La Corte Constitucional pidió una serie de pruebas para empezar la revisión automática de la Ley de Amnistía e Indulto, aprobada vía “fast track” a final de año. La Corte en esta ocasión solicitó  opinión de las altas Cortes, concretamente de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, para que se pronuncien sobre este tema.

Por su parte los secretarios de Cámara y Senado deberán aportar las gacetas y la documentación relacionada con las proposiciones mediante las cuales se dio por refrendado el cuestionado Acuerdo Final con las FARC.

También se espera que en 10 días, el procurador General, Fernando Carrillo, emita su respectivo concepto y los ciudadanos que quieran participar de la discusión deberán hacerlo en ese mismo término.