Por Eduardo Mackenzie
@eduardomackenz1
12 de julio de 2018
Si el presidente Juan Manuel Santos no solo aprueba sino que obliga al ministro de Defensa a entregar la documentación militar clasificada que le está pidiendo de manera secreta, desde el 13 de junio pasado, el jefe de la llamada “comisión de la verdad”, los ciudadanos tendremos que contemplar el derrumbe inexorable a corto plazo de un pilar esencial del Estado colombiano.
Aprobar tal traslado equivale a dar el paso más cínico y contundente, peor aún que la firma de los pactos de La Habana, hacia la destrucción de las Fuerzas Armadas de Colombia.
Tal pedido ocurre en una coyuntura muy crítica: en el momento final del mandato de Santos, cuando la violencia narco-subversiva aumenta en las regiones agrarias de Colombia y mientras la dictadura chavista en Venezuela amenaza con bombardear a Colombia con aviones de combate rusos.
Tal es el contexto real de las exigencias que Francisco de Roux le está haciendo al ministro de Defensa Luis Carlos Villegas.
Si el jefe del ejecutivo cede ante esa presión, él mismo habrá consolidado las condiciones para que se le abra un proceso de destitución, antes del 7 de agosto próximo, o de un juicio por traición después de esa fecha. Hace dos días, el expresidente Andrés Pastrana había declarado: “Después de las revelaciones de @VickyDavilaH y la @WRadioColombia no hay duda de que el Congreso debe iniciar el juicio contra @JuanManSantos para decretar pérdida del cargo por indignidad política”. Con la cesión de archivos estratégicos del país a un tercero Santos incurre en el delito descrito por el artículo 97 de la Constitución colombiana. De eso no puede quedar duda.
Esa entrega de documentación especial y confidencial del Estado y de sus fuerzas armadas sería un acto de violación flagrante de la soberanía nacional y un acto de destrucción de las fuerzas de defensa y de seguridad de Colombia. Sería un acto violatorio de la Constitución colombiana, en especial de los artículos 97, 188, 189, numerales 3 y 6, 212 y 217.
Lo que pide Francisco de Roux es un imposible moral y político. Un país decidido a preservar su estabilidad social, política y militar lo rechazaría.
Explotando su calidad de jefe de la llamada “comisión de la verdad”, De Roux pretende apoderarse nada menos que de todos archivos de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Armadas del país (el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía) desde 1953 hasta hoy. En su carta de seis páginas, De Roux detalla en 40 puntos lo que quiere. Ningún tema sensible queda por fuera: toda la actividad de las fuerzas de defensa y de seguridad del país, las actividades abiertas y secretas, las actividades de lucha antisubversiva y contra el narcotráfico, del pasado y del presente y hasta las que están en curso, tendrían que aparecer en esa montaña de documentos pedidos. Miles de personas, civiles, militares, policías, funcionarios del Estado y sus familias, quedarían expuestas y en peligro si esa documentación cae en esas manos. El solo enunciado de la documentación que pide es un acta de acusación velada: él quiere documentación sobre “las violaciones a los derechos humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario”, cometidos, según él, por el Estado y las Fuerzas Armadas.
Aunque sea el jefe de los jesuitas en Colombia y el dirigente de una “comisión de la verdad”, Francisco de Roux no ofrece las garantías para arrogarse siquiera el derecho a hacer una petición de ese alcance.
Desde hace más de 20 años, Francisco de Roux es conocido en Colombia por su activismo político de extrema izquierda y pro guerrillero. Nadie lo calumnia al decir esto. Él mismo, Francisco de Roux, exhibe sin temor alguno su admiración por el ELN y por los jefes de esa banda criminal, sobre todo por Pablo Beltrán y por alias Gabino. En un conversatorio del 28 de abril de 2017, el jefe de la “comisión de la verdad” declaró: “Tengo una verdadera admiración por Pablo Beltrán”. Y reiteró: “El planteamiento del ELN es muy de lo que los colombianos queremos”.
Esa es la persona que quiere que le entreguen, en soportes numéricos y en papel, en “contenedores”, toneladas de documentos militares de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas de Colombia. Él quiere conocer los “medios y métodos de combate utilizados” contra las guerrillas y contra los narcotraficantes, las “estrategias de control territorial”, las relaciones de las fuerzas del orden con “las comunidades y distintos sectores sociales”, las hojas de vida del personal de inteligencia y contrainteligencia y el nombre, por ejemplo, de los héroes de la Operación Jaque. ¿Todo eso para qué? ¿Para hacer himnos a la paz? ¿O para trucar procesos?
Al final de su carta al ministro Villegas, Francisco de Roux advierte que “no puede haber reservas, restricciones o clasificaciones para el acceso” a los archivos requeridos. De Roux pretende que su “comisión” está por encima de la Constitución y de la ley.
Tal es el alcance de lo que pide el conocido activista político Francisco de Roux.
Ningún país del mundo ha accedido a entregar ese tipo de archivos. En Guatemala una “comisión de paz” bajo control de los castristas, intentó apoderarse también de esa información, pero los militares rechazaron la entrega del menor documento.
¿El señor De Roux piensa que Colombia será el único país del mundo que se prestará a ese acto de suicidio institucional y militar?
Ese personaje ha declarado públicamente su admiración por los jefes del ELN, organización que está hoy en día en plena guerra contra el Estado y la sociedad colombiana. ¿Entregarle la documentación que pide no equivale a entregársela, aunque él mismo no lo quiera, a enemigos del Estado, al ELN, a las Farc y, sobre todo, a los jefes internacionales de esas bandas criminales, los servicios de inteligencia militar de Cuba, Venezuela y Nicaragua?
Lo que pide el activista Francisco de Roux, con el pretexto asombroso de que esa información debe hacer parte de los activos que permitirán saber qué pasó “en estos años de conflicto”, y para “pasar bien la página”, fue precedida de un pedido no menos sospechoso de la JEP (justicia especial de paz, otro engendro de La Habana), en marzo pasado: los archivos secretos del ex DAS, aunque esos archivos no hacen parte de proceso judicial alguno.
Esos pedidos de archivos altamente confidenciales del Estado muestran que tanto la JEP como la “comisión de la verdad” persiguen objetivos muy distintos de los que proclaman en su propaganda. Tales pedidos son actos destinados a minar la soberanía nacional colombiana.
Francisco de Roux no ha tenido siquiera el cuidado de pedirle –para preservar al menos la apariencia de un cierto equilibrio de intenciones–, al Partido Comunista, a las Farc (partido y unidades armadas), a los ex militantes del M-19, al ELN, EPL, a las Bacrim y a los demás actores de la guerra subversiva, disueltos o en actividades, que le entreguen la totalidad de sus archivos de inteligencia y contrainteligencia, sus textos de doctrina paramilitar, sus manuales de operaciones, sus listas de asaltos, emboscadas, víctimas, bajas y “daños colaterales” (como dice De Roux), sus listas de secuestros, de sus rehenes, de sus campos minados en regiones y pueblos, y todos los otros detalles de las actividades terroristas, en las ciudades y en el campo, y sus redes de tráfico de drogas, desde 1953 hasta hoy.
A una pregunta sobre ese punto específico, hecha ayer por Caracol Radio, el jefe jesuita respondió enigmáticamente: “Estamos a fondo en esa dirección” y “Nos hemos dirigido a ellos”. Eso es todo. Es decir: él no ha hecho nada en ese sentido. ¿Quién puede creer que él hizo tal exigencia a los actores subversivos en los términos extremos que emplea ante el Estado colombiano? Si lo hizo que lo pruebe. Y que responda a esta pregunta: ¿Por qué una comisión “de la verdad” obra de manera tan mentirosa y unilateral?
Francisco de Roux sabe muy bien que los archivos del PCC y de las Farc no están en Colombia. El Kremlin ordenaba el traslado a Moscú de la documentación más secreta de los partidos comunistas y de sus brazos armados. Esos archivos siguen en esa ciudad, pero no son consultables. Los de las otras organizaciones armadas castristas deben estar en algún lugar de Cuba. ¿De quién se burla De Roux cuando dá a entender que obtendrá documentación confidencial de esas fuerzas?
Hay de protestar y exigir que los archivos militares, de inteligencia y contra inteligencia militar de Colombia que pide el sacerdote Francisco de Roux sean protegidos y no caigan en manos de terceros.
