Por: Plinio Apuleyo Mendoza

Uno de los más duros golpes a la libertad, tal vez olvidado o ignorado, es el que mantiene en reclusión desde hace dos años y cuatro meses a Luis Alfredo Ramos. Su hoja de vida no tiene mancha alguna. Es intachable. Senador, Alcalde de Medellín y más tarde Gobernador de Antioquia, su buen perfil en el servicio público y el sólido sustento electoral que había alcanzado en su departamento a lo largo de 40 años lo hacían ver como el mejor candidato del Centro Democrático para enfrentarse a Santos en las elecciones presidenciales del 2014. Pero apenas había anunciado esta aspiración, sucedió algo inesperado: fue detenido y llamado a juicio por la Corte Suprema de Justicia, acusado de nexos con los paramilitares.

La medida de aseguramiento que lo mantiene en cautiverio desde entonces, sin que haya condena alguna en su contra, se ha vuelto habitual en Colombia cuando en el resto del mundo esta es una medida excepcional que se aplica a maleantes y otros individuos con rasgos peligrosos. De nada valió que en su defensa se pronunciaran el propio expresidente Uribe, exfiscales, exministros, senadores, conocidos empresarios y militares que siguieron de cerca la lucha librada por él contra bandas criminales, guerrillas y ‘paras’ cuando era gobernador.

Después de examinar con detención su caso, la Procuraduría pidió en noviembre pasado su libertad. ¿Qué razones había para ello? Muchas, y muy sólidas. La reunión a la que asistió Ramos con voceros de las autodefensas se produjo cuando las órdenes de captura contra ellos habían sido levantadas. Se trataba de explorar lo relativo a su desmovilización, de modo que no fue una reunión clandestina ni ilegal.

Debe recordarse también que el principal testigo en contra de Ramos resultó ser un personaje con un sombrío prontuario, que solicitaba dinero por sus falsas informaciones y que, luego de una docena de procesos penales en su contra, terminó en la cárcel. Era el testigo estrella de la Corte. Otros testigos que sirvieron de base para la detención de Ramos vivían del mismo negocio. Por cierto, la única prueba que suelen dar es su palabra. ¿Por qué es aceptada como válida para ordenar detenciones? ¿Será que con tal de acusar todo es válido? Y otra pregunta: ¿quién paga estos falsos testigos? Recordemos, además, que tales maniobras están dirigidas contra personajes cercanos a Uribe, a su gobierno y a su partido. Sí, todo tiene el tinte de una macabra guerra sucia.

Pero, volviendo a la detención de Ramos, las razones que da la Corte para mantenerlo en cautiverio son desconcertantes. Su proceso se dilata con el argumento de que desde su detención apenas han transcurrido solo dos años y cuatro meses; muy poco tiempo, según los magistrados, para estudiar su expediente. Además, falta escuchar a seis testigos presentados por la defensa. Lo que en cualquier otro país no demoraría más de una semana, en el nuestro bien podría tardar un año más. Para estos nobles magistrados de la Corte no hay prisa alguna. Aunque cabe la sospecha de que un fallo absolutorio sea inevitable, la dilación del proceso se convierte en el arma política preferida de quienes resultan ser los malquerientes de Uribe y el Centro Democrático.

Recluido en la Escuela de Caballería, Luis Alfredo Ramos ve pasar tristemente el tiempo. Sufre por no poder compartir la vida diaria de su familia, celebrar sus 40 años de matrimonio, asistir al nacimiento de un nieto y respirar el aire de la libertad. Su vida política quedó tronchada. En su encierro, se ha convertido en un voraz lector de ensayos y novelas de reciente aparición en Europa y en Colombia, y mira con azarosa inquietud no solo lo que le espera a él, sino a todos nosotros en este nuevo, nebuloso e incierto 2016.