Si extraditan a Arias sin que haya recibido el beneficio de un procedimiento justo de asilo, Estados Unidos establecerá un peligroso precedente al tiempo que respaldará a un régimen represivo

Probablemente, Andrés Felipe Arias, ex ministro de Agricultura colombiano que actualmente pide asilo en Estados Unidos y encara a la vez un trámite de extradición, no está en el radar de la Administración Trump. Debería estarlo.

A petición del gobierno colombiano, los funcionarios de la era Obama que quedan en los Departamentos de Estado y Justicia han hecho todo lo posible por extraditar a Arias antes de que un tribunal de asilo lo escuche. La denuncia que hace Arias de persecución política por parte del gobierno de Juan Manuel Santos tiene fundamentos jurídicos sólidos, y una revisión verdaderamente independiente lo confirmaría. Pero si se probara la corrupción del gobierno de Colombia, eso sería desastroso para el legado de Obama de apoyo al llamado acuerdo de paz de Santos con el grupo narcoterrorista FARC, un acuerdo patrocinado por Cuba y Venezuela y concebido para blanquear la imagen de ese cartel de la droga y sus cómplices y lavar sus enormes fortunas.

La administración de Obama se comprometió a fondo en las negociaciones de paz patrocinadas por La Habana. Bernard Aronson, enviado especial estadounidense en dichas negociaciones, respaldó la impunidad de crímenes atroces, la asignación de curules no elegidas en el Congreso para los terroristas, los poderes por decreto para Santos y la imposición ilegal del pacto supraconstitucional de La Habana sobre el pueblo colombiano.

El dinero de USAID se gastó copiosamente en organizaciones no gubernamentales de “paz” en Colombia. El Secretario de Estado John Kerry se reunió con los terroristas en La Habana, legitimándolos como “actores políticos”. Y Obama prometió $ 450 millones en dólares de los Estados Unidos para implementar “la paz”.

Los afines ideológicos de Obama en los think tanks estadounidenses y en los medios de comunicación trabajaron horas extras para vender la imagen de “hombre de paz” de Santos. Entre otros reconocimientos, la Fundación Clinton le concedió su Premio Ciudadano Global en 2016, y el Atlantic Council (cuyo socio colombiano es el estratega de comunicaciones de Santos) le entregó su propio Premio Ciudadano Global en 2015. Y Noruega, que también desplegó grandes recursos en apoyo de los acuerdos de La Habana, le concedió el Premio Nobel de la Paz 2016 pocos días después de que su acuerdo fuera rechazado por los colombianos en un plebiscito.

Pero mientras el gobierno Obama contaba el cuento de llevar la paz a Colombia, la Administración Obama cerraba los ojos ante la expansión de los cultivos de coca, la creciente represión contra cualquier disidencia, el desconocimiento de los resultados del plebiscito en un acto de flagrante ilegalidad y la gradual abolición de la democracia y el estado de derecho en Colombia.

La propaganda de “la paz” tuvo éxito, pero el caso de Arias echaría a perder esa imagen falsamente construida, mostrando la realidad de corrupción y persecución de un régimen que se convierte rápidamente en un narcoestado fallido y dictatorial.

Pues, ¿quién es Arias y qué tiene que decir?

Andrés Felipe Arias fue ministro de Agricultura del gobierno de Uribe entre 2005 y 2009. Como tal, implantó un programa de subsidios agrícolas de la OEA que benefició a más de 380.000 familias campesinas. El programa, consistente con el Plan Colombia en que tomaba parte Estados Unidos, creó miles de empleos, lo cual apartó a los trabajadores de la industria de las drogas y puso a Arias directamente en la mira de las FARC. Tan terribles eran las amenazas de las FARC contra él, que las autoridades lo declararon “persona con un riesgo de seguridad extraordinario”.

En 2009 Arias era precandidato para las elecciones presidenciales de 2010, cuando se descubrió que diez personas habían cometido fraude con una parte del programa de la OEA. Una campaña de medios bien orquestada para vincular a Arias con el fraude se demostró finalmente calumniosa. Pero a pesar de que la Procuraduría, la Fiscalía, un tribunal administrativo y el Consejo Electoral lo absolvieron del delito penal, el daño a su campaña ya estaba hecho. Con Arias fuera de la contienda, los partidarios de Uribe apoyaron a Santos, quien prometió continuar el combate a los narcoterroristas que había caracterizado al gobierno de Uribe. Pero en cuanto ganó, se alió con Cuba y Venezuela y comenzó las negociaciones con las FARC.

En 2011, la Corte Suprema de Justicia nombró irregularmente a una nueva fiscal general: Viviane Morales, cuyo esposo había sido líder del amnistiado grupo terrorista M-19, una variante urbana de las FARC. Morales acusó a Arias de firmar un contrato ilegal con la OEA y de “peculado a favor de terceros”, un delito que no existe en los Estados Unidos, ya que la malversación de fondos requiere lógicamente una quid pro quo que la versión colombiana del “delito “no contempla. A Arias se lo juzgó en un único proceso judicial ante la Corte Suprema de Justicia y se lo condenó a 17 años de prisión. Se le negó el derecho a una segunda instancia, una de las muchas violaciones del derecho internacional humanitario en su caso.

Pero el acuerdo de cooperación que firmó Arias con la OEA era idéntico al que firmaron sus predecesores y quienes lo sucedieron en el cargo, a ninguno de los cuales se le ha atribuido delito por hacerlo. Tampoco se acusó de ilegalidad a ningún cargo de la OEA. En cuanto al “peculado”, no sólo se demostró en el juicio que Arias ni conocía a los autores del fraude ni se benefició de él, sino que los correos electrónicos que se enviaron los conspiradores confirmaron que el fraude se orquestó con el propósito específico de crear un escándalo que descarrilara la campaña presidencial de Arias.

No importa –dijo la Corte, que declaró en su fallo, un documento plagado de absurdos– “no se ha probado que es coautor [del peculado], pero tiene que ser cierto.”

Los funcionarios estadounidenses, plenamente conscientes de la corrupción de la Corte Suprema de Justicia y de su continua campaña contra el presidente Uribe, habían visto esto venir desde 2009, incluso antes de que la corte nombrara a Viviane Morales fiscal general. En un cable del 17 de noviembre de 2009 (publicado por Wikileaks), el entonces embajador William Brownfield escribió al Departamento de Estado:

“Contra el formidable apoyo popular de Uribe forman un frente… los medios de comunicación, los intelectuales y la politizada Corte Suprema.” Brownfield continúa más adelante, “El último escándalo tiene relación con colombianos ricos que reciben subsidios de un programa del Ministerio de Agricultura, aunque el exministro y actual precandidato presidencial Andrés Felipe Arias parece condenado a sufrir el impacto.”

Al describir a la Corte Suprema, el embajador Brownfield añadió: “los magistrados han cooptado de manera efectiva a la Fiscalía supuestamente independiente al negarse a seleccionar a un candidato de una terna que presentó Uribe. Mantener al fiscal general en un estado interino y llenar su organización de funcionarios de la Corte, les ha permitido centrar al fiscal general en investigaciones clave contra Uribe y su gobierno “.

Tal vez por eso, cuando la noticia de la condena de Arias fue ilegalmente filtrada, días antes de las elecciones presidenciales de 2014 y semanas antes de un veredicto oficial, la embajada estadounidense lo ayudó a obtener visas para viajar junto con su familia a Estados Unidos, donde solicitaron inmediatamente asilo político. Desde junio de 2014 han estado viviendo legalmente en el país, en espera de su entrevista con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

De modo que resultó sorprendente que el 24 de agosto de 2016, el mismo día que el presidente colombiano Santos firmó su acuerdo con las FARC, agentes federales estadounidenses de repente detuvieran a Arias y el Departamento de Justicia iniciara procedimientos de extradición contra él.

Tramitar la solicitud de extradición antes de permitir al USCIS determinar si Arias es víctima de persecución política es una actuación claramente contraria al espíritu de la Ley Internacional de Refugiados. Un procedimiento de extradición no suele ser el contexto adecuado para probar la persecución política, ni un juez de extradición puede conceder asilo. Sería razonable, por tanto, permitir que se produzca un fallo respecto de la petición de asilo antes de determinar si una audiencia de extradición está incluso justificada.

Pero Santos y los funcionarios de la era Obama que quedan en el Departamento de Estado no pueden permitirse hacer eso: no tienen influencia sobre el proceso de asilo. Todo procedimiento de asilo tendría que estar libre de consideraciones políticas, basándose únicamente en la determinación de que Arias tenía un temor fundado de persecución política en Colombia. La presión del gobierno colombiano –o del Departamento de Estado que actúa en su nombre– ayudaría a confirmar la persecución.

No obstante, en lo que concierne al trámite de extradición, los departamentos de Estado y Justicia si pueden influir decisivamente, y lo han hecho. El fiscal federal Robert Emery, atentiendo a la petición del Gobierno de Colombia, ha solicitado repetidamente la detención de Arias, aunque éste ha cumplido plenamente las leyes de los Estados Unidos y no representa ningún peligro para la comunidad.

Thomas Heinemann, asesor jurídico adjunto del Departamento de Estado, sostuvo en una declaración jurada de octubre de 2016 ante la Corte de extradición que existe un tratado de extradición vigente entre los Estados Unidos y Colombia, a pesar de que en 1986 y 1987 la Corte Suprema de Justicia rechazó la ratificación del tratado por parte de Colombia. El argumento ilógico de Heinemann va en contra de las declaraciones de Santos sobre el asunto. En una entrevista realizada en abril de 2011 con EFE News sobre otro tema, Santos declaró: “Tenemos un acuerdo de extradición con Venezuela, no con Estados Unidos”.

La cuestión de si el acuerdo de extradición con Colombia está vigente la evalúa ahora el Tribunal de Apelaciones del Circuito 11. Pero si dependiera de los funcionarios de la era Obama que siguen en los departamentos de Estado y Justicia, Estados Unidos estaría satisfecho con un tratado de extradició, supuestamente bilateral, que obliga a Estados Unidos a cumplirlo, pero que no es vinculante para Colombia. Sería esta una gran victoria para la alianza Santos-FARC, que sostiene que no extraditará a ninguno de las decenas de narcoterroristas de las FARC procesados en Estados Unidos.

Si extraditan a Arias sin que haya recibido el beneficio de un procedimiento justo de asilo, Estados Unidos establecerá un peligroso precedente al tiempo que respaldará a un régimen represivo. Olvidemos por un minuto que Arias es inocente, y que está en esta situación por combatir el narcoterrorismo de las FARC. Olvidemos que, si es extraditado, no sobrevivierá a las represalias de las FARC. Olvidemos que es sólo una de las muchas víctimas de la persecución de Santos y las FARC.

Estados Unidos no puede permitir que los intereses de Santos y las FARC subviertan sus procedimientos de asilo ni su honrosa tradición de ofrecer un refugio a los injustamente perseguidos. No puede ser cómplice de la persecución contra Arias por parte del gobierno colombiano, legitimando sus prácticas corruptas.

En su discurso ante el Congreso, el presidente Trump reiteró su compromiso de combatir las organizaciones transnacionales que trafican con drogas. Esto significa hacer frente a las FARC y a sus socios criminales, los regímenes de Cuba y Venezuela. El primer paso para cambiar la desastrosa política latinoamericana de Obama es desenmascarar al gobierno de Santos y exponer el acuerdo de paz por lo que es: la legitimación del cartel de tráfico de cocaína más grande del mundo.

Señor secretario de Estado Rex Tillerson, señor fiscal general, Jeff Sessions: ustedes hoy pueden detener los perros. Permitan que el señor Arias presente su caso.

Tomado de Periodismo de Sin Fronteras

Escrito por Lia Fowler*

Marzo 9 de 2017

@lia_fowler

*Lia Fowler es una periodista estadounidense y ex agente especial del FBI.