Por Fernando Londoño Hoyos.

Será recordado el de mañana como el día más vergonzoso en la historia de las Cortes de Justicia de Colombia.

La llamada de Suprema, que nada tiene de su título, le recibirá indagatoria al mejor de los Presidentes que Colombia ha tenido en los 200 años de su existencia republicana. Y lo hará con pruebas amañadas, con trampas de la más baja estofa, en vísperas electorales y con el único propósito de ofender al Presidente, de humillarlo, de reducirlo a la condición de un criminal miserable.

No olvidemos la prueba reina que la Corte tiene contra Uribe. Es la grabación de centenares de conversaciones privadas suyas, obtenidas con el truco más obsceno que se conozca. Porque como habrá de recordarse otra vez, la prueba de la interceptación telefónica no la decretó nadie, como que ni siquiera había proceso donde se pudiera ordenar. Pero en otro distinto, la Corte dispuso que se oyeran las conversaciones de un ciudadano chocoano, que nada tiene que ver en este asunto y ¡vaya sorpresa! El número telefónico resultó errado y por pura casualidad, entre treinta o cuarenta millones de celulares se interfirió el del Presidente Álvaro Uribe Vélez.

Un juez decente ofrece disculpas a la víctima del error y desestima de plano las conversaciones escuchadas. Un juez decente. Pero es que hablamos de la misma Corte que tiene varios de sus miembros procesados por vender sentencias, sin que sus compañeros lo hubieran advertido. Esa corte, la del Cartel de los negociantes de fallos, es la que cometió el disparate que queda dicho y enseguida tuvo la desvergüenza de sostener que se trataba de un error plausible, porque el interceptado de casualidad era persona de significación. Esa vagamundería la dice nadie menos que el Presidente de la Sala Penal y de la Corte entera y sus compañeros juzgan maravillosa la tesis jurídica, la acogen y se dedican con fruición a escuchar las comunicaciones privadas del ciudadano a quien no estaba investigando, a considerarlas como prueba en su contra y a “filtrarlas” a periodistas de similares perfiles morales, para que las difundan en vísperas de la mentada indagatoria.

Por menos debería estar en la cárcel cualquier juez promiscuo o del circuito que actuase de modo parecido. Esa no es una Corte. Parece mejor  una pandilla despreciable de sujetos que abusan de su poder y de su investidura.

No sabemos lo que haya dicho el Presidente Uribe en esas horas de sus inquietas conversaciones de hombre público y dirigente político. Ni nos importa. Solo nos reiteramos en que la técnica de la Corte para grabar a su enemigo, que no a su investigado, es oprobiosa, jurídicamente detestable, legalmente nauseabunda. En términos bien castizos, una solemne porquería.

Pero esta es solamente la técnica probatoria. Porque el origen de la actuación penal es todavía más horrendo.

El Presidente Uribe se querelló ante la Corte contra un sujeto llamado Cepeda, porque estaba visitando cárceles,  las de los más bajos fondos de la delincuencia, para conseguir pruebas en su contra. Vieja manía de ese sujeto a quien el país recuerda en similares hazañas desde tiempo largo y a quien ha visto en las celdas de las cárceles, armado de videograbadora para recoger testimonios y comprometer voluntades enfermizas.

Pues bien. La Corte resolvió que el denunciado no es a quien debe investigar, sino al denunciante. Y arma semejante esperpento, buscando mentes delirantes que gobiernan sujetos con largo prontuario criminal. Hasta donde sabemos, la Corte no tiene un solo testigo que no sea persona condenada a decenas de años de prisión y que desde el fondo de su miseria busque rebajas de penas o alguna notoriedad. Y vaya si la consiguen. Ser mencionados y actuar como testigos contra el hombre más importante de Colombia no es corto premio para su perversidad y su insignificancia.

Todo esto ocurre en vísperas electorales. La Corte quiere desaparecer del mapa al jefe del Partido más votado en las elecciones pasadas, para favorecer a sus amigos de la izquierda. No olvide nadie que hablamos de la misma Corte que liberó a Santrich y le permitió que se fugara. De la misma Corte de Ricaurte, de Barceló y de Bustos,  de Malo y de Camilo Tarquino y de Eyder Patiño. De la misma Corte grabada cuando decía que necesitaba condenar a un Ministro por unanimidad, porque la cuestión no era jurídica, sino política.

Lo de este martes no es una diligencia judicial. Es un montaje de la más baja clase politiquera para servir los intereses más oscuros.

Pero el país lo ha descubierto y lo rechaza indignado. La Corte lanzó al aire un boomerang que la va a decapitar.

Desde hace muchos siglos son temibles las sentencias de un pueblo ultrajado y víctima de atroz injusticia. Que suba el telón y que empiece la farsa. Ya la juzgaremos.