La delegación de la Defensoría del Pueblo que se desplazó a Haití para verificar la situación de los militares en retiro colombianos que se encuentran presos por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, halló evidencia de que a los connacionales se les han vulnerado varios de sus derechos humanos.
De acuerdo con la información suministrada por la Defensoría, los militares colombianos no han podido hablar con un abogado, están completamente aislados, no se han podido comunicar con sus familiares y no se han presentado ante la justicia haitiana.
Además, se conoció que han sido interrogados por las autoridades de Haití y por el FBI sin tener acompañamiento de un abogado, y que tres de ellos tienen heridas de consideración que no han sido atendidos en un centro médico.
