Después de que los magistrados de la JEP decidieran congelar el proceso de extradición del narcoguerrillero de las FARC alias Jesús Santrich, el fiscal general Néstor Humberto Martínez se mostró preocupado por las atribuciones que se tomaron desde ese tribunal.

En criterio del no solo la institucionalidad democrática quedó amenazada con la decisión de la Justicia Especial para la Paz, que por ahora benefició a Jesús Santrich, también la lucha internacional contra el delito.

Por eso le pidió a la Procuraduría actuar de inmediato en defensa de las garantías constitucionales, las competencias del Congreso y la integridad de la justicia ordinaria.