“La acepción Estado de Derecho se refiere a que la actividad del Estado está regida por normas jurídicas, es decir, que se ciñe al derecho” 

Corte Constitucional, sentencia SU-747/98

Por: Elkin Herrera – Abogado -Analista

En recientes días el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luís Almagro, sentenció que en Venezuela “murió el Estado de Derecho”. 

Quizá, la frase sea adecuada para sintetizar la grave crisis institucional y social del país vecino, así como para expresar la impotencia natural, obvia, de quien representa la más “importante” y, acaso la más burlada, Organización de Estados del continente. 

Lo dicho por Almagro propicia varias reflexiones en relación con su sentido ysobre todo, su oportunidad. En primer lugar, no existe duda que la explosión social en Venezuela es producto, entre muchos otros factores, del quebrantamiento de la institucionalidad, del desbordamiento de los poderes estatales y el sometimiento del derecho a un modelo político autoritario. 

La sistemática y cada vez más violenta represión de la protesta ciudadana, la anulación jurídica y política de la Asamblea Nacional, así como el desdibujamiento de la tridivisión de los poderes públicos, son prueba de que el Estado de derecho ha dejado de funcionar. Pero, ¿dejó de hacerlo apenas ahora?; esto conlleva a la segunda reflexión. 

El afirmar a estas alturas, que el Estado de derecho ha muerto, no puede disimular que en realidad lo está desde el momento mismo en que se invistió al Ejecutivo venezolano de poderes de reforma omnímodos, desde que se desembarazó de los límites jurídicos que lo racionalizaban, desde que la administración de justicia empezó a ser usada como un mazo contra los opositores políticos o la disidencia y en las calles el imperio de la ley jurídica dio paso al de la violencia. Luego, es claro que la anarquía que se vive en Venezuela no es consecuencia exclusiva del desabastecimiento alimentario o la pauperización de la economía.

La frase, entonces, es tardía, como la acción misma de la OEA, y debería motivar una autocrítica; ¿acaso Colombia no transita por el mismo camino?¿Debe esperarse a que empiecen las filas en los supermercados y la calle termine siendo el escenario para la reivindicación de los derechos y libertades ciudadanas para reconocer que hay una crisis institucional de proporciones insospechadas en ciernes?

Las crisis del Estado de derecho han mutado con el correr de los años. Raras veces se manifiestan en rupturas absolutas del ordenamiento jurídico, como ocurre bajo los gobiernos de facto; ahora son más imperceptibles y se asocian a fenómenos de desintegración estructural, social y política, en el seno de regímenes democráticos.

El desprestigio generalizado de los partidos políticos y de las autoridades públicas, el resquebrajamiento del modelo republicano de división de los poderes públicos, la corrupción enquistada en las prácticas públicas y privadas de todo nivel, la politización de justicia, la inestabilidad jurídica y la pérdida del poder disuasivo de la ley y la autoridad de jueces y fiscales, son síntomas de una misma enfermedad.

Si el Estado de Derecho venezolano ha muerto, el nuestro es un enfermo terminal.