Por: Fernando Londoño H

No sirve mucho de consuelo que mirando solamente la llamada Edad Moderna la encontremos acribillada por el terror. Desde el que practicaron Robespierre y el Comité de Salud Pública en Francia, el terror ha sido tenebroso compañero de la humanidad. El terror estaliniano en Rusia; el de la Gestapo en Alemania; el terror desatado por los japoneses en la China; el de Mao y la banda de los cuatro; el de Pol Pot; el de Fidel Castro y el Che Guevara en Cuba, y paramos la lista, no porque se agote sino para que no sea interminable, llevó a la humanidad a enfrentarlo como la peor de sus plagas. El Protocolo II de Ginebra, del 8 de junio de 1.977, es una voz desgarrada de protesta, un grito de indignación y un esfuerzo universal por parar el terror.

No porque lo soportemos con estoicismo, si benévolamente lo miráramos, o con la cobardía de usanza entre las víctimas, o con criminal indiferencia porque golpea más la casa del vecino que la nuestra, no deja de ser el terror una ignominia que desterramos a cualquier precio o nos priva del derecho a una vida que merezca vivirse, a un lugar entre las naciones civilizadas del globo.

Cuando oímos al Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón condenando casi diariamente las acciones terroristas de las Farc, nos preguntamos si sabe lo que está diciendo. O si lo sabe cómo puede tolerar que el Gobierno que sirve tolere ese terror, negociando con los terroristas. Cómo pueden nuestros plenipotenciarios en La Habana tomar café con estos enemigos del género humano. Cómo puede el doctor Santos pasar por alto esta sombría circunstancia para persistir en la locura de diseñar el país de mañana con los terroristas nuestros de cada día.

Atacar la población civil, con violencias o amenazas, es terror condenado en el artículo 13 de aquel Protocolo de Ginebra, que forma parte de nuestros bloque de constitucionalidad. Usar las armas contra los pueblos y las gentes es un acto vil de terrorismo. Atacar los acueductos y las fuentes de energía está prohibido expresamente, como acto terrorista, en el artículo 14 de aquel tratado. Desatar las fuerzas peligrosas de los combustibles que transportan los oleoductos, viene expresamente prohibido en el artículo 15 del acuerdo que comentamos. Bloquear territorios para que el pueblo no pueda abastecerse de agua, alimentos y medicinas, es acto terrorista y todos ellos sumados constituyen dantesco cuadro de violación del Derecho Internacional Humanitario. ¡Y saber que anda por ahí un Fiscal que negaba la comisión de delitos de lesa humanidad, que así se llaman, cometidos por las Farc en Colombia!

En los últimos días, estos salvajes han volado 19 torres de energía, por lo menos hasta donde llevamos las cuentas, dejando sin elementos de subsistencia a centenares de miles de colombianos; dinamitaron los oleoductos del Putumayo, Arauca y Norte de Santander en no menos de 10 ocasiones, vertiendo petróleo sobre la naturaleza que matan y privando de agua a otros centenares de miles de compatriotas nuestros; han volado puentes; han asesinado a mansalva los pasajeros de un bus en Valdivia; han atravesado buses en las vías, cargados de explosivos; han cercado a sangre y fuego a los habitantes del Chocó, condenándolos a sufrir las más atroces privaciones; han derribado selvas y maltratado ríos para producir coca o extraer oro; han convertido un niño en una bomba, han reclutado otros miles para utilizarlos como esclavos. Y estamos hablando de los actos más recientes de terror.

Este gobierno se está ganando el desprecio de la humanidad ofendida.  Negociar con el terror es en sí mismo un acto de terror o una vil cobardía. Es un dilema ineludible que pesa sobre la conciencia nacional.