La Procuraduría General de la Nación, le solicitó a la Corte Constitucional que declare inexequible el decreto 902 de 2017 que busca implementar el punto uno del acuerdo con la narco guerrilla de las FARC sobre el tema de Reforma Rural Integral.

El mencionado decreto contempla entre otras cosas mecanismos para el acceso y formalización de tierras y crea el llamado Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral.

Para el Ministerio Público, una reforma como la que se plantea en su articulado, no debió expedirse en facultades extraordinarias, ya que no cumple con el requisito de estricta necesidad.