Por Fernando Londoño Hoyos. 

Lo que salieron a pedir por las calles del país los jóvenes universitarios cuyos padres no pagan su educación, es nada menos que se las mejoren sin cobrarles nada.

Cualquiera, hasta el más simple, entiende que una cosa de calidad cuesta. Con la educación no puede ser de otra manera. Aulas en perfectos estado, cómodas y amplias, laboratorios de última tecnología, profesores de altos pergaminos y bien pagos, campos para la práctica del deporte, cafeterías bien dotadas, todo eso cuesta. Pero los marchantes quieren todo eso, y por supuesto gratis.

El contrasentido se resuelve con facilidad. Los estudiantes de la protesta saben que la educación que exigen, a gritos y golpes, es muy costosa. Lo que quieren, simplemente, es que no la paguen sus papás, sino los papás de otros. Los que trabajan para generar las rentas que tributan, los que crean empresas en las que trabajarán mañana los de la protesta de hoy, los que soportan una carga tributaria que llega al 70%, son los invitados a esta nueva financiación de los estudios de los que gritan en la calle que quieren todo lo que tienen, y mucho más, pero gratis.

El debate tiene que abrirse, y nos parece la ocasión perfecta para que se abra en toda la línea. Los que pagan billones por educar a los que gritan en su contra, tienen derecho a saber cómo se aplican los recursos que hoy les sacan del bolsillo. Porque las universidades públicas, alimentada por los impuestos y los endeudamientos del Estado, disponen de más dinero del que manejan las universidades privadas. Esas que crecen, que tienen instalaciones impecables, que construyen aulas y que investigan, que pagan profesores costosos y cada vez mejores, que ofrecen una educación excelente para nuestro medio, no reciben por matrículas de sus alumnos más de lo que reciben las públicas, las de los lamentos y protestas, por cada estudiante que habita sus aulas.

Es hora de saber el por qué de la ineficiencia de la universidad pública. El tema no se resuelve tirándole más dinero a ese barril sin fondo. Al contrario, empieza por exigir cuentas a la universidad pública, austeridad en su gasto y transparencia en sus inversiones.

Lo dicho vale como decir que los estudiantes huelguistas y protestones deben empezar por el principio, que  no es esta nunca una mala idea. Ese principio los llevará a enterarse cómo se gastan las enormes sumas que llegan a su universidad, comparándolas con las que llegas a las arcas de la universidades privadas, donde la educación parece mejor que la suya y donde la plata alcanza para educar a los que sí pagan.

Altamente equivocada nos parece la decisión de apaciguamiento tomada a las carreras por el Gobierno Nacional. Un confite de quinientos mil millones de pesos sin precisar lo que pasa con el manejo que los beneficiarios le dan a lo que ya reciben, es irresponsable y corruptor. Que es lo que estamos viendo. Porque ya está declarada la huelga permanente en muchas universidades, inconformes con la golosina que las quiso entretener.

El fenómeno que observamos tiene la grave tendencia a volverse universal. Con la salud pasa otro tanto, porque nadie ha tenido la bondad de decirnos si lo que pagamos por ella está siendo bien manejado. Todos los días llegan noticias de carteles de aquí y de allá, de compadrazgos y otras formas de repelente politiquería que azota los hospitales y los servicios médicos. Pacientes que no existen y se cobran, despilfarros en obras que empiezan y no terminan, medicamentos e intervenciones muy costosas que no ordenan los médicos sino los jueces de tutela, tan generosos como ignorantes en la materia, nos ponen en guardia frente a este otro espinoso asunto.

Debiera ser lección por todos aprendida, que el Estado es pésimo administrador de los recursos que se le entregan. El Estado hace política con la plata ajena, la del contribuyente, y lo que le importa es el número de empleados que puede acoger y nunca la relación costo beneficio de sus inversiones y sus gastos.

Por eso las universidades públicas serán siempre más costosas que las privadas y casi siempre menos excelencia habrá en sus servicios. Las obras públicas cuestan varias veces lo que debieran costar. Los hospitales públicos son modelos de despilfarro e inoperancia. Los subsidios que pagamos se vuelven cuotas de clientelismo y no llegan hacia donde se los destina con ingenua buena voluntad.

Esperamos que esta sea la ocasión propicia, mejor que lo fue otra alguna, para examinar con objetiva seriedad la eficiencia de la universidad pública, la seriedad de sus inversiones, el rigor de sus gastos. Para decirle a estos impacientes jovencitos, que quieren gratis lo que no puede serlo, si es imposible lo que piden porque falte dinero o porque sobra politiquería e incompetencia.