Por Fernando Londoño Hoyos

Sería incomprensible que una persona fuera hasta las urnas para elegir un ladrón. Pero dicho a favor o en descargo de ese sufragante anormal apuntaríamos que lo hizo por ignorancia o por desprevención o por olvido. ¡Y que votó por el ladrón!

La cuestión puede ser todavía más espinosa y alrevesada. Y es que nuestro fulano vote por el que le ha robado a él mismo. Y esto sí que es patológico, a fuera de absurdo e incomprensible. Pues mis queridos amigos, nada menos que eso pasó en las elecciones del domingo. Varios millones de colombianos votaron por los ladrones, por los que se metieron a su casa por la noche, o les hicieron el famoso “cosquilleo”, para quitarles lo suyo.

La prensa ha seguido de cerca lo que descubrió la Fiscalía en la casa electoral de la señora Aída Merlano, hoy electa senadora del Partido Conservador Colombiano. Y ese descubrimiento trata de lo que todos sabíamos desde hace tiempo, que en la Costa Atlántica no se depositan, sino que se compran votos. Allá la cosa es con billete, como diría un costeño desenfadado y hablador. Y si no hay billete, no hay voto.

El precio del negocio quedó establecido. Por cada voto a favor de la Merlano se recibían cuarenta y cinco mil pesos, infelices quince dólares de los Estados Unidos, dicho para nuestros pacientes lectores del exterior. Al parecer le daban de encima un mercado, en especie, sin mayores datos del contenido de esa bolsa, tan parecida a las que reparten en Venezuela a los amigos del régimen. Bolsa y quince dólares por cabeza, o si lo quieren mejor, por conciencia. Eso vale un colombiano en día de elecciones.

Lo injusto con la señora Merlano, y vaya nuestra protesta por esa discriminación, es que lo hicieron solamente con ella. Porque es cosa sabida que “hacer política” en Colombia significa eso: el arte de ir al Senado o a la Cámara pagando un mercado y unos pesos, tan poquitos como dejamos dicho. Con lo que estamos advirtiendo otra monumental injusticia, que consiste en poner ese estigma en la piel de los políticos costeños, cuando sabemos que lo hacen todos los de su oficio, en todos los rincones del país.

Y ahí está el secreto de lo que al principio dejábamos expuesto. Los electores votaron por los que les robaron cuanto tenían, declarándose satisfechos con la devolución de comida para una semana y de quince dólares adicionales.
De otro modo no se entiende ningún voto por los que cometieron con Santos el mayor latrocinio de los doscientos años de historia republicana.

El vendedor de su voto no se dio por enterado del robo en que su elegido concurrió, para echarse al bolsillo, con sus amigotes y cómplices, una bonanza petrolera que no volverá jamás. Solo por ese concepto el asalto alcanzó la suma de treinta mil millones de dólares, que hoy alcanzarían, de sobra y de vicio como se decía en mi tierra, para darles escuela de calidad a los hijos de todos los avispados que vendieron su voto; para que tuvieran todos hospitales decentes y atención esmerada y puntual; para que aliviaran la falta de techo que los aqueja; para que tuvieran redes de carreteras aceptables y para que sus hijos aspiraran a un trabajo digno, en una fábrica promisoria o en un campo bien cultivado.

Pero no para ahí las cuentas. Porque los ladrones no se contentaron con tan poco. Además de quitarle a sus infelices electores, y a los millones que no alcanzaron siquiera ese grotesco desquite, les pusieron encima una deuda adicional de otros treinta mil millones de dólares, equivalente a la que habían tomado los Presidentes de Colombia desde Simón Bolívar, de 1819 a 1828 hasta Álvaro Uribe, de 2002 al 2010. ¡Nada menos que eso!

En esa turba de ladrones y cómplices caben todos los partidos políticos que recibieron votos y curules, con excepción del Centro Democrático, el de Uribe, el Mira y otro equipo de cristianos que al parecer sacan tres senadores cada uno. Todos los demás fueron actores y partícipes de esta atrocidad.

La señora Merlano no puede pagar sola semejante desvarío colectivo. Es una injusticia. Merece que le quiten la curul y la guarden muchos años en la cárcel. Pero no a ella sola. Es inequitativo y abusivo. A la cárcel deben ir cuantos acompañaron a Santos en esta locura, cuyas dimensiones solo empezaremos a conocer, en sus horrendos detalles, a partir del próximo 7 de agosto. ¡Pobre Colombia y pobre Presidente electo! Ese infeliz, acreedor de nuestra solidaria ternura, que tendrá que lidiar semejante quiebra, acompañado en el Congreso por los elegidos el domingo, a razón de un mísero mercado y quince dólares en efectivo por votante. Duelo para todos.