Hace noticia en La Hora de la Verdad, José Gregorio Hernández, abogado y ex magistrado de la Corte Constitucional, quien habló sobre la sentencia de la Corte Constitucional sobre el Fast Track, que devuelve al Congreso sus funciones para legislar.
Hernández expresó que el Fast Track fue metido inconstitucionalmente, pues el Gobierno pasó por encima del poder constituyente, amparado en el constituyente primario que es el pueblo. Claramente a veces es necesario hacer modificaciones a la Constitución, sin embargo, el pueblo no se puede reunir todo el tiempo, entonces se entrega la facultad a un órgano constituido, en este caso el Congreso.
Con respecto a lo anterior, también recalcó que existen una serie de requisitos para poder modificar la Constitución, pero que este órgano mismo cambió los requisitos, cuando debió hacerlo el pueblo: redujo de ocho a cuatro debates, los congresistas no tenían posibilidad de modificar ningún artículos de los proyectos que presente el Gobierno y había que pedirle permiso al Gobierno para hacer cualquier modificación.
El abogado afirmó que lo que quiere el Gobierno es incluir absolutamente todo vía Fast Track, hizo énfasis en el proyecto de reforma política que no tiene mucho que ver con el acuerdo, pero que según el Ministro del interior es necesaria para el posconflicto.
También recordó que ese acto legislativo solo entraría en vigencia tras la refrendación popular. El pueblo dijo NO y rechazó el acuerdo, por ende ese primer acto legislativo no entró en vigencia. Luego se hizo una serie de modificaciones, pero esta vez pasaron por encima del pueblo y la refrendación la hizo el Congreso, poniendo en marcha el Fast Track antes de que pudiese entrar en vigencia, además la Corte Constitucional aceptó que la refrendación popular podía hacerse a través del Congreso, pasando por encima del constituyente primario.
Hizo referencia a las declaraciones de Humberto de La Calle quien aseguró que la decisión de la Corte Constitucional sobre el Fast Track no era legítima, sin embargo, no puso en duda la labor de la Corte cuando ésta aceptó que el Congreso sí podía refrendar el acuerdo. Agregó que hablan de que si no hay Fast Track no hay paz y eso no puede ser, “entonces todo lo que vaya en contra de esto es un atentado para la paz”.
Recalcó que la decisión de la Corte es definitiva, es decir, ninguna autoridad puede reproducir la norma que ya haya sido sentenciada, además el asunto queda resuelto, se haya equivocado o no el juez. También explicó que si un magistrado se declara impedido, eso no puede afectar la sentencia. Se declara nula solo si se comprueba que se ha violado el debido proceso.
También hizo referencia a la inclusión de los acuerdos en la Constitución, agregó que eso tampoco es viable, pues es modificar la que existe desde 1991, además ninguna ley puede ser blindada, entonces es imposible que ese acuerdo esté por encima de la Constitución y que no se puede modificar nunca.
Agrega que la sentencia de la Corte Constitucional le devuelve al Congreso sus funciones contempladas en la Constitución, entre ellas, “elaborar, interpretar, reformar y derogar las Leyes y Códigos en todos los ramos de la Legislación”.
