El Tribunal Administrativo de Chocó confirmó el fallo que condena a la Nación por el desplazamiento entre 2002 y 2003 de los habitantes del municipio de Bojayá en el departamento del Chocó.

Según la decisión el Ejército y la Policía deberán responder por no haber atendido los llamados de alerta de la población civil. Según los afectados las advertencias sobre enfrentamientos y riesgos de desplazamiento las realizaron durante el gobierno de Andrés Pastrana y nunca recibieron una respuesta.

El Tribunal ordenó el pago de $ 312.000 millones a las víctimas del conflicto.