El gobierno advierte millonarias demandas por errores judiciales ante la entrada en vigencia de la ley de Racionalización de la Detención preventiva que estipula que las personas que lleven un año o más con detención preventiva en establecimiento carcelario sin que les haya sido resuelta su situación jurídica, podrán recuperar la libertad, previa solicitud ante un juez de control de garantías. 

El viceministro de Justicia, Carlos Medina, reveló que el Estado enfrenta demandas por errores judiciales que suman 23 billones de pesos, en su mayoría porque se dictó medida de aseguramiento sin pruebas suficientes. 

De acuerdo con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía general de la nación, para evitar la salida masiva de presos se avanzará en las etapas de juicio de los procesos por delitos simples y solicitar prórrogas –por un año– para los delitos más graves.