Por: D´mar Córdoba Salamanca
En medio de la esperanza por un país mejor y diferente; llegan noticias que son simplemente una vergüenza; pues aún en estos días desde la Corte Constitucional salen comunicados de futuras sentencias para promover la impunidad para los narcoguerrilleros de las FARC que cometieron un delito de lesa humanidad como es la violación de niños.
Me refiero a la decisión que tomó la Corte Constitucional sobre la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, de la que conocemos a través de un comunicado de prensa que genera enormes preocupaciones.
Estos son los asuntos, que diré sin orden de importancia porque todo lo que decidió la corte es muy grave y va en contra de los niños y muy en favor de los terroristas de las FARC que no pasarán a la justicia ordinaria, sino que quedarán en la JEP que les condenará con sanciones ridículas que estarían entre los 5 y los 8 años de restricción más no de cárcel, por lo que el violador podrá seguir en el Congreso de la República como si nada hubiera ocurrido.
Según el magistrado Lizarazo el cambio que se pretendió en el Congreso de la República, para que las FARC pasaran en casos de violaciones contra niños a la justicia ordinaria; no era un cambio adecuado y señaló que el Congreso no tenía competencia para establecer sanciones distintas a las establecidas en la reforma que creó el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Dicho en otros términos quienes cometan esos delitos deberán ir a la JEP.
Explicó el magistrado ponente, Antonio José Lizarazo, quien fue asesor en la Habana del Comisionado de Paz, para la negociación con los terroristas de las FARC; se mantuvo la facultad de la JEP para revisar sí el delito cometido por una persona sometida a la JEP se cometió antes o después de la firma del acuerdo; pero además como si fuera poca cosa, le da facultades a la JEP para que practique pruebas.
La ley estatutaria aprobada por el Congreso, proponía unas inhabilidades que recaían sobre los futuros magistrados que llegaran a la JEP, pues se le impedía a abogados que hubieran litigado en contra del Estado en representación de subversivos, hacer parte del nuevo sistema de “justicia”.
Para la Corte Constitucional las mencionadas inhabilidades eran inconstitucionales porque se establecieron después de que los 31 magistrados ya habían sido elegidos.
Y como si no fuera todo esto demasiado grave para la búsqueda de verdadera justicia se declaró ajustado a la constitución la prohibición de extraditar a exintegrantes de las FARC que se acojan a la JEP, priorizando los derechos de las víctimas.
Definitivamente esto va de mal en peor… ahora tendremos que esperar 4 o 6 meses para conocer la sentencia de la Corte Constitucional, que seguro será peor de lo que nos deja ver el comunicado de prensa.
FIN
