Luego de las advertencias del fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, sobre el decreto presidencial 903 de 2017, que le permitiría a las FARC usar el dinero producto de su actividad terrorista para su centro de pensamiento, la Corte Constitucional pidió al gobierno explicaciones. 

El Alto Tribunal le dio un plazo de tres días para que explique la viabilidad del decreto 903 de 2017 en el cual se plantea la creación de un fondo para las víctimas con los bienes de las FARC.

El decreto permitiría que la narcoguerrilla ejecute un lavado de activos sobre su fortuna producto de los ilícitos.