Por: Santiago Castro

Mientras Santos recorre el país acompañando a sus aliados más cercanos, como el Ñoño Elias y Musa Besaile, a quienes nunca recibe en campaña pero siempre lo respaldan con sus votos y maquinarias a cambio de ingentes recursos de cupos indicativos, Roy Barreras, como Presidente del Partido de la U, le pide al Consejo Nacional Electoral la realización de una Consulta Popular para preguntarle a los colombianos sobre los acuerdos de La Habana. Al parecer la figura a la que recurre no es la estipulada en la Constitución Política de Colombia, en especial en los artículos 103 y 104, sino en el artículo 5 de la ley 1475 de 2011. Es decir, pretenden asumir la consulta popular como un monstruo híbrido entre la Constitución Política y la ley de partidos.

Una cosa es una consulta popular para que los partidos seleccionen a sus candidatos, debido a la carencia de un censo adecuado de militantes, tal como ocurrió, por ejemplo, en la selección del candidato del Polo a la alcaldía de Bogotá en 2007; otra muy diferente una Consulta Popular como mecanismo de participación democrática de acuerdo con lo estipulado en nuestra carta política.

No podemos olvidar que el constituyente definió que una Consulta Popular no puede “realizarse en concurrencia con otra elección” y que “la decisión del pueblo será obligatoria”. Por una parte, todos sabemos que al gobierno le aterra no lograr la participación suficiente para que se refrenden, como sea, los acuerdos con las FARC, por lo cual desde siemre ha buscado la manera de que el proceso concurra con procesos electorales en los que se garanticen suficientes votos. Por otra parte, Iván Márquez había insistido la semana pasada en que el plebiscito no era de obligatorio cumplimiento, mientras que la Consulta Popular sí. Ahora entonces, Roy Barreras busca en la ley de partidos un término igual, pero con un contenido diferente, para solicitar la realización de una Consulta por parte del Partido de la U.

Lo que se evidencia es un afán por parte del gobierno y sus más cercanos colaboradores por tratar de cumplir su promesa de refrendación, pues la ciudadanía empieza a reaccionar y desconfía del proceso. Santos sale a expresar su desacuerdo con Roy Barreras, pero quienes ya hemos estudiado algo de política colombiana, podemos afirmar que hoy en público se desmiente lo que en privado se acuerda. El gobierno ya no sabe qué hacer, están tratando de torcer la Constitucón, las leyes, pero sobre todo las normas básicas de la sana convivencia en una democracia que es el diálogo abierto y libre.