Por Paola Holguín, senadora de la República.

John Maxwell, el escritor, entrenador y conferencista sobre liderazgo, escribió, “Cuando a la gente le falta esperanza, el líder debe tenerla. Cuando a la gente le faltan respuestas, el líder debe darlas. Cuando a la gente le falta dirección, el líder debe dirigir”. Y en esta coyuntura esa es nuestra obligación; pero solo podemos tener respuestas, ser esperanza y dirigir, si volvemos a escuchar a los ciudadanos; porque no es con tesis de tecnócratas o desde la lejanía que se puede construir una plataforma para el presente y futuro de Colombia, es en el terreno con los ciudadanos. 

Después de casi un año de encierro por la cuarentena, ahora que empezamos nuevamente a recorrer el país, estamos encontrando muchos temas comunes en la regiones, por ejemplo, la preocupación por la corrupción y la inseguridad. Y en el diálogo con los ciudadanos,también hemos confirmado que con ellos se encuentran alternativas de solución; corroborando lo que siempre hemos dicho, quien padece el problema es quien más y mejores caminos de solución encuentra.

En estos temas –corrupción e inseguridad- existe un elemento común que les es transversal, la justicia, ¿por qué la justicia?, porque todo delito, sea corrupción, narcotráfico, secuestro, o cualquier otro, está vinculado a la impunidad, se trata del cálculo costo – beneficio, y un país donde delinquir tiene bajo costo, porque el nivel de impunidad es superior al 90% según la propia Fiscalía, es un país caldo de cultivo para todos los delitos.

En el tema de corrupción, el último informe de Transparencia Internacional que midió 180 países y territorios, en una escala que va de 0 (corrupción inexistente) a 100 (corrupción elevada); en el Índice de percepción de la corrupción 2020 Colombia obtuvo 39 puntos, ubicándose en el puesto 92. En este mismo informe la organización recomienda para luchar contra el Covid y mitigar la corrupción, que los Estados se comprometan con cuatro puntos básicos: reforzar los organismos de supervisión, procesos de contratación abiertos y transparentes, defender la democracia y fomentar el espacio público, publicar datos pertinentes y accesibles.

En Colombia se viene legislando para combatir la corrupción, para endurecer penas y quitar beneficios; se está tratando de transparentar la información y mejorar los temas de contratación -por ejemplo a través de pliegos tipo-, pero la impunidad continúa siendo el tema crítico, además de la recuperación de los recursos. Con los demás delitos sucede lo mismo; mientras no logremos reformar la justicia para bajar la impunidad y quitemos el dinero ilícitamente adquirido, vamos a continuar en esta espiral. No importan las bajas y las capturas de delincuentes, mientras no les quitemos el combustible, que son los recursos.

Por eso, además de la reforma a la justicia, tenemos que volver sobre la ley de extinción de dominio, donde es necesario cambiar normatividad en materia procesal para acortar tiempos, cambiar la investigación patrimonial, modificar estructura y funcionamiento de la Sociedad de Activos Especiales- SAE, pasar al sistema oral y proceso probatorio a la luz del código penal, y pensar en la creación de un grupo especializado de Policía en extinción de dominio similar al de Perú.

Adicionalmente, debemos centrarnos en el fortalecimiento de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF); un organismo de inteligencia creado a través de la Ley 526 de 1999, que tiene la importante misión de prevenir y detectar el lavado de activos y la financiación al terrorismo. 

La UIAF ha centrado sus estrategias de inteligencia financiera, en ciencia, tecnología e innovación, para la afectación de las economías ilícitas (narcotráfico, contrabando, minería ilegal, corrupción y extorsión, entre otros delitos fuente del lavado de activos), que permitan llegar al desmantelamiento de las organizaciones criminales; pero para mejorar sus resultados necesitamos, más y mejor información de todos los actores públicos y privados encargados de enfrentar el crimen organizado en el país; y más recursos para atender los retos nacionales e internacionales que implica la enorme tarea desarrollada por la inteligencia financiera. 

Así, para el combate a la corrupción y demás delitos, necesitamos reformar la justicia, fortalecer la UIAF y mejorar la extinción de dominio.