Por: Libardo Botero C.
Ahora que el gobierno –a través de sus alzafuelles en el empresariado, la iglesia y los medios- ha lanzado la campaña “Soy capaz”, para tratar de convencernos que somos de capaces de aceptar la entrega que se cuece en La Habana, es pertinente que nos preguntemos por lo que Santos es capaz.
Sabido es que para ciertas cosas Santos es un incapaz. Digamos que en cuatro años no fue capaz de sacar avante la reforma a la educación superior, ni la de la justicia, ni la de la salud, ni obras de significación en infraestructura, ni arrinconar la corrupción, ni mejorar la seguridad. Pero no es que sea un incapaz absoluto. En cambio fue muy capaz de reelegirse apelando a los peores vicios y trampas, ha sido muy eficaz en dar al traste con la bonanza fiscal que heredó derrochando los abundantes recursos en mermelada y clientelismo hasta secar las arcas y generar un déficit sin antecedentes, es un as para alinear todas las ramas del poder público bajo su batuta, ha descollado por su capacidad de abandonar la defensa de los intereses patrios y plegarse a la voluntad de sus nuevos mejores amigos, y ha tenido un desempeño admirable en satanizar y perseguir la oposición que no se doblega ante sus pretensiones y ambiciones.
Pero sobre todo en el terreno en que ha dado las muestras más fehacientes de capacidad, ingenio, creatividad, osadía, empeño, dedicación, es en el de la paz o la pantomima de la paz. Es su obra cimera y merece cinco admirado por ella. Es su legado histórico por el cual espera la veneración de las generaciones por venir y del orbe entero. No lo decimos a humo de pajas sino por los hechos ciertos ya conocidos y por los acuerdos que se anuncian. Hagamos un rápido repaso para rarificar lo dicho.
Empezó Santos su tarea elevando a los facinerosos a la categoría de contraparte legítima y equiparable del Estado por medio de la ley de víctimas, al declarar que vivimos un “conflicto armado interno” al estilo de los que contemplan los acuerdos de Ginebra, y no el asedio feroz de una banda terrorista al estado de derecho.
Continuó otorgándoles por adelantado la impunidad que consagra el Marco Jurídico para la Paz. La Corte Constitucional acaba de validar el entuerto, aceptando que todos los delitos atroces posibles (incluido el narcotráfico) –salvo los de lesa humanidad y crímenes de guerra- puedan ser considerados “conexos” con el “delito político” (que es el que han cometido supuestamente al ser partes de un “conflicto armado interno”) y objeto de borrón y cuenta nueva judicial, es decir, amnistías e indultos. Solo faltan dos cosas en este paquete: que para aquellos delitos graves en que para los “máximos responsables” quepa una condena simbólica, esta se cumpla sin pagar cárcel; y que la aplicación de condenas no implique que no podrán los criminales tener participación política y ser elegibles. Seguramente ambas cosas se concederán, acompañadas de una deshonrosa asimilación de los militares al mismo tratamiento, no solo para ganar su aceptación, sino para enmascarar en semejante equiparación la impunidad de los bandidos.
Igualados al Estado había necesidad de otorgarles la facultad de reformas áreas sensibles de nuestra vida y futuro. Se empezó por el campo. Ahora tendremos la reforma agraria integral que tantos gobiernos han soñado. Un Fondo de Tierras compuesto por tres o más millones de hectáreas provenientes de despojos o apropiación indebida de narcotraficantes y otros pillos, será la cuota inicial del reparto masivo, acompañando a otros varias millones de hectáreas bien habidas pero que deben ser expropiadas y redistribuidas, incluyendo si es del caso numerosas propiedades en las goteras mismas de las grandes ciudades. Se excluyen de este fondo las tierras despojadas por las Farc, que el censo de las víctimas cifra como las de cuantía mayor, como una graciosa concesión al grupo armado por su valeroso gesto de intentar dejar de matarnos. Además se aplicará un nuevo avalúo catastral para situar en su valor real al resto de propiedades, forzando su cambio de uso, y generando de contera una multiplicación de los recaudos del Estado, a manera de póstuma reforma tributaria del alcabalero de turno. Y para rematar, la concesión de unas 10 millones de hectáreas a los sufridos combatientes de las Farc, a título de zonas de reserva campesina, con amplia autonomía y desmilitarización completa (de las fuerzas del orden, se entiende, no de las guerrilleras, pues esas serán las áreas que necesitan para “dejar” encaletadas y a buen resguardo sus armas). Nunca se había visto reforma semejante en los anales de nuestra historia.
Pero la reforma tiene un complemento sin el cual no se explica, pues es “integral”. Se trata de lo que sucederá con los cultivos ilícitos como el de coca, tema ya pactado también en los ejercicios académicos de La Habana. El consumo de coca será en adelante un asunto de salud (que nunca otra cosa ha sido), que no puede ser objeto de restricciones o límites, y el Estado se compromete generosamente a tratar a los adictos con dinero su pecunio. Los productores de la hoja dejarán de ser tratados como parias y perseguidos. Las autoridades dejarán de fumigar o erradicar forzosamente los sembradíos, como ya se acordó en El Catatumbo, a manera de ensayo, con resultados deslumbrantes. A cambio de ello se comprometerán a sustituir voluntariamente los cultivos, durante un lapso de tiempo indefinido, con la condición de que el Estado los sostendrá de un todo y por todo en el interregno, y las cuantías de las erogaciones las fijarán las comunidades mismas.
Los planes para tan magnífico cometido los diseñarán los mismos cultivadores y serán ellos los administradores de los recursos que el gobierno les gire, con el muy valioso asesoramiento y acompañamiento de las Farc. De todos modos, reconociendo que las plantas de coca tienen también usos culturales, medicinales y de índole diversa, que merecen ser protegidos, se mantendrán convenientes porciones de cultivos para atenderlos. De manera similar a la marihuana, una provechosa planta medicinal satanizada injustamente, que ahora este gobierno progresista se propone legalizar para beneficio de la población. De nuevo el gobierno ha aceptado una gabela especial a las Farc, eximiéndolos de declarar los dineros y bienes provenientes de su vinculación a ese negocio por décadas, lo mismo que excusándolas de revelar las rutas y conexiones con los otros carteles de la droga.
No podrían quedar las Farc sin una representación política importante después de tantos sacrificios. En consecuencia, como ya se dijo, se buscará eliminar cualquier restricción a su participación en elecciones y cargos públicos. Pero no solo eso. Entendiendo que en las condiciones de desigualdad en que les tocaría competir no podrían obtener sino una representación exigua, como gracioso don se les entregará una buena porción de curules en el Senado sin necesidad de pasar por el engorroso trámite de las urnas. En la Cámara será distinto, más democrático: se definirán unas zonas especiales, especialmente golpeadas por el conflicto (y que por ende son de influencia de las Farc), asignándoles nutridas curules que obtendrán por medio del voto, con la única condición de que allí no podrán participar las otras colectividades políticas. Una solución sabia y salomónica. De igual manera, como han revelado con su sinceridad acostumbrada que son sumamente pobres y no tienen un peso, el gobierno se compromete a entregarles un canal de televisión, varios periódicos y emisoras y otros medios de comunicación, para que puedan expresar sus verdades al país. Una especie de equilibrio de poderes, como ahora se dice. Y a darles adecuada representación en todos los organismos de dirección, planeación y control del establecimiento, incluido el Banco de la República. Será el fin de las odiosas discriminaciones y desigualdades que nos condujeron al cataclismo de la violencia de medio siglo.
Las “víctimas del conflicto”, incluida la guerrilla, tendrán por fin una reivindicación. El Estado, los paramilitares, los empresarios, los partidos, en fin, todos los responsables de la violencia, según dictamen de una comisión de historiadores eméritos, declararán su arrepentimiento luego de “ponerse en el zapato” de los sufridos guerrilleros. Éstos solamente tendrán que aceptar que a veces en la búsqueda del bien para sus compatriotas cometieron algunas equivocaciones o excesos, completamente explicables y perdonables en consideración de sus beneméritas intenciones. La justicia será simbólica, con algunas condenas de papel pero sin cárcel, y sin la obligación de confesar los delitos, pues ya “subsumidos” en el “delito político” quedarán convenientemente purificados.
La guerrilla no se desarmará ni desmovilizará. El país no verá esa foto, está claro. Declarará, luego de concedido todo lo anterior (y otras cosillas que faltan por pulir), que se esforzará por no hacer uso de las armas por un tiempo, mientras se percata de que el Estado y la sociedad sí les cumplen. Entonces se decretará una tregua bilateral, paralizando el accionar de la fuerza pública. Ese período puede durar unos diez años, tiempo suficiente para edificar la corriente paralela, política, económica y militar, que les permita acceder al poder, pero siempre por vías institucionales, pactadas con el ejecutivo, e implementadas por el legislativo y el judicial. De contera la policía será excluida del ministerio de defensa, el ejército convenientemente reducido cesará de actuar en el interior para dedicarse a vigilar las fronteras (salvo las de ciertos países, los de los nuevos mejores amigos), el gasto militar se irá marchitando, y nacerá el ministerio de seguridad pública (con notable participación guerrillera) edificado sobre la ruina del actual de defensa y con el entierro de tercera de la doctrina de seguridad democrática.
Y sobre todo, con la legitimidad que les dará a los acuerdos su refrendación por el pueblo en un referendo. Que a todas luces se verificará el año entrante en concordancia con las elecciones locales, pues para eso se modificó la constitución. En el cual, por medio de una pregunta que podrá responderse con un “sí” o un “no”, el pueblo validará todo el paquete, sin que tenga que pronunciarse sobre cada engorroso tópico. Seguramente en el paquete, y para darle satisfacción a las Farc que ha pedido una Constituyente que refunde la república, se dejará la puerta abierta para que ese u otro mecanismo similar (un “congresito”, o facultades extraordinarias al presidente para legislar según lo acuerde una comisión paritaria de gobierno y guerrilla, u otro) se encargue de implementar las partes sustantivas del acuerdo.
Por lo visto, Santos no es tan incapaz. Urdir todo ese tejido de entregas no es obra de un principiante. Que es capaz de cosas perversas, es capaz. ¿Pero seremos sus compatriotas capaces de comprar semejante paquete? Así se le adorne con cintillas y preciosos colores, no habrá manera de ocultar la felonía. Por tanto no creo que los colombianos lo compren; al menos no la mayoría. De ninguna manera. De mi parte sólo sé decir que yo no soy capaz.
