Hace noticias en La Hora de la Verdad, una petición dirigida al gobierno suizo para que no ratifique los acuerdos de La Habana entre el gobierno y las FARC. La carta de petición está circulando por la plataforma change.org.
Puedes firmar a través de este link: http://chn.ge/1Xwkoqo
A continuación la carta…
Gobierno de Suiza: No Ratifiquen los Acuerdos de La Habana entre Colombia y las FARC
Estimados señores: A principios de este mes, el equipo de negociación del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el grupo narcoterrorista de las FARC, anunciaron que, con el fin de garantizar la aplicación del acuerdo “de paz” que han estado negociando durante más de cuatro años, habían decidido elevar el estatuto de ese acuerdo y convertirlo en un “Acuerdo Humanitario Internacional Especial” que sea ratificado por el gobierno de Suiza. Esta maniobra del gobierno de Colombia es inconstitucional y antidemocrática, y por ello solicitamos respetuosamente, en nombre de todos los firmantes, que el Gobierno de Suiza suspenda su participación en esa maniobra autocrática e ilegal, la cual equivale a propinarle un golpe a la Constitución de Colombia, al Congreso de Colombia (Senado y Cámara), a la Corte Constitucional, y – lo más importante – a la ciudadanía colombiana.
No hay ninguna base legal que permita transformar las negociaciones entre el gobierno soberano de Colombia y un grupo local narcoterrorista en un “Acuerdo Humanitario Internacional Especial,” comparable a la Convención de Ginebra. La guerra terrorista que las FARC han librado contra la sociedad colombiana siempre ha sido y sigue siendo un conflicto interno. De hecho, el único elemento “internacional” del acuerdo sería la recepción que el gobierno de Suiza haga de éste, sin tener competencia ni legitimidad para hacerlo, ni para inmiscuirse en los asuntos relacionados con la derogación o la reforma de la Constitución de Colombia.
Las negociaciones en La Habana no son más que una manera astuta de pasar por encima de las instituciones y de los ciudadanos de Colombia, para imponer un acuerdo que es ampliamente impopular en Colombia.
La forma en que el gobierno de Santos pretende incorporar ese “acuerdo especial” en la Constitución es ilegal por varias razones. En primer lugar, sólo hay tres maneras de modificar la Constitución. El gobierno ha rechazado las dos primeras – un referéndum y/o una asamblea constituyente – y optó por la tercera: la ratificación por el Congreso de un acto legislativo. Según lo establecido en la Constitución colombiana, toda enmienda propuesta tiene que ser ratificada en ocho debates separados en el Senado y en la Cámara de Representantes, en dos sesiones legislativas separadas. La razón de esto es obviamente democrática: la modificación de la Constitución requiere un proceso de reflexión y discusión cuidadosa de los representantes del pueblo y debe tener el tiempo suficiente para que puedan ser tramitados los aportes de los diferentes segmentos de la sociedad y del público.
Sin embargo, en su prisa por empujar los acuerdos de La Habana en un contexto de escepticismo y de rechazo de la población ante las acciones del gobierno, éste propuso modificar la Constitución en un solo acto legislativo que ya iba en su séptimo debate. En consecuencia, ese trámite burlará el proceso prescrito por la Constitución y los senadores no podrán siquiera llegar a debatirlo. Ese texto será votado únicamente por un comité y por una sesión de la Cámara de Representantes. En resumen, ese trámite será ilegal.
Por otra parte, la enmienda incluye una cláusula que hace “inmodificable” el pacto de La Habana, lo que haría imposible que un gobierno futuro lo revoque –algo que la Constitución de Colombia prohíbe expresamente, debido a la naturaleza antidemocrática de tal cláusula. Además, esa cláusula pretende que cualquier futura modificación de la Constitución sea en conformidad con el pacto de La Habana.
En esencia, tal documento irrevocable estará por encima de la Constitución colombiana. Por último, lo más atroz es que esto se hará sin que nadie sepa lo que contienen los Acuerdos de La Habana, pues las negociaciones no han terminado y los puntos en los que Santos y las Farc han llegado a un acuerdo no han sido publicados en forma exacta y completa. Solo un borrador circula en ciertos círculos.
En resumen, el pacto hecho por un puñado de negociadores del Gobierno y sus homólogos narcoterroristas pretende abolir la Constitución de Colombia, y el nuevo documento pretende ser ratificado por un comité y por un voto apresurado en la Cámara de Representantes, sin que ninguno de los congresistas pueda leer tal documento.
Para adormecer a la comunidad internacional, el gobierno de Santos ha prometido organizar un plebiscito. Eso también es un astuto engaño. Es un plebiscito anómalo: los colombianos solo podrán responder con un sí o un no a una pregunta. Ello constituye un mecanismo inapropiado para pronunciarse, –ratificando o rechazando–, un acuerdo muy complejo. Además, ese tipo de plebiscito no es permitido por la Constitución: el gobierno de Santos redujo el umbral para la participación de los votantes de un 50 por ciento más uno de los electores, que exige la Constitución, a un 13 por ciento. Y, como si fuera poco, ese plebiscito sería organizado muy tarde y a último minuto: después de que la reforma de la Constitución haya sido perpetrada.
Las encuestas de opinión muestran de manera persistente que entre el 80 y el 90 por ciento de los colombianos se opone a los principales puntos del acuerdo: impunidad para los responsables de las atrocidades cometidas por las FARC y elegibilidad política de los terroristas de las FARC, entre otros. Las encuestas muestran que el índice de favorabilidad del presidente Santos cae constantemente y que hoy es de sólo un 13 por ciento – el más bajo índice de un presidente en América Latina. Con la opinión pública decididamente en contra de lo que ha negociado hasta hoy, no es de extrañar que el gobierno de Santos trate de vender su pacto en el extranjero, abusando de la buena fe del pueblo suizo para alcanzar sus objetivos.
Respetuosamente solicitamos al Gobierno de Suiza ponerse al lado del pueblo de Colombia y del respeto a la Constitución de Colombia y de sus instituciones democráticas. Por favor, suspenda toda ayuda a esta autocracia emergente y no ayude a erigir un narco-estado fallido en Colombia, apoyando o participando en ese proyecto.
