Por: Fernando Londoño Hoyos

Lo que más irrita a Juanpa de lo que el Procurador le dice es que el Procurador le dice lo que la mayoría de los colombianos estamos pensando. 

El Procurador, en cumplimiento de obligaciones constitucionales indeclinables, está opinando desde hace tiempos sobre el famoso proceso de La Habana, que se insiste en llamar de paz. Y ahí es Troya.

Nadie entiende, y Ordoñez tampoco, cómo puede hablar Juanpa de cárcel para los multiasesinos de las FARC, y al propio tiempo ofrecerles espacio para que hagan política y lleguen al Congreso por el camino de las urnas. Obviamente, las dos cosas son excluyentes. Si los bandidos terminan presos por la comisión de los múltiples delitos de lesa humanidad que no cesan de cometer, es claro que no podrán hacer campaña política para nada. Aún peor, no la podrán hacer nunca, según las voces terminantes del artículo 179 de la Carta. De modo que lo uno o lo otro: el propósito del Gobierno es ofrecerles impunidad plena, lo que ya ha reconocido él mismo es jurídicamente imposible, o no les podrá ofrecer que condenados a penas de prisión intenten participar en política para ser elegidos. El Procurador lo recuerda y Juanpa se enfurece.

No puede haber paz mientras unos colombianos anden con armas en la mano, rompiendo el monopolio constitucional que tiene el Estado en su mantenimiento. Y Juanpa insiste, dale que dale, en que las FARC hará dejación de su pesado arsenal bélico, pero no se le atreve a la espeluznante cuestión de su entrega solemne y real. Los fascinerosos contertulios de La Habana han dicho mil veces que no entregarán las armas, con la misma contundencia con que afirman que jamás pagarán un día de cárcel. El Procurador pone en evidencia esta cuestioncilla y Juanpa se enfurece.

Las  FARC no tienen aspiraciones políticas o si las tienen, vaya a uno a saberlo, son complementarias de sus fabulosos negocios de narcotráfico, minería ilegal sobre los ríos que destrozan y contrabando. Son el grupo económico más rico del país. Juanpa dice, con unos gestos de candor dignos de mejor causa, que las FARC no tienen un peso, ni un dólar, ni una libra, ni un franco. Pobrecitas. Con lo costosa que les sale la guerra no han podido hacer una sola economía.

 Quinientas toneladas de cocaína, en puerto colombiano, valen más de dos billones de pesos, calculado el precio en el que se pagaba el kilo hace trece años. Cuando se participa en la comercialización externa el valor se multiplica por diez o por cien. Y parece que el negocio del oro es más rentable que el del narcotráfico. Y queda el contrabando, que solo en el que refiere al del combustible venezolano vale más de lo que se gana un gran banco colombiano. El Procurador le recuerda el punto a Juanpa y Juanpa se enfurece.

En los acuerdos ya firmados en La Habana, las FARC se quedan con el campo colombiano. La propiedad de la tierra desaparece y las zonas de reserva campesina cubren el país. Juanpa asegura que en La Habana no se toca el orden económico de la Nación y el Procurador le recuerda estos pequeños detalles. Y Juanpa, otra vez, se enfurece.

La furia es el último recurso de los que no tienen razones. Y el Presidente está poseído por ella, como un demonio. Y por eso quiere tumbar al Procurador. Como si esta nueva ignominia le diera desahogo. Al contrario, más aprieta con ella el nudo que se puso en el cuello.