La Procuraduría General de la Nación, a través de una circular dirigida a los funcionarios de la institución que cumplen funciones disciplinarias, definió los parámetros para que se investigue y se sancione a funcionarios electos popularmente.

Este documento se dio a conocer luego del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de Gustavo Petro, que ordenó al país “adecuar el ordenamiento interno conforme a lo señalado en la sentencia”.

En ese sentido, la procuraduría sólo podría sancionar e inhabilitar funcionarios que tengan en su haber faltas graves, que guarden relación con hechos de corrupción estipulados en tratados internacionales vigentes.