Por: José Félix Lafaurie Rivera
@jflafaurie
 
Las comitivas que entran y salen de La Habana son vox populi. La romería no es sólo de políticos, también de académicos, periodistas y activistas de derechos humanos. Aunque se dice que la bitácora secreta incluye otras visitas “non sanctas”, de ONG “farianas” y hasta de militantes de grupos narcoterrorista internacionales. El itinerario es tan exigente que parece operar una oficina de relaciones públicas, sin que ninguna voz –a no ser la del Procurador– advirtiera el descaro. Habría que constatar los avales del Presidente para saber quién más viajó sin autorización y que sea la justicia y el Ministerio Público el que entre a resolver. Dejar pasar el episodio impunemente, es admitir que existe una clasificación arbitraria: unos voceros de “primera” a quienes se otorga pergaminos por sus “oficios” y otros de “segunda” que sólo reciben autos de detención.
 
Sorprende las declaraciones del Fiscal General, quien sostuvo que “no es un delito acudir a La Habana sin permiso del Presidente”. Entre otras razones porque no ha sido el común denominador en este tipo de casos. En el proceso contra el precandidato presidencial, Luis Alfredo Ramos, es evidente el doble rasero que está operando en los tribunales. ¿Por qué, en el caso de Ramos, si este reconoció su encuentro en 2004 con “Ernesto Báez” –alias de uno de los cabecillas de las Autodefensas– la Corte Suprema dictó medida de aseguramiento para oírlo en indagatoria, a sabiendas además, de su reiterada solicitud –durante 3 años– para que lo escuchara en versión libre?
 
El contexto de los hechos que se le imputan prácticamente absuelve a Ramos, pues ni siquiera mediaba una justa electoral en la que estuviera inscrito su nombre, por lo tanto no se puede argumentar un posible concierto para delinquir. Su postulación a la Gobernación de Antioquia sólo se produjo en 2007, cuando la desmovilización de las AUC ya era un hecho y buena parte de sus cabecillas extraditados. Antecedentes que al menos debieron ser considerados para que se le respetara su derecho a la presunción de inocencia.

Las circunstancias fueron claras. No fue un encuentro clandestino. Desde 2004 el gobierno legitimó el acuerdo de paz con las AUC –Resolución 091 de 2004– y reconoció como representantes de esa organización a 3 de sus miembros, incluido Iván Roberto Duque –Resolución 233 de 2004–. Por tanto, no había órdenes de captura en su contra, podían movilizarse por todo el país y ofrecer audiencias al garete bajo el amparo de un expreso salvo conducto que, en el caso de Ramos fueron de público conocimiento y con testigos.
 
Podemos tener la legislación más dura o, incluso, la más laxa que se pueda diseñar en esta materia, lo que no es admisible son las interpretaciones amañadas y no exentas de sesgos políticos para el denominado “concierto para delinquir”. La “reunionitis extraoficial” en La Habana, cuya intensidad e intenciones desconoce el Gobierno, se está convirtiendo en una oportunidad para evaluar la asimetría que reina en la administración de justicia. De un lado: benevolencia para quienes se congraciaron con los farianos en el Caguán o ahora en La Habana. Y del otro: condenas para quienes obraron con ingenuidad en muchos casos.
 
¿Cuántos de los que han desfilado por La Habana, pueden demostrar que acudieron con la sana intención de promover la reconciliación y el logro de la paz? ¿Por qué un caso como el de Luis Alfredo Ramos, en el que sus contertulios de ocasión, autorizados por el gobierno, si acusa un concierto para delinquir, cuando no mediaba elecciones a la vista?
 
El efecto negativo de esta sin razón ha sido protuberante, en especial sobre el sistema de partidos. Lo más grave, es que cada día se profundiza la cacería de brujas, con base en testimonios vindicativos o falsos testigos que enlodan el buen nombre de personalidades de nuestra vida pública que, curiosamente, están del otro lado de las posiciones ideológicas y políticas de los nuevos mejores amigos este gobierno. Con lo cual, la injusticia que hoy cae sobre Ramos tiene un tinte político. Su caso, como el de otros de la denominada “parapolítica, no se conduele con el evidente ocultamiento de la “farcpolítica” que hoy se pavonea por La Habana. La Corte tiene sin duda una oportunidad para corregir el rumbo y fallar en derecho. Está de por medio el proceso político que apenas arranca de cara a las elecciones del 2014.
 
Presidente Ejecutivo de FEDEGÁN