Hace noticia en La Hora de la Verdad, Alfredo Ramos Maya, senador por el Centro Democrático, quien habló sobre el costo que tienen para el país los decretos de Juan Manuel Santos para la implementación del acuerdo y que favorecen a las FARC. 

El primer aspecto que señaló el senador Ramos Maya es que estos decretos son ilegítimos e inconstitucionales, pues se fundamentan en un acto legislativo al que el pueblo  le dijo NO en el plebiscito del pasado 2 de octubre. También recalcó que vienen de una ley habilitante que pone en duda la separación de poderes en el país, además son hechos con el permiso de la Comisión de Seguimiento y Verificación, es decir, por las FARC.

Ramos Maya expresó que el fin de semana festivo el presidente sacó 21 decretos que hablan de “lo humano y lo divino”, cuyo costo son cuantificables en algunos casos y en otros no, pero aseguró que los más preocupantes son el Decreto 899 sobre la reincorporación de las FARC y el Decreto 902 sobre la Reforma Agraria Integral. 

En cuanto al primero, explicó que los colombianos tendrán que mantener a los guerrilleros de las FARC sin que ellos entreguen ningún bien. El Estado deberá pagar 210.000 millones de pesos en total, en los próximos dos años, a cada guerrillero de la zona veredal por normalizarse. Además los guerrilleros no consigan empleo se les debe seguir pagando los subsidios; esto suma unos 36.000 millones de pesos más cada año. 

A lo anterior también hay que agregar a los 4.000 condenados de las FARC que saldrán de la cárcel y podrán pedir este subsidio, es decir, otros 54.000 millones de pesos más al año. Sumando las cuentas, este decreto le podrá costar al país unos 4 billones de pesos para los próximos 10 años, recalcó el Senador. 

En referencia al Decreto 902, dijo que la formalización de las 7 millones de hectáreas de las que habla el acuerdo, y poniendo cada hectárea a solo 5 millones de pesos, le costará al país un billón de pesos. Agregó que de estas 7 millones, por lo menos un millón debe ser tierra de las FARC. También explicó que el Fondo de Tierras podría costar unos 5 billones de pesos adicionales. 

Hay otros decretos que no tienen cifras específicas y no se sabe cuánto van a costar: prórroga de las zonas veredales, el nuevo ente de la Fiscalía, la construcción y mejoramiento de vivienda rural, entre otras cosas.