Después de que contrariando la Constitución y la Ley, el tribunal de la JEP decidiera suspender el proceso de extradición del narco-guerrillero de las FARC alias Jesús Santrich, el gobierno Santos se pronunció y aclaró el papel de ese organismo.

En un comunicado firmado por los ministros del Interior Guillermo Rivera y de Justicia Enrique Gil Botero, señalan que la competencia de la JEP para conocer sobre procesos de extradición se limitan a determinar las fechas de ocurrencia de los hechos delictivos y solo en la medida en que exista una solicitud formal de extradición que aún no ha emitido los Estados Unidos.

Dicen los Ministros que la decisión fue tomada con base en unos protocolos que redactaron los magistrados de la JEP, lo que no sería posible para asumir el asunto que debe estar reglamentado en un Código de procedimiento que debe aprobarse en el Congreso.