Patricia Linares, presidente de la JEP, manifestó a la opinión pública que el conflicto de competencia entre la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz, es inexistente.

Para Linares el magnicidio de Álvaro Gómez sería “competencia de la JEP por tratarse de crímenes de guerra y lesa humanidad”, ya que ocurrieron antes del primero de diciembre 2016.

La magistrada de la justicia transicional afirmó que, aunque la Corte Constitucional le permitió a la Fiscalía avanzar en la investigación, esa entidad no tiene la capacidad de generar sentencias judiciales.