El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela mostró una vez más su poca objetividad. Este lunes señaló que una enmienda aprobada por la Asamblea Nacional para recortar el mandato presidencial no pude ser aplicada a Nicolás Maduro.

Cabe recordar que la Asamblea, con mayoría opositora electa con más de siete millones de votos el 6 de diciembre, aprobó la semana pasada en primera discusión un proyecto de enmienda para recortar el mandato presidencial de seis a cuatro años y suprimir la reelección ilimitada, dentro de los mecanismos legales que promueve la oposición para poner un fin adelantado al Gobierno de Maduro.

La Sala Constitucional del TSJ respondió rápidamente a la Asamblea con una sentencia en la que indica que la enmienda representa un “fraude” constitucional y que no puede ser aplicada para el presente mandato, del cual Maduro ya cumplió la mitad de seis años.

Las reacciones no se hicieron esperar. El presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, calificó de “malhechores” a los magistrados de la Sala Constitucional y dijo que “fraude constitucional son ustedes”.

Y este no es el único poder público con poca independencia y que le bloquea sus intenciones a la asamblea opositora, El Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), controlado por el chavismo, ha retardado el plan de la oposición de convocar a una consulta popular para finalizar el régimen de Nicolás Maduro este año. 

Desde hace más de un mes la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) reclama al CNE que entregue el formato de las planillas para recaudar firmas que activen un referendo revocatorio, sin embargo eso no ha sucedido.