Por: José Félix Lafaurie Rivera
Desconcierta la fractura entre la “verdad real” y la “verdad procesal” de la Justicia Transicional. Aterran sus métodos que convirtieron a delincuentes en “acusadores de oficio”. Inquietan sus fallos cargados de generalizaciones, peligrosas omisiones y graves sesgos políticos. Los verdugos de ayer, hoy son las víctimas y prima su “verdad vindicativa” a cambio de rebaja de penas. Es la impresión que deja el reciente auto de uno de los tribunales conocedores de los procesos de “Justicia y Paz”. ¿Acaso la re-victimización de la sociedad y la criminalización de las instituciones, permitirán nuestro rencuentro como nación? No lo creo. Lamentablemente es lo que se desprende del boletín con el cual se anuncia el fallo.
Hace siete años lo advertí y hoy asistimos a las gravísimas implicaciones de politizar la Justicia Transicional. Con todo respeto, no creo que el sistema pueda escamotear los principios de legalidad, independencia e imparcialidad en la administración de justicia. Una decisión ajustada a derecho debe ser producto del ejercicio autónomo de la revisión documental, pruebas y argumentos de los involucrados y del análisis exacto del contexto de los hechos, sin margen a dudas o prejuicios personales o ideológicos. Lo que me lleva a preguntar si un auto que “condena” al Estado y sus Fuerzas Armadas, a un Expresidente de la República, a un conjunto de sectores –ganaderos, comerciantes, mineros y bananeros– y a la sociedad como un todo de promover y financiar paramilitares, puede predicar esas virtudes.
La reducción de penas para crímenes atroces, sigue esperando la moneda a cambio: la verdad material. Pero los fallos nos dicen que los “señores de la guerra” decidieron enlodar en sus “versiones libres”, la honra de cuanto colombiano se atraviese en su camino. Pero, además, la propia justicia está desconociendo circunstancias de tiempo, modo y lugar que determinaron la victimización de millones de compatriotas en la ruralidad. Negar que la hoguera de la violencia se prendió con la precariedad del Estado, es tanto como obviar que las Farc crecieron a su amparo para sembrar terror entre la población indefensa y erigir la extorsión, el homicidio, el secuestro y el narcotráfico a niveles industriales. Verdades incontrovertibles que el Tribunal calla sin justificación y que advierten sus inclinaciones políticas.
Son omisiones imperdonables en el fallo de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín que explican, pero no justifican la generalización de sus juicios, que criminalizan a sectores que, como el ganadero, han sido víctimas sin salvamento ante el salvajismo de las guerrillas. Algunos, no todos y no sólo en la ruralidad, conformaron cooperativas de seguridad obrando dentro de la legitimidad que otorgó la Ley y, otros, cayeron por un error invencible en la ilicitud, impulsados por miedo y coacción ajena insuperables. Conductas que el Código Penal reconoce como causales de exculpación, pero que la Justicia Transicional parece ignorar condenando a diestra y siniestra.
Siempre lo he dicho, al campo le han faltado amigos y ha tenido muchos enemigos por acción y omisión. Una máxima que aplica a las fuerzas armadas que habiendo dejado todo en batalla, son dolientes de una campaña de desprestigio, mientras los genocidas se regodean en La Habana. Una mano oscura que incluso se ha extendido sobre personalidades como el expresidente Álvaro Uribe, cuyo gobierno sometió al paramilitarismo y llevó a sus cabecillas a la extradición, en un contrasentido frente a las mezquinas imputaciones. Es mejor no ponerle el cascabel al gato. Un día caerá la venda de la crueldad de las Farc y las verdaderas víctimas volverán sobre sus derechos. Entre tanto, callar no es una opción. Toda nuestra solidaridad a Luis Alfredo Ramos y a Óscar Arboleda. Sabemos de su rectitud.
