Entrevista el ex presidente Andrés Pastrana para el diario español, ABC.
Andrés Pastrana Arango estuvo tres años negociando con las FARC cuando estas estaban comandadas por Manuel Marulanda Vélez, «Tirofijo». Se fue absolutamente solo al Caguán, sin conocimiento de su seguridad, para buscar la vía de la paz. No fue posible. Las pretensiones del grupo narcoterrorista eran inaceptables en un Estado de Derecho. En esta entrevista afirma que con que él hubiera concedido la cuarta parte de lo que ahora ha dado el presidente Juan Manuel Santos se habría firmado la paz en su tiempo. Su denodado empeño en conseguir la paz entonces hace incomprensible para muchos el que ahora haga campaña por el «no» en el plebiscito que ha convocado el presidente Santos para el 2 de octubre.
Para Pastrana hubiera sido mucho más sencillo defender el «sí». No le hubiera generado ninguno de los innumerables problemas que le está provocando con la actual Administración presidencial. A nadie hubiera sorprendido que él pidiera el «sí». Pero, como explica para ABC en su primera entrevista en profundidad después de la convocatoria del plebiscito, su conciencia no le permitía quedarse callado.
-Empecemos por lo que dice el presidente Santos: «Rezo todos los días para no ser invadido por los sentimientos de odio y de envidia que unieron a Uribe y a Pastrana». El que el presidente Santos les haya unido sin duda demuestra una gran capacidad del liderazgo político…
-Esos demonios imaginarios que trasnochan al presidente Santos no tienen por qué ser el motivo de sus oraciones. La contradicción a su acuerdo con las FARC es una postura política, parte del juego democrático, que no debe angustiarlo. Cuando le decimos que es un mal acuerdo porque entrega a Colombia y sus instituciones lo que debe hacer es corregir su rumbo. Lo que no deja dormir a Santos es seguramente su confusión entre los acuerdos y la paz, que son dos cosas muy distintas.
-¿Y no es también muy relevante que además de unirles en esta posición al presidente Uribe y a usted haya unido también al presidente Uribe y a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, que califica el acuerdo de La Habana como «una piñata de impunidad»?
-Es que eso es lo más curioso, porque este es un acuerdo que ha conllevado ese tipo de coaliciones. Por ejemplo, quién se iba a imaginar a Vivanco y Uribe en coincidencia sobre atropellos a la justicia y los derechos humanos. De la misma manera que han coincidido como principales críticos del proceso el vicepresidente Germán Vargas Lleras, que critica el Tribunal diseñado por un comunista español para las FARC, y el fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien plantea que con niveles históricos de cultivos de coca y la permisividad con el cartel de las FARC la paz sería inviable.
-Pero el vicepresidente Vargas Lleras ha dicho que él va a votar que «sí».
-El país entero ha entendido ese «sí» como un «no» disfrazado de quien aspira a la Presidencia con tesis diametralmente contrarias al acuerdo de Santos y las FARC. Las caricaturas no se hicieron esperar.
-¿Cómo se explica un país dividido ante una perspectiva de paz tras tantos años de conflicto?
-El presidente se ha empeñado en vender la idea de que en aras de los acuerdos de La Habana el fin justifica los medios. Y esa inmoralidad democrática, por decirlo de alguna manera, ha calado en algunos sectores. Pero también ha generado una airada reacción en quienes creen en las instituciones democráticas como cimientos de una paz real, a los que el pacto con un comunismo rancio y el narcotráfico no convence.
«Queda el narcotráfico en el que las FARC son predominantes y en el que siguen actuando con socios como “el Chapo” Guzmán, Al Qaida y el cártel de los Soles venezolano»
-Aparte de que el ELN no esté incluido dentro del proceso de paz, hay indicios de que elementos relevantes de las FARC tampoco se suman…
-Que el propio jefe negociador de las FARC pidiera el día de la firma del acuerdo que se declare una guerra a los paramilitares, que hoy son mucho más peligrosos y poderosos que las FARC, y que la guerrilla del ELN, que muchos sindican como sucursal de las FARC, abra negociaciones de paz resume en buena parte lo que viene. Queda además el narcotráfico en el que las FARC son predominantes y en el que sigue actuando con socios como «el Chapo» Guzmán, Al Qaida y el cártel de los Soles venezolano.
-En esto usted ha sido muy crítico, tal vez porque el asunto toca una fibra muy personal…
-Claro, porque todo esto es la consecuencia de la muerte del Plan Colombia por exigencia de las FARC. El Plan fue concebido junto con el presidente Bill Clinton como una ofensiva social y militar contra el narcotráfico y eventualmente contra la guerrilla. Fue tan exitoso que con unas Fuerzas Armadas y Policía renovadas se logró sentar a las FARC de nuevo a la mesa y reducir los cultivos de coca de 180.000 hectáreas en mi Gobierno a 40.000 en el Gobierno Uribe. Pero, por exigencia de FARC, Santos bajó los brazos y les entregó la cabeza del Plan Colombia. Hoy se llega a 200.000 hectáreas y el negocio del cártel de las FARC duplica su tamaño cada dos años.
-¿Es relevante en este contexto que se declare el narcotráfico un delito conexo?
-El presidente Santos está pidiendo que se declare el narcotráfico como un delito conexo, amnistiable, porque sus recursos fueron utilizados supuestamente con fines de rebelión, para ganar la guerra que le declararon a Colombia. ¿Cómo le podemos explicar al mundo que el tráfico de drogas y sus secuelas tan graves de terrorismo y salud pública son apenas un delito conexo, una infracción tan grave como estacionarse en una zona no permitida?
-Es evidente que todo proceso implica hacer concesiones, porque si no no hay una negociación. El escritor Héctor Abad Faciolince sostiene que Uribe o usted si hubieran estado en el poder ofrecerían una impunidad igual o mayor que esta a las FARC.
-Ese argumento de Abad a favor de la impunidad de criminales de guerra y delincuentes de lesa humanidad es, en lo que a mí concierne, absurdo. Es que el fin justifica los medios. Si yo les hubiera entregado a las FARC una cuarta parte de lo que les entregó Santos, ellos me habrían firmado a la carrera cualquier cosa. A un alto costo político, no entregué nada y retomé de inmediato el área de negociación. A Santos le dije «lo acompaño dentro de la Constitución y de la ley». Así lo hice. Pero cuando la propiedad privada se puso en duda, cuando entrega diez millones de hectáreas productivas a las FARC, cuando pasa por encima de la separación de poderes y las garantías democráticas y asume poderes dictatoriales, cuando entrega la Justicia, cuando redacta otra Constitución con las FARC, ahí dije no más.
-Pero parecen estar desgañitándose contra un acuerdo que una amplia mayoría considera que es bueno…
-La función de los líderes políticos es advertir en conciencia. Aun a riesgo de asumir el papel de aguafiestas. El Gobierno bajó el umbral de participación en el plebiscito de la amplia mayoría de 50 por ciento, violentando una salvaguarda constitucional, a un mínimo 13 por ciento. Mala señal. Solo entre 2012 y 2014, para la campaña presidencial de Santos sobre el mismo tema, se gastaron mil millones de dólares del presupuesto en «publicidad y eventos». Pésima señal. Esta corrupción no tiene antecedente en el mundo. En medio de esta avalancha, obviamente vamos a contramano de la aplanadora publicitaria del régimen y su propaganda con imágenes de ríos de leche y miel.
-Hablemos de la justicia transicional, que es especialmente cuestionada. «Comisión de la Verdad»: parece normal que en cualquier proceso de este tipo tenga que haber una comisión así. ¿Por qué sus críticas, entonces?
-El Acuerdo de La Habana borra la línea entre víctimas y victimarios. Se perdió la figura del victimario. Partiendo de ahí, de la historia que pretenden reescribir a su antojo, del simulacro de justicia montado en un seudotribunal, todo queda bajo sospecha.
«Las penas son una burla, como dice Human Rights Watch. Es un simulacro de justicia»
-Pero esa Jurisdicción Especial para la Paz contempla el poder confesar sus delitos, el reconocer aquello que se ha hecho mal y así obtener penas reducidas.
-La efectividad de la jurisdicción se mide por las penas, dice la Corte Penal Internacional. Y las penas son una burla, como dice Human Rights Watch. Es un simulacro de justicia.
-Y este carísimo proceso de creación de nuevas cortes de justicia transicional al margen de las ya existentes y de volver a juzgar lo ya sentenciado con anterioridad, ¿cómo se va a pagar?
-No hay recursos. Ni de lejos. Ni siquiera con los nuevos impuestos que vienen con el plebiscito.
-Aunque a cambio están obteniendo muchas otras prebendas…
-Por ejemplo, una cadena de radio con 30 emisoras FM, 26 curules efectivas en el Congreso, control político y control territorial de vastas zonas del país, entre otras. Las FARC se llevan la parte del león cuando Santos reparte con ellas el país.
-La pregunta que se ha planteado para el plebiscito del 2 de octubre es: «¿Apoya el acuerdo final para terminación del conflicto y construcción de una paz estable y duradera?». ¿Le parece que refleja correctamente lo que se está discutiendo?
-Ese es un debate un tanto estéril a estas alturas, si se tiene en cuenta que es apenas la punta del iceberg de corrupción y entrega de las instituciones. Habrá un seudoplebiscito deformado, con las FARC armadas, con todo el presupuesto nacional en campaña, al que aún jefes de Estado extranjeros prestarán sus nombres al intervenir en un acto puramente de política interna solo seis días antes de la cita con las urnas.
-¿Cuántos dirigentes de las FARC hemos oído salir a criticar el acuerdo?
-Hasta ahora el Frente Primero de las FARC ha dicho que no entra al proceso porque es el que maneja el negocio del narcotráfico. Las FARC se acaban como guerrilla, pero siguen como cártel.
-En Venezuela hemos visto a lo largo de los años cómo el Parlamento chavista le iba dando competencias al presidente, leyes habilitantes en detrimento del propio Parlamento. ¿Hemos vivido algo similar en Colombia?
-En Colombia se dio un golpe de Estado. El acuerdo con las FARC deja unas instituciones maltrechas y un Ejecutivo dominante y dictatorial. Y la locura máxima de una Constitución nueva, pétrea e irreformable. Lo que hemos advertido es que los partidarios del acuerdo confían en que los jueces y funcionarios sean honestos. Pero no tienen en cuenta que unas instituciones torcidas, aun en manos de la Madre Teresa, constituyen una bomba de tiempo a la democracia. Así sucedió en Venezuela. Por eso le preocupa tanto a Maduro que las instituciones caigan en manos de sus adversarios por mayoría abrumadora.
-Dicho así, esto suena peor que la Venezuela de Chávez y Maduro…
-Un «tuitero» colombiano ha recomendado en las redes sociales: «Si les da pereza leer las 297 páginas del acuerdo, no se preocupen, la película la están presentando en Venezuela.
«El nuevo tribunal absolverá a las FARC y juzgará a los demás»
-El Gobierno del presidente Santos sostiene que tiene el respaldo de la Corte Penal Internacional, que habla de una «auténtica rendición de cuentas». ¿Eso es un aval completo, como lo presenta el Gobierno?
-La caricatura ya clásica de Santos es la que lo pinta como un Pinocho con una nariz tan larga que debe anudarla. Este es uno más de sus engaños. La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Besouda, ha sido diplomáticamente dura exigiendo «penas efectivas» (cárcel) y «responsabilidad penal» (accountability) para criminales de guerra, terroristas y críminales de lesa humanidad que el Gobierno pretende premiar con risibles penas de trabajo en una huerta de hortalizas o pintando paredes de escuelas. Una burla a la Justicia, un simulacro de juicio. En esto ha sido muy clara. Lo que seguramente va a suceder es que, tarde o temprano, los cabecillas de las FARC deberán responder ante la CPI, porque los indultos disfrazados de penas esta no los admite en los casos de los crímenes más monstruosos e inhumanos.
-Pero el acuerdo prevé la creación de tribunales en el marco de una Jurisdicción Especial para la Paz…
-Ahí está el gran triunfo de las FARC. Han logrado que un comunista español [el abogado Enrique Santiago] diseñe un tribunal a su medida y el Gobierno lo acepte. Con jueces seleccionados por las FARC y el Gobierno, suplantando a la Justicia colombiana, asumiendo aún casos de cosa juzgada, actuando indefinidamente con poderes omnímodos y con jueces extranjeros, sin control de organismo ni persona alguna, dispensando justicia de punto final como instancia única y definitiva. Ese tribunal tiene el mandato de absolver a los jefes de las FARC y sus crímenes de guerra y el poder para juzgar al resto del país cuando y como quiera. Me pregunto si ETA logrará esto algún día, ya que el Congreso de los Diputados está tan fascinado con este esquema.
-¿No tiene la sensación de que en su contestación se están quedando un poco solos? ¿De que en su propio Partido Conservador hay una parte muy relevante que está a favor del «sí»?
-Sí, solo con mi conciencia democrática contra una bancada plegada a la chequera del presupuesto. En eso usted tiene toda la razón. Esa misma batalla del pueblo contra los políticos la dimos en la última elección presidencial de 2014 y les ganamos a los caciques a voto limpio, contra los billones del presupuesto estuvimos con las bases del Partido Conservador.
-Estamos hablando de tres millones de hectáreas que van a ser entregadas a las FARC y en este momento hay productivas en el país unos seis millones de hectáreas, más o menos, y las FARC tienen en este momento bajo su control un millón. Por lo tanto, la mayoría de las tierras productivas del país quedarían bajo su control. ¿En qué posición deja esto al resto del país y cómo se va a gestionar?
-Esto es lo que yo llamo una pregunta sentencia. Ernesto Samper, cuya presidencia fue comprada por el cártel de Cali, manejará al menos la mitad de las tierras productivas del país a su antojo. Él es la mano derecha de Santos y muy cercano a las FARC y a Nicolás Maduro. El acuerdo deja la propiedad privada en entredicho y al Tribunal plenamente libre de interpretar la propiedad a su antojo.
