Por Juan Espinal, representante a la Cámara.
En los últimos días hemos dado un debate profundo a la reforma al Sistema General de Regalías en el Congreso de la República, recursos que son de gran importancia para el desarrollo del país y la reactivación económica, que se generan del pago que hacen las compañías petroleras y mineras al Estado colombiano, por explotar yacimientos de un recurso natural no renovable, que se destinan para solucionar las necesidades básicas insatisfechas de los departamentos y municipios como la educación, salud, agua potable y alcantarillado entre otros, y se financian proyectos de gran impacto a nivel nacional.
La nueva Reforma al SGR, que deroga la Ley 1530 de 2012, una vez sea sancionada por parte del señor Presidente Iván Duque, impone en el país una redistribución de los recursos, quedando los departamentos y municipios con un porcentaje del 20%, municipios productores con el 5%, municipios más pobres con una adición del 15%, se destinará el 34% en proyectos regionales de las entidades territoriales, enfocados en (necesidades básicas insatisfechas, población y desempleo); y sin duda uno de los cambios más importantes es la destinación del 10% para el desarrollo de ciencia y tecnología, y el 5% para la protección de áreas ambientales, ecosistemas estratégicos y la lucha contra la deforestación.
No podía faltar la bandera política para que se iniciara el matoneo y el bullying en redes sociales, el artículo 210 sirvió de caballito de batalla para que algunos congresistas, en su mayoría de oposición, manifestaran que este artículo era un “MICO”, porque se trataba de la aprobación del fracking y que además se había incluido a las 11:55 p.m. del día 28 de agosto.
De las cosas difíciles de estar en el Congreso, es soportar la capacidad que tienen algunos colegas de tergiversar la información y mentir; el fracking ni se aprobaba con el artículo, ni quedó prohibido ante la eliminación del artículo en la conciliación. Este artículo que ya existía en la Ley 1530 de 2012, buscaba corregir un error, brindar seguridad jurídica y eliminar las regalías diferenciadas. Por eso le digo a esos que se nutren de las verdades a medias que no le mientan a los colombianos, el fracking sigue su curso.
La ruta del fracking, tanto la energética como la ambiental, se inició en el gobierno de Juan Manuel Santos, quien pidió evaluar esta herramienta y sus beneficios para Colombia. Es curioso que quienes se oponen a los Proyectos Pilotos de Investigación Integral – PPII, se les olvidó este importante dato, incluso en el 2014 Juan Manuel Santos, conformó Comisión de expertos con 14 investigadores y expertos internacionales, con el liderazgo de John Deutch, profesor de MIT en temas energéticos y ex director de la CIA de Bill Clinton. Claro está, que estaban todos muy concentrados en el mal llamado proceso de paz, la JEP y la llegada de los guerrilleros de las Farc al Congreso, sin pagar ni un solo día de cárcel.
Esta herramienta se encuentra sustentada jurídicamente en el Decreto 3004 de 2013, la Resolución 90341 de 2014, en la Ley 1955 de 2019 y en el Decreto 328 de 2020; incluso el Consejo de Estado ante la demanda que cursaba en la alta Corte para que se prohibiera el fracking en el país, estableció en el auto del 17 de septiembre de 2019, que el gobierno podría realizar Proyectos Pilotos de Investigación Integral – PPII, cumpliendo con los parámetros de la Comisión de expertos conformada por el Gobierno del Presidente Iván Duque, incluso la semana pasada el mismo Consejo de Estado, negó la medida cautelar de suspensión del Decreto 328 de 2020, “Por medio del cual se fijan lineamientos para adelantar PPII- sobre yacimientos no convencionales”, demanda interpuesta por la izquierda del país.
Los PPII, son la oportunidad que tenemos para que se tome una decisión técnica, objetiva y rigurosa que dé paso al fracking en el país o definitivamente abra la puerta de la prohibición.
No puedo dejar de manifestar la preocupación que me genera el estado de las reservas de petróleo y gas, que se calculan nos darán sostenibilidad por un espacio de entre 5 y 8 años aproximadamente, y que en el evento de que no se pueda hacer fracking en Colombia, perderíamos la oportunidad de aumentar reservas a 25 años, generar regalías hasta por 36 mil millones de dólares, y pasaríamos de ser exportadores a importadores.
Y aún más preocupante resulta, que quienes ostentan posiciones de defensa de las poblaciones mas vulnerables y piden más recursos de regalías para los mas desfavorecidos, envíen un mensaje confuso gritando que se prohíba el fracking en Colombia cuando el mayor generador de recursos para inversión social son precisamente el petróleo y el gas.
