La Contraloría General de la República generó 69 alertas por irregularidades en contratos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El ente de control halló que se estaban repartiendo raciones alimentarias a cerca de 15.000 muertos.

La Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría logró determinar que, de 28.000 raciones de alimentos entregadas, más de la mitad estaban destinadas a personas fallecidas y que dichas irregularidades superan los $2.000 millones de pesos.

Además de lo anterior, la entidad halló que una supuesta madre de 172 hijos habría recibido una canasta familiar por cada uno de ellos. Dichas anomalías se presentaron dentro de los programas de atención a la pandemia del COVID-19.