Afirmó que como abogado evidentemente respeta la institucionalidad, pero que tiene el derecho de controvertir las providencias.

En este caso, dijo que la providencia es ofensiva de aspectos constitucionales muy importantes. Por ejemplo, que “hay violaciones de rango constitucional al pasar más de la mitad de las 1.500 páginas, en unas interceptaciones ilícitas”.

Recordó que el mismo analista del CTI reconoció que él desde un comienzo se dio cuenta que ese número no era del Representante Nilton Córdoba.

Lombana recalcó que esas grabaciones son ilegales; sin embargo, la Corte consideró que esas grabaciones eran válidas aun cuando se había ordenado interceptar a Milton Córdoba y nunca a Álvaro Uribe Vélez.

“No hay garantías, hay un sesgo (…). Se homologa más un acto de venganza, un acto de venganza pública por respaldo a un sector de la opinión que odia al señor Álvaro Uribe”.