Por Fernando Londoño Hoyos.
André Felipe Arias no fue víctima de una injusticia que hubiera podido cometerse por mala apreciación de las pruebas, por equivocada interpretación de normas o por deficiencias en su defensa. No. Lo que hizo la Sala penal de la Corte Suprema de Justicia no tuvo nada de aquello. La Corte, como en otros casos en los que juzgó uribistas, incurrió en una simple y rotunda canallada.
La autora de la ponencia fue una Magistrada González, que nadie ha recordado por sus sentencias luminosas. Opaca como su alma, doña María del Rosario redactó un esperpento del que más abajo nos ocuparemos. Ahora vale la pena recordar los compañeros de sala que suscribieron el papel infame.
El Magistrado Eyder Patiño no puede entrar a los Estados Unidos. Le quitaron la Visa, una sanción moral que se aplica sin juicio conocido pero por razones harto sabidas. Hoy es Presidente de esa Sala. ¡Qué pena!
Participó en la sala condenatoria un tal magistrado Barceló, persecutor declarado y furibundo del presidente Álvaro Uribe Vélez. Dos de sus Magistrados auxiliares saltaron garrocha de su despacho a la llamada Justicia Especial de Paz, curiosamente para quedar a órdenes del magistrado Arango, miembro del Polo Democrático y con altas acciones en el deplorable caso del narco guerrillero Santrich.
Nadie se explica a estas alturas, por qué sigue libre el magistrado Camilo Tarquino, miembro destacado del Cartel de la Toga y uno de los más elocuentes en sostener que el proceso contra los uribistas no era de carácter jurídico sino político. A Tarquino le llegará pronto su hora de tinieblas.
Cómo iba a faltar en la lista el Magistrado Leonidas Bustos, prófugo de la justicia en Canadá, donde vive a sus anchas con las economías que pudo hacer mientras se manejaba como colega de la magistrada González. El mismo al que el Fiscal preso Gustavo Moreno llamaba “papá” y le regalaba relojes de miles de dólares. Cuando Moreno cuente lo que sabe, Bustos insistirá en su solicitud de asilo al noble país del extremo septentrional de América.
Con menos suerte ha corrido otro de los firmantes de la sentencia contra Arias, el magistrado Gustavo Malo. Muy mal de su grado, sus propios compañeros de Corte, válganos Dios, lo han destituido y ordenado proceso penal en su contra. Otro que va para la cárcel.
Para describir el prontuario de los que condenaron a Arias, será preciso recordar en lo que consistía el Cartel de la Toga. Los magistrados de marras, y otros que pronto se conocerán, negociaban sentencias con los interesados, como con el ex Gobernador Lyons, el de Córdoba, directamente o mediante el magistrado Francisco Javier Ricaurte, hombre fuerte de la Corte ayer y hoy preso por estas fechorías. Valdrá recordar que un hermano de Ortega, Rafael de Jesús, fue apresado como vulgar narcotraficante, con intervención de la DEA. Familia ejemplar.
No hay mucho de qué preocuparse cuando este elenco de sedicentes jueces lo hace a uno su víctima. El Cartel de la Toga es la mayor deshonra que nunca sufrió el poder judicial colombiano.
A Arias no lo condenaron por haberse robado un peso. Los magistrados que lo maltratan lo aceptan expresamente. Lo condenaron porque habría permitido que amigos suyos y aportantes a su campaña política se beneficiaran del proyecto Agro Ingreso Seguro.
Arias no intervenía en esas adjudicaciones. Ni las toleró ni las impulsó ni las hizo ejecutar. El asunto estaba en manos del IICA, institución de la OEA que hace este tipo de cosas en Colombia hace más de 20 años. Los que recibieron esas supuestas prebendas, a quienes Arias no conoció y jamás aportaron un centavo a su campaña, -y que no forman el 2% de los beneficiarios del programa- dividieron sus predios para tener derecho a dos créditos en lugar de uno. Devolvieron el dinero cuando se los requirió y nada les sucedió.
Pero sí a Andrés Felipe Arias. Por ser amigo de Uribe y porque apuntaba a la Presidencia de la República con altas probabilidades y cumplidos méritos, fue condenado a 17 años de prisión, el mayor castigo jamás impuesto en Colombia contra un miembro de la clase política. Esa es la canallada de la Corte contra Arias y la razón por la que se niega a concederle una segunda instancia. La Corte sabe que cualquier juez honesto e imparcial declarará la inocencia de Arias y pondrá en evidencia la monstruosidad que cometió contra este gran servidor de la República, insigne economista, cumplido caballero, ejemplar esposo y padre de familia y digno de llegar a la Presidencia de la República.
Lo de Arias no fue una simple injusticia. Y la canalla que lo condenó está hoy en la picota pública, y huyéndole, como el diablo a la Imagen Santa, de la revisión del proceso que la pondrá en irreparable evidencia.
