Por Paola Holguín, senadora de la República.

Siempre he sido respetuosa de la institucionalidad y de las decisiones de las distintas ramas del poder, así no las comparta. Y creo que una de las ventajas de vivir en democracia, es que en aras de la cooperación armónica a que estamos llamados todos los entes del Estado, se pueden hacer respetuosas observaciones. Por eso, frente a las medidas cautelares de la Contraloría contra algunos contratistas de Hidroituango, quisiera hacer algunas reflexiones, porque además de la rigurosa vigilancia a que está obligada la Contraloría sobre bienes y dineros públicos, como máximo órgano de control fiscal del Estado, también es importante que se midan las consecuencias económicas, sociales y políticas para el País de sus decisiones.

Lo que más preocupa es que la posible suspensión de obras civiles que se generan con la intervención o medidas cautelares a los contratistas que trabajan en equipo con EPM y garantizan esa sinergia, llevaría a retrasos que podrían traer como consecuencia el desbordamiento del río Cauca, poniendo en riesgo la vida de las comunidades aguas abajo y provocando un gran desastre ambiental.

El vertedero se construyó con una vida útil de 100 años, para verter ocasionalmente en épocas de temporada de lluvias o cuando se detienen las turbinas para mantenimiento y reparaciones. Actualmente, el vertedero lleva operando continuamente más de dos años, con estricto mantenimiento para garantizar su estabilidad. La única forma de certificar la vida útil del vertedero es que el agua fluya por las turbinas, cualquier retraso en la generación, implica riesgos en las losas de concreto en los canales de conducción del vertedero. Además, se requiere el reforzamiento y mantenimiento del cuenco y se tienen que terminar obras como: la construcción del tapón definitivo, la estabilidad de casa de máquinas y los taludes alrededor de las obras civiles del proyecto. 

De otra parte, el incumplimiento de las obligaciones de generación de energía de EPM ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas- CREG, por la no entrada en operación a tiempo de Hidroituango, implicaría multas millonarias, y, como se trata de un megaproyecto financiado por entidades multilaterales y la banca nacional e internacional, no terminarlo o tener un atraso importante tendría implicaciones en las finanzas de EPM y en su sostenibilidad a largo plazo.

La afectación sobre EPM repercute no sólo en los programas sociales que ejecuta el municipio de Medellín gracias a los excedentes por más de un billón de pesos que recibe anualmente; sino que influiría en Afinia (filial de EPM que requiere inversiones y que antes era Electricaribe); además de los departamentos de Santander, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío y Chocó, donde brinda servicios la Empresa. Con la alerta siempre encendida que habría desabastecimiento de energía en el país, porque sólo Hidroituango representa el 17%.

Las posibles medidas cautelares que se impondrían a las partes involucradas en la investigación de responsabilidad fiscal, a lo sumo permitirán recuperar una fracción de las pretensiones, mientras que los sobrecostos e impactos económicos de una suspensión de las obras de Hidroituango superarían enormemente esa cifra. Y, cualquiera de los contratistas a los que se les aplique medidas cautelares perdería su capacidad operativa, lo que llevaría a la pérdida de más de 20 mil empleos en plena crisis generada por la pandemia, así como a la parálisis de múltiples proyectos de construcción en Colombia.

Se falta a la verdad cuando se habla de Plan B, ¿cómo se va a sustituir el conocimiento, la experiencia, la sinergia y el trabajo en equipo de los contratistas principales? Esa es una tarea que podría tardar meses e incluso años y generar sobrecostos que son inviables para EPM y los propietarios del proyecto y lo más grave pondría en alto riesgo la vida de los habitantes río abajo.