La derrota de Maduro en Venezuela en las elecciones del 6 de diciembre, no fue una sorpresa. Era esperada en un contexto de caída del PIB por más del 7%, un déficit fiscal superior al 20%, inflación rayando el 200% anual, desabastecimiento del 60%, alta tasa de homicidios, entre otros datos.

 Más ilustrativo aún: el 55% de la población estaría, a finales de 2015 en situación de pobreza. En 2014 el nivel de pobreza era del 48%, superior al de 1998, cuando había sido del 45%; y se agravó este año con el derrumbe de la economía.

Y este es el país que recibe la oposición venezolana reunida en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), después de que obtuviese una contundente victoria en los comicios parlamentarios del domingo, al obtener 112 de los 167 escaños que se otorgaban.

Y por esta victoria que amenaza la supervivencia del régimen en el poder, ya el Gobierno de Nicolás Maduro está buscando la manera de limitar los alcances de la mayoría opositora en el Congreso poniendo en distintas ramas de poder e instituciones públicas a los suyos. Por ejemplo el día de ayer el congreso saliente, cooptado por el oficialismo, nombró como Defensora Pública de Venezuela a la jueza que condenó a Leopoldo López. La jueza Susana Barreiros, que fue quien estuvo a cargo del juicio contra el dirigente opositor fue designada con el voto de la mayoría oficialista del Parlamento saliente y su nombramiento fue anunciado por el presidente de la Asamblea, el polémico y cuestionado Diosdado Cabello.

Y la reacción de la oposición no se hizo esperar: “Proponer a Susana Barreiros es una ofensa. Esta doctora está profundamente cuestionada en su actuación ética y moral”, dijo Hermes García de la bancada opositora, que se abstuvo de votar. Y agregó: “Esta Asamblea Nacional moribunda se ha puesto de espaldas a la voluntad popular”, en referencia al triunfo que le aseguró a la oposición la mayoría parlamentaria que le permitirá, a partir del 5 de enero, nombrar a los integrantes de los poderes públicos, entre otras prerrogativas.