La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a contratistas del Fondo Adaptación, por posibles irregularidades, retrasos y fallas surgidas durante la ejecución del contrato, que tenía como objeto la construcción de varios puentes vehiculares en Santander.
El Ministerio Público investiga posibles omisiones e incumplimiento de deberes al no informar en la fase inicial (pre-construcción) que los estudios y diseños aplicables a las obras, no se ajustaban y correspondían a la norma técnica de diseño adecuada para la construcción de puentes, en particular el atirantado denominado Hisgaura.
Al parecer, la demora en la advertencia y en la realización de los ajustes técnicos necesarios para seguir adelante con los trabajos produjo un detrimento patrimonial, al elevar el presupuesto inicial que pasó de $80.040.716.160 hasta $103.320.388.858 millones.
