Por Eduardo Mackenzie

@eduardomackenz1

28 de septiembre de 2019

Para probar que su narración en “versión colectiva” ante la JEP sobre los secuestros que cometieron durante décadas no es una farsa más, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y su equipo, deberán localizar, por orden de la Procuraduría General de la Nación, las tumbas clandestinas de las 522 personas que las FARC asesinaron en cautiverio. Y deberán entregar esos restos humanos a las familias respectivas.

Conscientes de la gravedad de ese expediente, del impacto negativo sobre su roída imagen en el exterior, el partido comunista colombiano y su vocero parlamentario Iván Cepeda, quieren que la opinión pública olvide ese asunto y que las víctimas queden de nuevo sin posibilidad de exigir el hallazgo de esas tumbas.

Lo más detestable es que quien trata de impedir ese acto humanitario, mediante el montaje de una opereta distractora, obra en nombre de la comisión de derechos humanos del Senado.

La operación de diversión consiste en citar a un “debate de control político”, en la Comisión Segunda del Senado, al profesor Darío Acevedo Carmona, director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). El senador Iván Cepeda acusa al historiador de “revisar la historia del conflicto armado y la memoria de las víctimas”. Por eso, dice Cepeda, él quiere “examinar la manera” cómo el director del CNMH está haciendo eso.

Como la prensa colombiana no le dio gran eco al anuncio de Cepeda éste acudió a Prensa Latina, la cuestionada agencia cubana, la cual mediatizó la conminación en una nota del pasado 24 de septiembre.

Darío Acevedo es director del CNMH desde enero de 2019 por decisión del presidente Iván Duque.  Desde entonces, la izquierda castrista está furiosa e inquieta pues hasta ese momento dicho Centro había sido manejado por ella como un fortín excluyente. Según los planes iniciales, el CNMH debía imponerle al país un “relato” especifico, marxista, de lo que ha sido la violencia comunista desde los años 1920 hasta hoy. Ese “relato” es la piedra angular del proyecto político de ellos. Si ese “relato” es desafiado, las bases intelectuales de esa corriente se vienen abajo.

Como las intrigas contra el nombramiento de Darío Acevedo no dieron resultado, éste recibió, el 26 de febrero pasado,  una violenta carta anónima escrita en la papelería del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. “Esa carta es una declaración de guerra”, escribí el 3 de marzo pasado. “El tono que emplea es enfático, altanero. Es una colección de órdenes que le dan al nuevo director del CNMH. Si este no se convierte rápidamente a la religión de los que creen que en Colombia hubo un ‘conflicto armado interno’—la tesis  inventada por los teóricos del PCC y de las Farc para travestir su accionar criminal en acto de emancipación—, los tales ‘historiadores’ tomarán represalias. Anuncian que obrarán para que un sector de las víctimas del ‘conflicto’, léase más bien de la agresión narcoterrorista, ‘retiren los testimonios’ que habían confiado al CNMH. ¿Ese chantaje es digno de alguien que la Universidad Nacional de Colombia acoge como profesor de historia?”. (1)

Es bueno advertir que el 23 de septiembre, la víspera del artículo de Prensa Latina, Eduardo Pizarro, ex profesor de la Universidad Nacional y ex director de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), creada por el gobierno del presidente Álvaro Uribe, publicó en el portal Razón Pública una especie de fatwa  en la que condena al profesor Acevedo Carmona por haberle dado “la palabra a otros investigadores con el fin de que lleven a cabo nuevos estudios en torno al conflicto armado.”  Pizarro insiste en que el CNMH debe ir en otra dirección: seguir la línea trazada por profesores marxistas, como Gonzalo Sánchez, y dedicarse a escribir la historia del “conflicto” pero dentro de los parámetros de la “justicia transicional”.

La incursión de Eduardo Pizarro es interesante pues revela la confusión en que viven esos profesores. Ellos pretenden que como el CNMH tiene unos “marcos legales” en tanto que institución, esos marcos deben ser aplicados también a la actividad del historiador, del investigador.  En mi artículo del 3 de marzo dije: “Creen que la Historia puede ser fijada, constreñida  por una norma legal (la ley 1448 de 2011). Pretenden que el trabajo intelectual de ‘búsqueda de la verdad’ puede ser el esclavo de una norma jurídica, de un corsé leguleyo. Si ese era el método utilizado en las universidades soviéticas, donde la historia no podía escapar al dogma marxista-leninista, ese no puede ser el destino del CNMH. Si ese fue el estilo desde 2011 eso no puede continuar.”

El senador Cepeda y las Farc creen que el CNMH está casado con el “relato” privativo de los comunistas. No pueden entender que ese “relato” no es más que una impostura, una propaganda, es decir una arma vedada de combate político que debe ser abandonada en beneficio de la auténtica investigación histórica, la cual emplea fuentes y métodos que nada tienen que ver con la mitología revolucionaria que fabrican las sectas.

Como lo del “retiro de testimonios” no funcionó contra Darío Acevedo ahora tratan de intimidarlo con un “control político”. Los mamertos tratan de convertir los actos “de control político” del congreso colombiano en su juguete. Ese acto de “control político” es un derecho de los congresistas consagrado por el artículo 114 de la CN. Su sentido es aclarar y profundizar el conocimiento de temas que conciernen los actos del gobierno y de la administración. Es lamentable que el país esté dejando que ese atributo parlamentario sea convertido por una minoría extremista en una especie de picota donde la persona citada es maltratada, calumniada y difamada antes de llegar al tribunal revolucionario.

Con tales intimidaciones y desviaciones institucionales, el PCC y su brazo político, las Farc-partido, van erigiendo así una policía del pensamiento: funcionario que no piense como los mamertos sobre las atrocidades cometidas por las Farc, es llamado a un “debate de control político” en un salón del Senado. El objetivo no es debatir, es hacer que el ministro o el funcionario citado admita que había pensado mal y que, en este caso, en lugar de una agresión subversiva unilateral, ordenada por Moscú para derribar durante la Guerra Fría un régimen democrático latinoamericano, lo que hubo fue, como dice el PCC, un “conflicto armado interno” entre dos bloques sociales y políticos de legitimidad desigual: las fuerzas armadas de un “Estado fascista” y las guerrillas “campesinas” de Tirofijo que luchaban por la paz.

Iván Cepeda rinde culto aquí a métodos dignos del KGB. Él quiere enjuiciar a un historiador indócil por lo que piensa. Quiere obligarlo no sólo a que obre de cierta manera sino que le ordena que piense lo que el partido quiere que piense. “Nos parece incomprensible que quien dirige el CNMH desvirtué y haga esfuerzos por debilitar ese relato, y poner en discusión asuntos que están superados ya en ese debate que ha tenido la sociedad colombiana sobre la violencia y sobre el conflicto armado”, afirma Iván Cepeda.

Falso. No es cierto que los “asuntos” que han ocurrido en Colombia desde la huelga de las bananeras de 1928, hasta la actuación de la grotesca JEP en 2019, haya sido convertido en un “relato” unánime, consensual, que todo el mundo acepta como verdad revelada. No es cierto que ese debate está ya “superado”, hasta el punto de que hay prohibición de reabrirlo por ser la única creencia posible.

La pretensión de cerrar el debate, de impedir que otros investiguen y discutan, es un viejo resorte totalitario. Su base teórica es que el comunismo es un régimen eterno. “El potente sistema establecido por el poder y la educación ideológica hace imposible todo retorno hacia atrás de la historia”, escribía en 1980 Alexandre Zinoviev, quien no era un stalinista sino un filósofo disidente. Hasta allá llegaba esa creencia. Pero ésta se derrumbó con la implosión de la URSS en diciembre de 1991.

Si Darío Acevedo no adopta el pensamiento único, gesticulan Cepeda y Pizarro, él no puede dirigir el CNMH. La libertad de conciencia es así abolida por ellos. La libertad que Pizarro tuvo cuando dirigía el CNRR y la que tiene Cepeda en cada una de sus polémicas andanzas, ellos quieren retirársela a Darío Acevedo Carmona. A los marxistas no les gusta la libertad de los otros. Solo la de ellos. Así son los “demócratas” que pretenden decirle al país cómo estudiar y escribir la historia. A esos extremos de abyección moral e intelectual han llegado los señores Pizarro y Cepeda.

La frase de Cepeda sobre el “revisionismo” es en sí un ataque miserable y una pura difamación. No es cierto que el profesor Acevedo Carmona esté “intentando revisar la historia”. Lo que él hace es trabajar de manera pluralista con el personal del CNMH y con los investigadores de Colciencias y otros universitarios y con las fuentes más diversas y con la panoplia más amplia de víctimas de la agresión fariana, para sacar adelante la verdad histórica que han tratado de ocultar los amigos de la mitología y de la propaganda del “conflicto armado interno”.