Vía Guacaica.com

De la atención que se le preste a las cárceles depende que de sus puertas salgan ciudadanos productivos o delincuentes aún más resentidos con la sociedad, mejor conectados con redes criminales. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) de Colombia duró 142 días en paro, desde el 21 de agosto de 2014 al 5 de enero de 2015, precisamente para reclamar la falta de atención estatal a las cárceles. El drama que resultó cuando la policía y fiscalía se encartaron con los capturados, en algunos casos esposándolos durante días y noches a los columpios de parques públicos, recibió el nombre de “crisis carcelaria”. Pero esa no es la crisis, sino la pequeña punta visible de un profundo iceberg.

Sucede que en Colombia el hacinamiento carcelario alcanza el 53%, según relatan las cifras de la Defensoría del Pueblo. Es decir que en promedio, en donde deberían vivir dos presos, Colombia encierra a tres. El sensato hecho de que a los capturados los alojen cerca de sus familias y de los juzgados que llevan sus casos agrava la situación en algunas cárceles, como la de Riohacha, que tiene espacio para 100 reclusos y aloja a 578. En la cárcel de Villahermosa en Cali hay un sanitario y una ducha para cada 200 reclusos.

La crisis ha venido creciendo desde 2010, primer año del actual gobierno, cuando había cerca de 80 mil presos y capacidad para alojar a 75,620. Desde entonces, el número de reclusos ha aumentado en 37 mil y el número de cupos para alojarlos en 933.

Con frecuencia los funcionarios y académicos dicen que el problema es una excesiva tendencia a castigar con cárcel, algo que llaman “populismo punitivo”. Puede ser cierto. Sin embargo, el índice de encarcelamiento colombiano, aunque alto comparado con el de países europeos, no es escandaloso para la región. Colombia tiene unos 235 reclusos por cada 100,000 habitantes, número cercano al promedio latinoamericano y menor que el de países con índices delictivos bajos como Uruguay, Costa Rica y Panamá. La mayor tasa de encarcelamiento de Latinoamérica la tiene Cuba, con 510 presos por 100,000 habitantes. Tristemente, el hacinamiento colombiano tampoco es alto para la región. Venezuela encierra en promedio a seis prisioneros en donde deberían caber dos.

El problema en Colombia es que faltan cárceles.

Juan Carlos Esguerra, entonces Ministro de Justicia del Presidente Juan Manuel Santos, anunció en 2012 la construcción de seis “megacárceles” para alojar a 26 mil presos en condiciones dignas, y que para ello se invertirían 1.5 billones de pesos (unos 820 millones de dólares de entonces). Dos años y medio después del anuncio, ya están llenos esos cupos y no se ha puesto la primera piedra para construirlos. Peor aún, no hay con qué hacerlo. El presupuesto del gobierno para 2015 no incluye esos recursos, y aun así tiene un déficit de 23 billones de pesos (unos 9,500 millones de dólares de ahora) 2,8% del PIB.

El Presidente Santos dijo durante un debate presidencial en junio de 2014: “Si Germán Chica [consejero político de su campaña presidencial] recibió dinero del narcotráfico, que se pudra en la cárcel.” Durante su campaña, en abril de 2014, amenazó: “El que haga mal uso de los recursos para inversiones regionales, que se pudra en la cárcel.” La intención era desligarse de acusaciones por narcotráfico y corrupción, pero reveló con sus palabras algo importante sobre su concepción del sistema carcelario. La cárcel es un lugar donde la gente va a podrirse.

El entonces vicepresidente Angelino Garzón recitó una común frase demagógica en marzo de 2014: “El camino no son más cárceles, es la educación”. El problema de esa etérea solución a la delincuencia es que carece de eficiencia objetivo.

Hay mil razones por las que todas las personas en la sociedad deberían recibir una excelente educación, pero solo una pequeñísima minoría es delincuente en potencia. Los 117 mil presos que hay en Colombia son menos del 0,3% de la sociedad. Sólo el 0,3% del presupuesto de la educación habría alcanzado su objetivo deseado si se tratara con él de prevenir los delitos que resultaron en condenas. El presupuesto para la educación en Colombia es más de 35 veces el presupuesto del INPEC. Si por arte de magia se pudiera destinar la tercera parte del presupuesto del INPEC a la educación, el aumento sería de menos del 1% en ese rubro. Claramente no solucionaría el problema de la delincuencia.

Hay algo valioso en la afirmación de Garzón, una forma de aumentar la eficiencia objetivo del dinero de la educación para enfocarla a la prevención del delito: educar a los reclusos. Hoy solo el 35% de los presos colombianos estudian, y habrá que ver la calidad de esa educación. El 15% de la población carcelaria es reincidente. Si queremos educar a los delincuentes en potencia, es en las cárceles donde debemos hacerlo.

Faltan recursos en el sistema carcelario de Colombia, tanto para alojar como para educar a sus presos en condiciones dignas. Juzgando por el presupuesto del 2015 y las prioridades del actual gobierno, las cárceles seguirán siendo por ahora sitios de podredumbre, universidades del mal.

Termino este artículo con una advertencia: privatizar las cárceles es una pésima idea. Crea grupos de interés que se benefician del castigo. Estados Unidos tiene cárceles privadas y no tiene hacinamiento, pero su tasa de encarcelamiento es de 707 por cada 100,000 habitantes, el triple de la colombiana y la única del hemisferio mayor a la de Cuba. El lobby del sector carcelario alimenta el populismo punitivo y no tiene contraparte. Nadie cabildea por los presos.

Ver en: http://www.guacaica.com/crisis-carcelaria/