La Jurisdicción Especial para la Paz afirmó que el Gobierno y otras entidades del Estado colombiano, no han adoptado medidas para salvaguardar la integridad de los 9.000 desmovilizados de las FARC y que al menos 250 guerrilleros han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de La Habana.

El consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, le respondió a la JEP que la Consejería para la Estabilización seguirá coordinando con todas las entidades para que adopten medidas orientadas a la protección de los desmovilizados.

El alto funcionario aseguró que la Unidad Nacional de Protección (UNP) es la entidad más dispuesta para adoptar las medidas y que hay un consenso entre congresistas, jueces y Gobierno, para proteger a quienes se están reincorporando legítimamente.