencia. Se nos avecina en ese aspecto una tarea de máximo compromiso, responsabilidad y construcción colectiva.

Llanos del Yarí. Sept. 2016.