La Procuraduría Nacional de la Nación pidió que se anulen el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014, que fijaron los criterios y procedimientos para la explotación de yacimientos no convencionales en Colombia, más conocido como fracking.

Según el Ministerio Público dichas normas permiten desarrollar una actividad que puede traer graves e irreversibles consecuencias para la salud del ser humano y que causa daño a las aguas subterráneas y superficiales.

La Procuraduría solicitó que se aplique el principio de precaución y priorizar la protección del medio ambiente y en especial el recurso hidrográfico.