La Procuraduría General de la Nación anunció que abrió una investigación disciplinaria contra la junta de la empresa EPM y algunos funcionarios de la ANLA.

“Formalmente hemos abierto una investigación disciplinaria   contra los miembros de la junta directiva de la empresa, algunos funcionarios de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), y algunos ejecutivos de dicha empresa”, expresó el procurador Fernando Carrillo.

Este proceso se realiza para determinar si existe alguna posible responsabilidad de los investigados frente al desastre ambiental y ecológico ocurrido en Hidroituango ya que según la Procuraduría existen varias evidencias que demostrarían irregularidades.