Por: Edgar Artunduaga
El Procurador Alejandro Ordóñez se mantiene en sus críticas jurídicas al proceso de paz y las conversaciones en la Habana. Piensa que como vamos “el expresidente Uribe irá a parar a una cárcel, y Timochenko –el jefe de las FARC- terminará en el Congreso de la República”.
-“Ese es el panorama que estamos observando. Pienso que acá se está generando una aproximación selectiva para lograr generar espacios de reconciliación, que resultan envenenados cuando se ejercen de manera selectiva”.
Ordóñez considera que estamos enfrentados a un hecho insólito: Judicializamos al expresidente Uribe y a otras personas que afrontaron –en años anteriores- la estrategia antisubversiva, en tanto que los guerrilleros pasarán a ejercer funciones constityentes. “Es una posibilidad no exagerada, una radiografía a la cual nos podríamos ver abocados”.
Ante la pregunta si Uribe Vélez está “libre de todo pecado”, el Jefe del Ministerio Público responde con cautela:
“Yo creo, como lo he referido en otras oportunidades, que el presidente Uribe le prestó un servicio muy importante al país. Que es indudable que uno debe afrontar todos los debates públicos y las actuaciones judiciales a las que eventualmente pueda estar sometido. Pero es indudable que Uribe ha pasado a la historia del país en el ejercicio de sus funciones públicas. Creo que en torno suyo no se pueden generar escenarios de carácter apocalíptico como algunos estarían pensando”.
¿A usted le horroriza ver a ‘Timochenko’ en el Congreso?
Es indudable que no es bueno enviar semejantes mensajes al país. Que los actores de crímenes de guerra, de delitos de lesa humanidad, de genocidios, se conviertan en legisladores. Que pasen de terroristas a legisladores, envía un mensaje a la sociedad de que la violencia sí paga.
Todos estamos de acuerdo que debemos transitar de la guerra a la paz y que deben crearse instrumentos para que sea atractivo ese tránsito por parte de los alzados en armas. Todos estamos de acuerdo que ese tránsito se llama Justicia transicional. Pero también estamos de acuerdo en que debe haber verdad, máximos de verdad, medios de reparación y mínimos de Justicia, pero Justicia. Si las Farc quieren ejercer la actividad política, que la ejerzan. Pero no los responsables de los más graves delitos.
El Procurador teme que se repita la tragedia ocurrida con la UP…
Recordemos el proceso de paz de 1986, que se hizo con amnistías y con indultos. Las víctimas estuvieron frente a sus victimarios y observaron que éstos no sólo fueron perdonados sino premiados y terminaron fundando un partido político. ¿Cuáles fueron las consecuencias?, ¿las reacciones de las víctimas? Tomaron la justicia por sus propias manos. Y pasó lo que pasó con ese partido político. Eso no se puede volver a repetir. Cuando se crean escenarios de paz con impunidad, la paz no es sostenible, produce enormes riesgos.
Colombia no quiere volver a repetir lo sucedido con la UP. Y para no repetirse debe llegarse a una paz sostenible, respetando las víctimas.
¿Usted piensa que si seguimos por el camino que vamos, el que ha liderado el Gobierno, se podría repetir el genocidio de la UP?
Cuando la paz es con impunidad, se corren riegos muy graves para la sociedad. Colombia no es Irlanda. Las Farc no es el IRA. El narcotráfico no son los ideales nacionalistas y religiosos del IRA. Colombia tiene una idiosincrasia que la conocemos perfectamente. Sabemos cuáles son sus comportamientos, no podemos jugar con candela. Jugar con candela es sacrificar las víctimas. Jugar con candela es impunidad. No estamos diciendo, entreguen los armas y tomen 60 años de cárcel. Nadie ha planteado ello.
¿Los acuerdos con el M-19 son un modelo de paz?
Es indudable que dio resultados a todas luces, aunque se generaron heridas. Quienes entregaron las armas, quienes se reinsertaron, quienes se beneficiaron con amnistías e indultos, pasaron a diseñar las políticas públicas, a diseñar nuestra institucionalidad.
Y quienes en ejercicio legítimo de la fuerza, quienes ostentaban las armas legítimas en defensa de la vida, la honra y los bienes, fueron condenados de la forma que hoy conocemos. Hay militares con 40, 50 años y más. Y quienes se le enfrentaron fueron beneficiados de la forma que acabo de referir. Ese síndrome no puede el país volverlo a repetir. No olvidemos los compromisos internacionales, que el sistema interamericano de Derechos Humanos tiene reiteradas decisiones en la materia.
No estamos en los años ochenta. Estamos en el año 2013. Hay unos compromisos que Colombia ha adquirido y no le puede hacer fraude a esos compromisos, ni fraude a la Ley internacional. Y ahora que la decisión de la Corte Constitucional coloca claros límites en ese sentido, tampoco parece que le sirvan esas decisiones de nuestros jueces internos para pretender generar escenarios de impunidad.
Le hago énfasis al Procurador: no se escucha bien, no es bien recibido, que se oponga tan radicalmente a la paz que está construyendo el gobierno con las FARC…
Yo pasé de ser escéptico no hostil al proceso, a realista informado.
Mire, todo el país quiere la paz. No hay la menor duda. Lo he dicho, lo he repetido, ahora y a deshora, a tiempo y a destiempo, con prudencia y con imprudencia; la paz con impunidad no es paz sostenible. Aquí la verdadera disyuntiva no es -como algunos lo han presentado- entre paz y guerra, sino entre paz con impunidad y paz con justicia.
La pretensión de que no vayan a la cárcel, es una pretensión que implica la impunidad en un proceso que deslegitima, que es una afrenta a las víctimas, a la memoria histórica.
Ordóñez insiste en retirarse de la euforia que se siente ante la inminencia por la paz….
El unanimismo no es buen consejero. Yo no quiero, no debo, no puedo atravesármele a la paz. Pero sí puedo, debo y quiero defender a las víctimas. El sacrificio de las víctimas deslegitima un proceso. No lo digo yo, es la institucionalidad. Lo dice la Corte Constitucional cuando afirma que ‘no pueden los responsables de los delitos internacionales ser beneficiarios de la suspensión de la ejecución de la pena’. Lo dice la Fiscal de la Corte Penal Internacional. Lo dicen los tratados internacionales. Tan es así que ahora están pensado acudir a Naciones Unidas para lograr que les permitan que avalen esa dosis de impunidad.
El Procurador Ordóñez opina que el referendo que se tramita en el Congreso para legitimar la paz “será armado” y sólo busca un umbral electoral…
De acuerdo con la información que tenemos, en 2011 había 253 municipios con presencia de las FARC. Hoy no estamos hablando de la elección de Caparrapí. Este referendo se hace para lograr el umbral. No más. Esa es la razón de ser. Ese motivo es abiertamente atentatorio contra la libertad del elector, pero fundamental contra los derechos de los abstencionistas. Tan será así, que nuestro ordenamiento jurídico le otorga valor jurídico a que los abstencionistas puedan integrar comités para promover la abstención.
Tenemos que comernos sapos, claro. Lo que pasa es que los sapos cuando son venenosos causan la muerte al organismo. Así sean con mermelada, los sapos envenenados causan indigestión social.
¿Es una pantomima el referendo? ¿Se está burlando el gobierno Santos de los colombianos con ese referendo?
Yo espero leer las preguntas del referendo. No quiero ser un ave de mal agüero, pero es que ni siquiera el referendo será para preguntar sobre lo acordado, que no se conoce.
Estoy observando y no veo nada bien. Dios quiera que me equivoque. Ojalá que me equivoque. Yo sería el primero en estar alegre por mi equivocación.
Yo no soy tan eufórico. Los colombianos queremos la paz pero con justicia. Aquí se ha pretendido caricaturizar a quienes han criticado o señalado los errores y las vulnerabilidades que pueden estar en este género de procesos.
¿Usted cree que el presidente Santos va a firmar un acuerdo de Paz con impunidad total?
Se quiere la impunidad total, es decir ni un día de cárcel. Se está privilegiando al victimario y sacrificando a la víctima. Lo fundamental es la condición del victimario, desconociendo los derechos de las víctimas.
Sobre sus diferencias con el Fiscal General….
Yo he decidido, hace varias semanas, cancelar cualquier género de debate público con el señor Fiscal General de la Nación. Eso no le sirve a la institucionalidad. No le sirve a la credibilidad de ninguno de los dos órganos. Genera unos escenarios que desdicen tanto del Fiscal como del Procurador. Los debates públicos, con él los he cancelado.
Ni sus desaguisados ni mis intemperancias pueden generar ese tipo de escenarios públicos. Otra cosa es el cumplimiento de mis roles constitucionales y mi compromiso de velar por la integridad del ordenamiento jurídico, de las decisiones judiciales, de los actos administrativos.
