Cerca de 18.500 pruebas de COVID-19 presentaron fallas en el diagnóstico de la enfermedad, lo que representaría una pérdida de más de $4.000 millones para el Sistema de Salud, de acuerdo con la Procuraduría General de la Nación.
Tanto la Contraloría General de la República como la Procuraduría General de la Nación advirtieron que los recursos del Estado destinados a la atención de la pandemia deben ser gestionados con eficiencia.
Por otra parte la Contraloría y la Procuraduría exhortaron a las entidades regionales y a la Superintendencia Nacional de Salud a que ejerzan vigilancia sobre las IPS de cada jurisdicción, conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud.
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