Este será el grito que salga de millones de gargantas y de millones de corazones que pueblen las calles de Colombia este próximo sábado primero de abril.

Jamás se ha podido despreciar la voz de un pueblo enfurecido, indignado, traicionado, burlado. Quienes lo intentaron la pasaron muy mal, y no solo en el complejo aunque inapelable tribunal de la Historia. La pasaron muy mal, de veras, de puras veras.

Los colombianos no sabíamos cómo salir de Santos. Andábamos enredados en el cuento de una revocatoria de mandato que solo está dispuesta en la Constitución para los gobernadores y los alcaldes, pero no para el Presidente. Por eso, tal vez solo por eso, y por lo tardías que fueron las pruebas que mencionaremos, habíamos olvidado el mandato del inciso sexto del artículo 109 de la Carta Magna, que a la letra dice:

“Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto”

Para quienes no conozcan algo de lo que vale exponer aquí, el “presente acto legislativo” de que habla el inciso transcrito es de 2.003 y las campañas putrefactas de Santos fueron del 2.010 y del 2.014. No cabe duda de la aplicabilidad de la sanción.

Por lo que hace a la campaña del 2.010, haciendo aparte y en gracia de discusión las innumerables trapisondas adicionales, ya Santos confesó públicamente, en espacio especial de televisión, la violación de los topes electorales del 2.010. La confesión es la “probatio probatissima” de la que hablamos los profesores de derecho probatorio. Y no vale para nada el cuento ridículo de que “me acabo de enterar”. Lo primero, porque nadie soborna a espaldas del sobornado, y menos un especialista en el crimen del soborno como la brasilera Odebrecht, la que giró a la campaña, para pagar afiches de último impacto, los 400.000 dólares confesados por Santos. Y lo segundo, porque aquí se trata de una responsabilidad objetiva, en la que no caben debates sobre la intencionalidad, el conocimiento, el grado de culpa o de dolo con que se actuó. Se violaron los topes y punto. Santos se robó las elecciones del 2.010 y debió ser sancionado con la prohibición de posesionarse, si antes se hubiera probado el hecho, o con la destitución fulminante en caso contrario.

Pero la campaña del 2.014 fue peor. Recordemos, para empezar, las palabras de Santos anunciando que había perdido la primera vuelta por descuido, pero que para la segunda estaba lista la “munición”. Para este corrupto la “munición” es la plata para la publicidad desbordada que compra medios de comunicación y el dinero maldito con que el día de las elecciones se compran en Colombia las conciencias de ciudadanos humildes y prostituidos.

De esa munición, y de sus dimensiones, nos enteraremos pronto porque no hay nada oculto bajo el sol. Pero ya tenemos pruebas suficientes, plenas, inexorables.

La misma Odebrecht ya anunció que entregó para la campaña un millón de dólares a una firma del  corazón y del bolsillo de Santos, Propaganda Sancho, a través de su filial en Panamá. La misma técnica y la misma vía de los cuatrocientos mil de 2.010.

El Presidente de Interbolsa, quien también fue del corazón de Santos y al que le queda mucho por contar, ya confesó públicamente que le entregó a a la campaña 150.000 dólares al jefe de ella, entrañable seguidor de Santos y beneficiario de sus larguezas y cochinadas, Roberto Prieto. Y también se supo, con pruebas en la mano, que un señor Mugrabi, socio de amigos de Santos, en su propia casa, entregó a Santos, a su futuro Embajador en España Orlado Sardi y a un tal Alberto Preciado,  la suma de ciento cincuenta millones de pesos.

El hecho está probado y la responsabilidad plena e ineludible. Santos está destituido moralmente, y hay que trasladar ese veredicto inapelable al campo del Derecho y sobre todo de la Política.

No hay que esperar nada del Fiscal Martínez Neira, quien ya se entregó a Santos cuando su jefe político, Vargas Lleras, celebró con el espurio  Presidente acuerdo que estamos descubriendo. Así que la palabra la tiene el juez máximo, el constituyente por antonomasia, el administrador inapelable de la verdad histórica: el pueblo.

Y será ese pueblo el que exija que se cumpla inmediatamente la sanción del artículo 109 que transcribimos arriba y quien destituya a Santos. No hay lugar para esguinces ni dilaciones. La marcha del próximo sábado primero de abril será la de una sentencia insobornable:

¡FUERA SANTOS CORRUPTO, FUERA YA!

Y ¡ay! del que aguarde el empuje de nuestras lanzas revueltas.