La Procuraduría General de la Nación archivó parcialmente las investigaciones sobre Odebrecht, más concretamente en la firma y ejecución de otrosíes entre el Instituto Nacional de Concesiones (INCO) y el concesionario Ruta del Sol S.A.S.
El ente de control consideró que no procede formular una acusación disciplinaria a funcionarios públicos que no tenían dentro de su deber avalar o revisar otrosíes. Del mismo modo eximió a la Agencia Nacional de Infraestructura de cualquier responsabilidad contractual.
El Ministerio Público precisó que contra la decisión de archivo procede el recurso de apelación, conforme lo señala el artículo 115 de la ley 734 de 2002.
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