Por William Calderón
Nocivo para la salud.
Después de leer el reportaje del Presidente con Yamid Amat, la bandera que piensan tomar varios candidatos opuestos a la continuidad de las políticas sociales de este Gobierno, se resume en el siguiente slogan: “Uribe es nocivo para la salud”. Lo anterior se desprende también de la entrevista del abogado laboralista Pablo Edgar Gómez en La Barbería de Cablenoticias, en la cual, además de decir que la salud está en cuidados intensivos, le hace una necropsia a los decretos de emergencia social que parecen elaborados en el despacho presidencial del primer mandatario de los haitianos. Nos quieren enseñar a nadar en medio del naufragio, dirían otros.
Entierro de tercera. El día jueves 4 de febrero se registró en la sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, la ponencia de la magistrada Rojas Lazo, que resuelve la demanda de nulidad del decreto 4745 del 16 de diciembre de 2008, que convocó el Congreso a extras para aprobar la ley de referendo reeleccionista. Según las fuentes de La Barca, el día 4 de marzo próximo vence el término que tiene la sala plena para dictar sentencia según la ley. O sea que este fallo se producirá dentro de los 60 días que tiene la Corte Constitucional para tomar la decisión final sobre la ley de referendo.
Especulaciones. En el evento de que el Consejo de Estado declare la nulidad del decreto demandado, sobrevendría un entierro de tercera para la ley de referendo, pues habría sustracción de materia para que la Corte Constitucional se pronuncie sobre ella. Pero en caso contrario el problema no terminaría allí, por cuanto si el Consejo de Estado declara la validez del decreto, la Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre la eficacia o efectos del mismo
Especulaciones. En el evento de que el Consejo de Estado declare la nulidad del decreto demandado, sobrevendría un entierro de tercera para la ley de referendo, pues habría sustracción de materia para que la Corte Constitucional se pronuncie sobre ella. Pero en caso contrario el problema no terminaría allí, por cuanto si el Consejo de Estado declara la validez del decreto, la Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre la eficacia o efectos del mismo