El Consejo de Estado, al condenar la nación por el secuestro extorsivo en contra de una familia de Calarcá y su empleada doméstica hace 17 años, compulsó copias a la JEP para que se establezca plenamente la responsabilidad que habría tenido las FARC en estos hechos, como organización terrorista.

Expresó el Consejo de Estado que como parte de la lucha contra la impunidad, atender la obligación de establecer mecanismos jurídicos, a través, de los cuales las FARC cumpla los compromisos de verdad justicia y reparación de las víctimas, de violaciones a los Derechos Humanos y de violaciones al Derecho Internacional Humanitario, como lo fue este caso, pues a la fecha no existen herramientas legales, administrativas y judiciales que garanticen el cumplimiento de esas obligaciones por parte de las FARC.

Por lo hechos cometidos por las FARC el Estado deberá pagarle a la familia secuestrada más de $500 millones porque no evitaron el secuestro aunque había información que pudo evitarlo.